Entre enero y abril de 2026, el canon minero sumó más de S/2.212 millones transferidos a las regiones peruanas. Áncash encabezó la lista con S/477,4 millones, seguida por Arequipa (S/313,6 millones) y Tacna (S/237 millones). Ica y Moquegua completaron el grupo principal con S/225,1 millones y S/220,2 millones respectivamente.
La distribución revela una fuerte concentración geográfica: solo cinco regiones absorbieron la mayor parte de los recursos. En contraste, Huancavelica, San Martín y Madre de Dios recibieron menos de S/500 mil cada una, mientras que siete regiones (Huánuco, Lambayeque, Loreto, Ucayali, Tumbes, Amazonas y Callao) no obtuvieron monto alguno.
El total de transferencias mineras, que incluye regalías y derechos de vigencia, alcanzó S/4.121 millones. Esta cifra se suma a los más de S/60.000 millones distribuidos desde 2004, lo que evidencia la dependencia de ciertas zonas de la actividad extractiva.
Propuesta de redistribución directa
Keiko Fujimori planteó entregar hasta el 40% del canon directamente a las poblaciones de zonas mineras bajo control comunitario. El objetivo es generar beneficios tangibles que reduzcan el rechazo social a la minería y mejoren la percepción local sobre una actividad que aporta miles de millones anuales al erario.
La brecha entre regiones receptoras y excluidas plantea interrogantes sobre la eficacia del actual mecanismo de reparto y sobre la viabilidad de mecanismos alternativos que busquen mayor equidad territorial.
