La presidenta Claudia Sheinbaum fijó como objetivo que al menos el 38 por ciento de la energía eléctrica del país provenga de fuentes renovables hacia el cierre de la presente administración. Para alcanzarlo, el gobierno planea incorporar 32 mil megawatts de nueva capacidad, de los cuales más de dos terceras partes se generarán con tecnologías limpias. Esta meta representa un cambio respecto a las últimas tres décadas, cuando la expansión se concentró principalmente en fuentes fósiles como el gas natural, el petróleo y el carbón.
La Secretaría de Energía detalló que 22 mil de los 32 mil megawatts provendrán de tecnologías renovables, entre ellas fotovoltaica, eólica, termosolar y geotérmica. El 79 por ciento de la nueva capacidad será operada por la Comisión Federal de Electricidad, lo que elevaría su participación en la generación nacional hasta el 61 por ciento al término del sexenio. La inversión total estimada asciende a 739 mil millones de pesos, con aportaciones mixtas: 20.8 por ciento de recursos privados, 36.6 por ciento de financiamiento estatal y 2.6 por ciento de esquemas combinados.
El plan busca reducir la dependencia del gas natural importado desde Estados Unidos. Según la titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, la menor quema de combustibles fósiles evitará la emisión de 69 millones de toneladas de CO2 hacia 2030. Al mismo tiempo, se proyecta un incremento del 140 por ciento en generación fotovoltaica, 90 por ciento en geotermia, 70 por ciento en eólica y 18 por ciento en la modernización de centrales hidroeléctricas ya existentes.
Proyectos emblemáticos y avances actuales
La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja, presentó dos iniciativas que simbolizan la transición. El proyecto Oasis, en Baja California Sur, combinará una central fotovoltaica de 72 megawatts con almacenamiento en baterías de 20 megawatts y producción de hidrógeno verde. La Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, en Sonora, alcanzará mil megawatts una vez concluida y se convertiría en la mayor instalación de su tipo en América. Actualmente, la Secretaría de Energía tiene en proceso 50 plantas fotovoltaicas que suman 7 mil 859 megawatts y 17 parques eólicos con 4 mil 701 megawatts; además, se encuentran por asignarse 2 mil 159 megawatts adicionales.
Fallas de distribución y no falta de generación
Durante la misma conferencia, la mandataria aclaró que las interrupciones de servicio registradas en periodos de alta demanda no constituyen apagones por insuficiencia de generación. Explicó que el sistema cuenta con capacidad instalada superior a 70 mil megawatts, mientras que el requerimiento máximo previsto para este año es de 55 mil megawatts. Las fallas obedecen principalmente a problemas en las redes de distribución, que se están atendiendo mediante inversiones en modernización, automatización y sistemas inteligentes de supervisión. Sheinbaum señaló que las olas de calor adelantadas agravan la situación al aumentar el uso de equipos de enfriamiento, pero insistió en que la capacidad de generación es suficiente.
Implicaciones para la soberanía y el medio ambiente
El énfasis en renovables y en el fortalecimiento de la CFE responde a una estrategia de soberanía energética que busca disminuir importaciones de gas natural. Históricamente, México ha dependido de combustibles fósiles tanto para generación como para exportación de crudo, situación que ha expuesto al país a volatilidad de precios y compromisos ambientales internacionales. El nuevo plan diversifica la matriz y otorga al Estado un rol predominante en la generación, al tiempo que abre espacios limitados para la participación privada. Esta combinación podría estabilizar costos a largo plazo y reducir emisiones, aunque su éxito dependerá de la ejecución oportuna de los proyectos y del mantenimiento de las redes de transmisión y distribución.
El anuncio también se inscribe en un contexto de creciente demanda eléctrica por electrificación de sectores como el transporte y la industria. Si se cumplen las metas, México avanzaría significativamente hacia los compromisos de reducción de emisiones asumidos en acuerdos internacionales, al mismo tiempo que se preserva el control estatal sobre un insumo estratégico. Los siguientes años serán decisivos para verificar si la inversión de 739 mil millones de pesos se traduce en infraestructura operativa y en una reducción efectiva de la dependencia de combustibles importados.
