Estados Unidos optó por mantener el T-MEC vigente hasta 2036 mediante revisiones anuales en lugar de una prórroga de 16 años. Esta decisión forma parte de la política comercial de la administración Trump, que prioriza evaluaciones periódicas de sus acuerdos internacionales, y no constituye una medida dirigida exclusivamente contra México.
Las afirmaciones de la oposición, encabezada por Ricardo Anaya, sobre deterioro bilateral y cancelación del tratado carecen de sustento. Ninguno de los tres países notificó su salida y el mecanismo de revisión ya estaba previsto en el propio texto del acuerdo. Convertir una opción contemplada en el tratado en un supuesto castigo político ignora tanto el contexto como la lógica de la integración económica norteamericana.
Integración productiva y certidumbre jurídica
La continuidad del T-MEC refuerza cadenas de suministro compartidas en sectores clave como automotriz, electrónico y aeroespacial. Estas estructuras no pueden replicarse de inmediato y resultan estratégicas frente a la competencia con China. Las revisiones anuales ofrecen un canal institucional para resolver diferencias con mayor agilidad, sin poner en riesgo la certeza jurídica hasta 2036.
México mantiene ventajas competitivas por su ubicación y capacidad manufacturera, que siguen atrayendo inversión. El escenario más negativo —la terminación del tratado— no se materializó. La narrativa de desastre promovida por la oposición contrasta con la realidad de un marco comercial que sigue operando y generando prosperidad compartida en la región.
