El anuncio de Claudia Sheinbaum sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y Perú cierra un ciclo de ruptura que se extendió por más de tres años y que tuvo como detonante la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo en diciembre de 2022. La decisión no equivale a una coincidencia plena sobre aquel episodio ni borra los desacuerdos que siguieron, pero sí revela que ambos gobiernos han encontrado una fórmula para separar sus diferencias políticas de la necesidad de recuperar canales institucionales. En la diplomacia latinoamericana, donde los cambios de gobierno suelen alterar con rapidez las afinidades ideológicas, esa distinción tiene un valor estratégico considerable.
La llegada a México de Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros de Castillo, con un salvoconducto otorgado por las autoridades peruanas, fue el hecho inmediato que permitió destrabar la negociación. El traslado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana adquirió una carga política evidente: México atendió una solicitud de protección vinculada con una exfuncionaria del gobierno depuesto, mientras Perú aceptó facilitar su salida. La operación no sólo resolvió un asunto delicado de carácter humanitario y diplomático; también funcionó como una prueba concreta de que las dos partes podían pactar aun manteniendo posiciones públicas distintas sobre el proceso contra Castillo.
Una crisis nacida de la caída de Castillo
Para entender el alcance de la normalización hay que volver al 7 de diciembre de 2022. Ese día, Pedro Castillo intentó disolver el Congreso peruano antes de una votación de destitución, una medida que fue rechazada por instituciones estatales, fuerzas políticas y mandos militares. Horas después fue removido y detenido. Para las autoridades peruanas, el caso se inscribió en la defensa del orden constitucional frente a un intento de quiebre institucional. México, en cambio, cuestionó la legitimidad política del proceso y sostuvo que Castillo había sido víctima de una ofensiva parlamentaria y judicial.
La discrepancia trascendió las declaraciones. El gobierno mexicano otorgó asilo a familiares de Castillo y mantuvo una postura crítica frente a las autoridades que asumieron el poder en Lima. Perú respondió con medidas diplomáticas que redujeron progresivamente la relación bilateral hasta la ruptura formal. La embajada mexicana dejó de operar y la presencia consular quedó limitada, con consecuencias prácticas para ciudadanos, empresas, académicos y familias con vínculos entre ambos países. La controversia se convirtió así en un ejemplo de cómo una crisis política interna puede proyectarse sobre la arquitectura diplomática regional.
En ese periodo, el caso de Betssy Chávez se volvió especialmente sensible. Su permanencia bajo resguardo en la sede diplomática mexicana, seguida por la protección de Brasil tras el cierre de la representación de México, colocó en tensión dos principios que con frecuencia chocan en América Latina: el derecho de asilo y la facultad de cada Estado para perseguir delitos o conducir sus procesos judiciales. La Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático ha sido invocada históricamente por distintos gobiernos de la región, pero su aplicación suele generar disputas cuando el país territorial considera que el asilado enfrenta acusaciones penales y no persecución política.
El salvoconducto como señal de distensión
El salvoconducto concedido a Chávez debe leerse en esa doble dimensión. En términos jurídicos, permite la salida segura de una persona protegida sin que el Estado receptor renuncie necesariamente a su postura sobre los hechos investigados. En términos políticos, supone que el nuevo gobierno peruano aceptó una solución que habría sido difícil de conceder durante la fase más confrontativa de la relación. Sheinbaum afirmó que el diálogo se desarrolló durante varias semanas y lo describió como una acción de buena voluntad de la presidenta Keiko Fujimori. Esa secuencia indica que la medida no fue improvisada, sino parte de una negociación más amplia para reabrir la interlocución.
El punto central es que México no ha retirado su defensa política de Castillo. La presidenta mexicana dejó claro que mantendrá la posición expresada desde 2022. Perú, por su parte, tampoco parece haber modificado su interpretación sobre la destitución ni sobre la responsabilidad de los integrantes de aquel gobierno. La reanudación diplomática se sostiene precisamente sobre el reconocimiento implícito de esa divergencia: ambos países aceptan que la relación de Estado a Estado no puede depender por completo de una controversia sobre un caso judicial y político concreto.
Esta fórmula puede parecer limitada, pero tiene precedentes útiles en la región. Los gobiernos latinoamericanos han conservado relaciones aun cuando discrepan profundamente sobre elecciones, crisis institucionales, sanciones o asilos. El principio de no intervención, junto con la necesidad de mantener embajadas y consulados activos, suele ofrecer un terreno mínimo de convivencia. La diferencia en este caso es que México y Perú llegaron a una ruptura completa, por lo que el restablecimiento exige reconstruir confianza administrativa, protocolos de comunicación y una agenda que produzca resultados visibles.
Los costos silenciosos de una embajada cerrada
La ausencia de relaciones plenas no afecta únicamente a cancillerías. Cuando una embajada cierra, las gestiones de pasaportes, visados, registros civiles, asistencia a detenidos y atención en emergencias se vuelven más complejas. También se debilita el acompañamiento a comunidades migrantes y a personas que viajan por estudios, trabajo o turismo. En una región donde los desplazamientos son cada vez más frecuentes, la red consular es una infraestructura de protección cotidiana, aunque su importancia sólo se haga visible cuando falla.
El costo económico también merece atención. México y Perú forman parte de la Alianza del Pacífico, un mecanismo creado para facilitar comercio, inversión, movilidad y cooperación entre economías orientadas al Pacífico. Aunque la Alianza atravesó sus propios periodos de parálisis política, la ruptura bilateral entre dos de sus miembros redujo la capacidad del bloque para actuar con coherencia. La normalización abre la puerta a recuperar reuniones técnicas, misiones empresariales y acuerdos sectoriales que requieren interlocutores gubernamentales estables.
Existen campos con potencial inmediato. Las empresas mexicanas tienen presencia histórica en sectores como alimentos, comercio minorista, telecomunicaciones, servicios financieros y construcción en Perú. A su vez, productos peruanos como uvas, arándanos, café, harina de pescado, textiles de alpaca y alimentos procesados encuentran en México un mercado de escala relevante. La diplomacia no determina por sí sola el comercio, pero la falta de canales formales eleva la incertidumbre: dificulta resolver controversias regulatorias, coordinar certificaciones sanitarias o acompañar inversiones que necesitan claridad institucional.
Una oportunidad para reactivar el eje del Pacífico
La recomposición puede tener efectos más amplios que la relación bilateral. México es una de las principales plataformas manufactureras de América del Norte y Perú posee una economía estrechamente vinculada con la minería, la agroexportación y las rutas comerciales del Pacífico. Una agenda práctica podría conectar cadenas de suministro, promover inversiones logísticas y ampliar la cooperación en puertos, digitalización aduanera y normas sanitarias. En un contexto de relocalización de empresas y búsqueda de proveedores más cercanos, una mejor coordinación regional puede ayudar a que los beneficios no se concentren exclusivamente en los grandes mercados extrarregionales.
La experiencia reciente de la Alianza del Pacífico muestra, sin embargo, que las declaraciones políticas no bastan. El mecanismo fue diseñado con objetivos concretos, como la integración de mercados de capitales, la movilidad de estudiantes y la reducción de obstáculos comerciales. Su capacidad de ejecución se debilitó cuando las tensiones entre gobiernos bloquearon reuniones y relevos de presidencias pro témpore. Si México y Perú convierten el restablecimiento en una agenda técnica, podrían contribuir a devolver funcionalidad al bloque; si la relación queda limitada a gestos protocolares, el efecto será principalmente simbólico.
La cooperación educativa ofrece un terreno menos conflictivo y de impacto social directo. Universidades, centros de investigación y programas de movilidad pueden recuperar convenios suspendidos o debilitados por la crisis. México cuenta con experiencia en industrias culturales, salud pública, manufactura avanzada y políticas de inclusión; Perú posee conocimientos relevantes en gestión de biodiversidad, arqueología, adaptación a ecosistemas de montaña y agricultura de exportación. Los intercambios académicos no resuelven desacuerdos diplomáticos, pero crean redes profesionales que suelen resistir mejor los cambios de administración.
La prueba será la gestión de las diferencias
El principal riesgo consiste en que el expediente de Castillo vuelva a dominar la relación. Cualquier decisión judicial, protesta social o declaración particularmente dura puede reactivar la confrontación si no existen mecanismos de consulta discretos y permanentes. El reto para ambas cancillerías será construir una disciplina diplomática: expresar sus posiciones sin convertir cada desacuerdo en una crisis de representación. La comunicación directa entre gobiernos puede prevenir escaladas que, durante la ruptura, eran más difíciles de contener.
También será relevante definir con rapidez el nivel de representación diplomática, el nombramiento de embajadores y la restitución de servicios consulares. Esos pasos aparentan ser burocráticos, pero funcionan como indicadores de confianza real. Una embajada con personal reducido o sin titular limita la capacidad de atender asuntos sensibles; una representación plenamente operativa permite que controversias comerciales, judiciales o migratorias sean gestionadas antes de que alcancen la esfera presidencial.
Para México, el acuerdo muestra una política exterior que intenta sostener posiciones de principio sin prolongar indefinidamente un aislamiento bilateral. Para Perú, supone reconocer que la relación con uno de los países más influyentes de América Latina tiene utilidad más allá de la disputa de 2022. El desenlace no modifica la historia reciente ni obliga a ninguno a renunciar a su relato político. Su valor reside en algo más concreto: restituye instrumentos de diálogo en un momento en que la región necesita menos rupturas declarativas y más capacidad para administrar desacuerdos sin cerrar las puertas de la cooperación.
