El Congreso de la Ciudad de México tendrá al frente de sus dos principales órganos de dirección a representantes de fuerzas políticas distintas. La diputada del PAN Oliva Garza fue elegida presidenta de la Mesa Directiva, mientras que la legisladora de Morena Xóchitl Bravo asumió formalmente la coordinación de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). La definición se produjo durante la sesión preparatoria previa al inicio del periodo ordinario de sesiones.
Garza, representante de Iztapalapa, obtuvo 56 votos a favor para encabezar la Mesa Directiva. Desde esa posición deberá conducir los debates del pleno, ordenar el desarrollo de las sesiones y asegurar que los procedimientos parlamentarios se cumplan. Bravo, por su parte, quedó al frente del órgano en el que se articulan los acuerdos entre las bancadas y las asociaciones parlamentarias, una responsabilidad especialmente relevante para la construcción de la agenda legislativa.
Una elección que coloca el procedimiento en el centro
En su primer mensaje como presidenta, Oliva Garza definió el criterio con el que pretende ejercer el cargo: apertura al diálogo, pero sin convertirla en permisividad. Advirtió que ninguna mayoría, minoría o interés individual debe situarse por encima de las normas que rigen al Congreso. Su planteamiento no fue sólo protocolario; aludió a una tensión permanente en los órganos legislativos: la necesidad de que las mayorías puedan tomar decisiones sin que ese peso político derive en la apropiación de las instituciones.
“Nadie será excluido, nadie será favorecido y nadie estará por encima de la ley”, afirmó la panista. También se comprometió a conducir las sesiones con orden, respeto al procedimiento y garantías para que las minorías puedan participar, argumentar, disentir y ser escuchadas. La fórmula que propuso busca equilibrar dos riesgos opuestos: que una mayoría reduzca el debate a una formalidad o que una minoría utilice su capacidad de oposición para bloquear de manera sistemática el trabajo legislativo.
La Jucopo, el espacio donde se vuelve posible el acuerdo
El papel de Xóchitl Bravo se desarrollará en una esfera distinta, aunque estrechamente vinculada con la Mesa Directiva. La Jucopo no dirige directamente cada sesión, pero concentra la negociación política entre los grupos parlamentarios, define prioridades y facilita los acuerdos necesarios para que las iniciativas avancen. En un Congreso plural, la eficacia de ese órgano depende menos de la imposición que de la capacidad de convertir posiciones partidistas en compromisos operativos.
Bravo sostuvo que para Morena resulta fundamental mantener el diálogo y alcanzar acuerdos entre las bancadas y asociaciones parlamentarias. Según expresó, las “buenas cosas” se construyen de manera colectiva. Su mensaje presentó la coordinación como una responsabilidad institucional y no únicamente como una extensión de la mayoría legislativa. Esa diferencia será determinante cuando las prioridades del partido gobernante entren en contacto con las demandas de la oposición o con asuntos que exijan consensos amplios.
La morenista afirmó además que llega al cargo con la intención de transformar y dejar una huella que mejore la vida institucional del Congreso capitalino. El planteamiento abre una expectativa concreta: que la Jucopo no se limite a distribuir tiempos, posiciones o acuerdos coyunturales, sino que contribuya a ordenar el trabajo legislativo y a reducir los costos de la confrontación entre grupos.
Dos cargos, una prueba de coordinación
La coincidencia de una presidenta panista en la Mesa Directiva y una coordinadora morenista en la Jucopo configura un esquema de conducción compartida. No se trata sólo de una distribución partidista de responsabilidades. Las funciones de ambas instancias se complementan: mientras la Mesa Directiva debe garantizar la legalidad y el desarrollo ordenado de las sesiones, la Jucopo necesita generar las condiciones políticas para que los asuntos lleguen al pleno con acuerdos suficientes o, al menos, con reglas claras para su discusión.
Por eso, la relación entre Garza y Bravo será uno de los factores que definan el tono del nuevo periodo ordinario. Si prevalece una coordinación institucional, el Congreso podrá procesar diferencias sin sacrificar el debate. Si las funciones se convierten en espacios de disputa partidista, los desacuerdos sobre la agenda, los tiempos o la conducción de las sesiones podrían trasladarse al funcionamiento cotidiano del pleno.
El desafío está más allá de los discursos
Las declaraciones de ambas legisladoras establecen compromisos relevantes, pero su alcance se medirá en decisiones concretas. Para Garza, la imparcialidad tendrá que reflejarse en la aplicación consistente del reglamento, especialmente cuando una discusión involucre a la mayoría o cuando la oposición reclame condiciones de participación. Para Bravo, el diálogo deberá traducirse en acuerdos verificables sobre prioridades, calendarios y mecanismos de negociación, no sólo en llamados generales a la unidad.
El nuevo periodo legislativo comenzará, así, con una doble exigencia: preservar la autoridad de las reglas y construir consensos políticos. La primera corresponde principalmente a la Mesa Directiva; la segunda, a la Jucopo. Pero ambas tareas son inseparables. Sin procedimientos confiables, el diálogo pierde legitimidad; sin acuerdos, las reglas pueden ordenar las sesiones sin conseguir que el Congreso produzca resultados. La conducción de Garza y Bravo será evaluada precisamente en ese punto de encuentro entre legalidad, pluralidad y capacidad de decisión.
