Ciudad de México, 2 sep (EFE).- México tiene asignados 55 proyectos de generación de energía renovable, una cartera que combina participación privada y esquemas mixtos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en un momento marcado por el aumento de la demanda energética y por la presión empresarial para acelerar las inversiones. De ese total, 17 proyectos son completamente privados y aportarán cerca de 3.000 megavatios de capacidad.
La dimensión del anuncio no depende únicamente del número de proyectos. También refleja el intento del Gobierno de ampliar la oferta eléctrica sin abandonar la conducción estatal del sector. La Secretaría de Energía sostiene que el nuevo modelo busca ofrecer reglas claras, un órgano regulador renovado y una planeación vinculante tanto para las entidades públicas como para las empresas privadas.
Una cartera renovable con dos vías de ejecución
La secretaria de Energía, Luz Elena González, explicó durante el foro “Inversión en infraestructura como detonador de crecimiento: Oportunidades del Plan México” que, además de los 17 proyectos privados, otros 38 avanzan mediante mecanismos mixtos con la CFE. Este diseño mantiene a las empresas públicas en una posición estratégica y permite incorporar capital, experiencia técnica y capacidad de ejecución del sector privado.
La funcionaria añadió que ya se han terminado 34 proyectos de generación renovable y que está en marcha la renovación de 23 subestaciones. Estos trabajos cumplen una función decisiva: producir más electricidad no basta si la red no puede transportar y distribuir el suministro hacia los centros industriales, comerciales y urbanos que lo necesitan.
La modernización de las subestaciones apunta, por tanto, a uno de los principales cuellos de botella de cualquier expansión energética. La capacidad instalada debe estar acompañada por infraestructura de transmisión y distribución, procedimientos de conexión y una coordinación eficaz entre las autoridades y los desarrolladores. Sin esos elementos, una cartera amplia de proyectos puede tardar en traducirse en electricidad disponible para hogares y empresas.
El sector privado pide pasar de las reglas al calendario
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, reconoció avances en la simplificación regulatoria, pero pidió reducir aún más los tiempos y facilitar la ejecución de los proyectos dentro de un marco de certidumbre de largo plazo. Su planteamiento introduce una diferencia relevante entre anunciar inversiones y conseguir que lleguen a la fase de construcción y operación.
Para las empresas, la discusión no se limita a la disponibilidad de permisos. También incluye la previsibilidad de las normas, la duración de los procesos administrativos, las condiciones de interconexión y la posibilidad de planificar costos durante varios años. En sectores intensivos en energía, cualquier retraso o cambio regulatorio puede alterar la rentabilidad de una inversión y modificar las decisiones de localización industrial.
Fausto Gurrea, director de Estrategia del Consejo Mexicano de Negocios, insistió en que las compañías necesitan confianza y certidumbre jurídica sustentadas en reglas estables y previsibles. El mensaje empresarial coincide con la necesidad de ampliar la oferta eléctrica, pero señala que la inversión responderá no solo al volumen de oportunidades, sino también a la claridad con la que puedan ejecutarse.
La demanda energética presiona a toda la infraestructura
Medina Mora sostuvo que México requiere inversiones tanto en electricidad como en hidrocarburos y consideró fundamental disponer de energía suficiente, confiable y a precios competitivos. La posición empresarial muestra que la transición renovable no se está planteando como un proceso aislado de las necesidades inmediatas de la economía.
La expansión de las energías limpias puede contribuir a diversificar la matriz eléctrica y reducir la exposición a determinados costos de combustibles, pero necesita respaldo operativo, redes robustas y mecanismos que garanticen el suministro cuando la producción solar o eólica varía. A la vez, la industria demanda continuidad y precios que permitan sostener la competitividad de sus operaciones. La política energética debe equilibrar esos objetivos sin convertir la transición en una fuente adicional de incertidumbre.
En este contexto, los 3.000 megavatios asociados a los proyectos privados representan una aportación significativa, aunque su impacto final dependerá de los plazos de ejecución, de la disponibilidad de las redes y de la capacidad del sistema para integrar nueva generación. La cifra es un punto de partida para medir resultados, no una garantía automática de mayor suministro.
Pemex amplía el horizonte de colaboración
El foro también incorporó la agenda de hidrocarburos. El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, planteó extender la colaboración con el sector privado más allá de los contratos mixtos de exploración y extracción, hacia áreas como producción, refinación, petroquímica y logística.
Carpio informó además de un crecimiento del 17 % en las ventas nacionales de Pemex durante el primer semestre de 2026 y de una reducción de la deuda hasta su nivel más bajo en 11 años. Según el directivo, estos resultados permiten acelerar el plan de saneamiento de la empresa y abrir espacio para nuevos esquemas de inversión.
La propuesta consiste en compartir riesgos, costos y beneficios sin ceder el control del interés público. Para que ese modelo funcione, las mesas de trabajo anunciadas por Pemex tendrán que traducir las declaraciones generales en proyectos definidos, responsabilidades concretas y condiciones financieras comprensibles para los posibles socios. La participación privada puede ampliar la capacidad de inversión, pero no elimina la necesidad de disciplina operativa ni de una supervisión pública eficaz.
El reto será convertir la planeación en obras
El encuentro reunió a representantes de la Secretaría de Energía, Hacienda, Pemex y CFE, además del Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. La presencia de estos actores refleja que la infraestructura energética requiere coordinación entre regulación, financiamiento, empresas públicas y capital privado.
El Gobierno busca preservar el papel estratégico del Estado y, al mismo tiempo, movilizar recursos suficientes para atender la demanda. El sector empresarial, por su parte, acepta la necesidad de reglas y coordinación, pero reclama que los procedimientos sean rápidos y duraderos. La tensión central estará en lograr que la planeación vinculante no se convierta en una capa adicional de trámites y que la participación privada encuentre condiciones estables sin desplazar los objetivos de interés público.
La evolución de los 55 proyectos, la terminación efectiva de las obras de red y la capacidad de Pemex para concretar nuevas alianzas serán los principales indicadores para evaluar la estrategia. La credibilidad del Plan México dependerá menos del anuncio de oportunidades que de la velocidad con la que esas oportunidades se transformen en infraestructura operativa, suministro confiable y beneficios medibles para la economía y la población.
