Un total de 55.789 herederos renunció a una herencia en España durante 2025, una cifra que mantiene este fenómeno en torno a las 55.000 renuncias anuales desde 2021. El principal motivo es el temor a que las deudas del fallecido superen el valor de los bienes recibidos, aunque también influyen la carga fiscal y el deseo de evitar trámites o conflictos con familiares lejanos.
Las renuncias, contabilizadas por heredero, han aumentado desde las 37.625 registradas en 2015. La portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea, atribuye parte del repunte al incremento de fallecimientos durante la pandemia, que elevó tanto las aceptaciones como los rechazos y todavía influye en las estadísticas. La decisión sobre una herencia puede tomarse años después del fallecimiento.
Ante una posible “herencia negra”, los expertos aconsejan valorar la aceptación a beneficio de inventario. Esta fórmula permite responder por las deudas únicamente con el patrimonio heredado y no con los bienes previos del beneficiario. En 2025 se registraron 1.811 aceptaciones bajo esta modalidad.
Andalucía concentró el mayor número de renuncias, con 10.692, seguida de Cataluña, con 9.719; Madrid, con 5.886, y la Comunidad Valenciana, con 5.604. Estos datos reflejan sobre todo el tamaño de las poblaciones y no permiten determinar qué territorios presentan una mayor incidencia ni establecer una relación directa con la fiscalidad.
La tributación cambia ampliamente entre comunidades autónomas. El Consejo General de Economistas señala que ascendientes, descendientes y cónyuges prácticamente no pagan el impuesto de sucesiones en regiones como Andalucía, Madrid, Galicia o Valencia, mientras que las bonificaciones para hermanos, tíos, sobrinos y otros parientes son generalmente menores. Carmen Pérez-Pozo, abogada especializada en planificación sucesoria, destaca la importancia de ordenar fiscalmente el patrimonio y planificar el reparto.
Pese al volumen de renuncias, solo 13 herencias acabaron en manos del Estado en 2025, después de que no aparecieran herederos o todos rechazaran la sucesión. Estas adjudicaciones generaron algo menos de siete millones de euros, destinados en dos tercios a fines sociales y el resto al Tesoro.
