La tasa de mortalidad en los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) alcanzó su nivel más alto en casi veinte años. Según el informe “Dying in Detention” elaborado por Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, se registraron 52 decesos durante los primeros 500 días del segundo mandato de Donald Trump, entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026.
El análisis de 39 casos profundos reveló que diez de las personas fallecidas eran de nacionalidad mexicana, la cifra más elevada entre las veinte nacionalidades identificadas. Esta proporción refleja tanto el volumen de detenciones de ciudadanos mexicanos como posibles diferencias en el acceso a atención médica dentro del sistema.
Crecimiento del sistema y aumento desproporcionado de muertes
Entre enero de 2025 y enero de 2026 la población bajo custodia de ICE creció un 77 %. Sin embargo, el número anual de muertes se triplicó y la tasa anualizada subió un 138 %, alcanzando 8,4 fallecimientos por cada 10 000 detenidos. Durante el primer año de la pandemia la misma métrica llegó a 4,4 por cada 10 000, lo que indica que el incremento actual supera incluso los picos observados en condiciones sanitarias excepcionales.
El informe señala que el aumento no puede explicarse únicamente por el mayor número de personas detenidas. Las instalaciones donde ocurrieron las muertes operaban sistemáticamente por encima de sus promedios históricos, con un promedio de 242 detenidos adicionales durante las dos semanas previas a cada deceso. Esta sobrecarga coincide con reportes de escasez de personal médico, limitaciones en la infraestructura sanitaria y retrasos en la derivación a hospitales externos.
Deficiencias médicas y supervisión
Los investigadores documentaron fallas reiteradas en la evaluación inicial de síntomas, la continuidad de tratamientos crónicos y la activación de protocolos de emergencia. En varios centros se redujeron los mecanismos independientes de supervisión médica que existían en administraciones anteriores, lo que dificultó la detección temprana de complicaciones.
Las organizaciones autoras del estudio advierten que estas condiciones no afectan de manera uniforme a todos los detenidos. Factores como la edad, la presencia de enfermedades preexistentes y el tiempo de permanencia en aislamiento influyen en el riesgo individual. El informe no atribuye responsabilidad penal directa, pero exige investigaciones caso por caso para determinar si las omisiones médicas contribuyeron a los desenlaces fatales.
Dos casos mexicanos bajo análisis
Entre los expedientes revisados destacan los de Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, y Lorenzo Antonio Batrez Vargas, de 32. Ambos llegaron a Estados Unidos a los cuatro años de edad. Ayala-Uribe falleció el 22 de septiembre de 2025 tras presentar fiebre, tos y un absceso infectado; el reporte indica que no fue trasladado de inmediato a un hospital. Al recibir atención especializada ya mostraba signos de choque séptico y murió antes de poder ser operado.
Batrez Vargas murió en agosto de 2025 tras contraer covid-19 y permanecer casi dos semanas en aislamiento. El informe cuestiona si los protocolos de monitoreo durante el aislamiento fueron suficientes para detectar el deterioro respiratorio a tiempo. Ambos casos ilustran patrones comunes identificados en el estudio: demoras en la derivación hospitalaria y limitaciones en el seguimiento de pacientes con síntomas iniciales aparentemente moderados.
Contexto más amplio y respuestas institucionales
El crecimiento del sistema de detención migratoria durante el segundo mandato de Trump ha generado debate sobre los estándares mínimos de atención sanitaria que deben garantizarse. Organizaciones de derechos humanos sostienen que la expansión acelerada superó la capacidad de adaptación de los servicios médicos. Por su parte, funcionarios de ICE han señalado en comunicados previos que cada muerte es sometida a revisión interna y que se han implementado mejoras en los protocolos de triage.
El informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights no sustituye las investigaciones oficiales ni las revisiones judiciales pendientes. Sus hallazgos, sin embargo, ofrecen un panorama estadístico y cualitativo que permite comparar la situación actual con periodos anteriores. Las autoridades mexicanas han solicitado información detallada sobre los casos de sus connacionales, mientras el Congreso estadounidense evalúa posibles audiencias sobre condiciones de detención.
La tasa actual de 8,4 muertes por cada 10 000 detenidos sitúa al sistema de ICE en un punto que exige seguimiento continuo. El análisis de los próximos meses permitirá determinar si las medidas correctivas adoptadas logran reducir la brecha entre el crecimiento de la población custodiada y la capacidad de respuesta médica.
