La declaración de la alcaldesa de San Quintín, Miriam Cano Núñez, expuso una contradicción que trasciende el debate político inmediato: mientras respaldó los operativos destinados a recuperar vehículos robados, detectar armas y localizar personas requeridas por la autoridad, también advirtió que la pobreza no debe criminalizarse. El problema es que en esos filtros participa la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, una dependencia subordinada al gobierno municipal que ella encabeza. La misma estructura institucional que ejecuta las revisiones forma parte del aparato cuya actuación la alcaldesa intenta matizar.
El contexto es relevante. Cerca de 100 elementos de distintas corporaciones fueron desplegados en varios puntos del municipio para revisar vehículos, conductores y documentación, con atención especial a unidades sin placas o con láminas de procedencia extranjera. El despliegue revela una operación coordinada y de considerable alcance, pero también incrementa la responsabilidad de las autoridades: cuando intervienen varias corporaciones, la ciudadanía necesita saber quién ordena, quién supervisa, qué criterios se aplican y quién responde ante un abuso.
La controversia comenzó a crecer en redes sociales a raíz del remolque de vehículos, particularmente de personas en situación de vulnerabilidad. Hasta ahora, la información pública disponible no precisa cuántas unidades fueron aseguradas o remolcadas, cuántas presentaban reporte de robo, cuántas tenían irregularidades administrativas y cuántas pertenecían a familias que no pudieron acreditar su propiedad o su situación documental. Esa ausencia de cifras impide distinguir entre resultados de seguridad y afectaciones desproporcionadas.
La frontera entre control y criminalización
La revisión vehicular puede tener una justificación legítima cuando se dirige contra delitos concretos. Recuperar automóviles robados, impedir el traslado de armas o ubicar a personas con órdenes judiciales son objetivos compatibles con la obligación estatal de proteger a la población. Sin embargo, una revisión masiva basada en la apariencia del vehículo, el origen de sus placas o la capacidad económica del propietario puede convertirse en una forma de selección social, aunque formalmente se presente como un procedimiento administrativo.
La diferencia no es menor. En municipios con comunidades dispersas, ingresos reducidos y dificultades para regularizar vehículos, la posesión de una unidad de procedencia extranjera no equivale por sí misma a una conducta delictiva. Para muchas familias, ese vehículo representa la única alternativa de transporte para acudir al trabajo, trasladar a menores o llegar a servicios médicos. Confundir una infracción documental con una amenaza criminal puede producir una cadena de daños que incluye el remolque, el pago de grúa, el almacenamiento y las multas acumuladas.
El primer hallazgo de fondo es que la legalidad del operativo no depende únicamente de que exista una causa de seguridad, sino de la proporcionalidad con que se aplica. Un filtro que localiza vehículos robados y armas puede ser defendible; un esquema que trata de la misma manera a quien conduce una unidad robada y a quien enfrenta una irregularidad registral difícil de resolver puede resultar jurídicamente débil y socialmente costoso. La alcaldesa identificó ese principio, pero no explicó cómo se está aplicando dentro de su propia corporación.
La contradicción institucional puede corregirse únicamente con información verificable. El gobierno municipal tendría que publicar el fundamento de los operativos, los protocolos de actuación, el número de revisiones realizadas, los vehículos remolcados, las causas de cada aseguramiento y el destino de las unidades. También debería aclarar si existe un mecanismo para liberar vehículos cuando la irregularidad pueda subsanarse sin que la familia pierda su principal medio de transporte.
El costo invisible para las familias
El impacto de estas acciones no se limita a la eventual pérdida temporal de un automóvil. En un territorio donde las distancias son amplias y el transporte público puede ser insuficiente, retirar una unidad de circulación afecta la movilidad laboral, la asistencia escolar y el acceso a servicios básicos. Para un hogar con ingresos limitados, el gasto asociado al remolque puede representar una proporción significativa del presupuesto mensual, sobre todo cuando se agregan días de corralón y trámites que obligan a trasladarse a otras localidades.
Por esa razón, el criterio de vulnerabilidad no debe funcionar como una excepción informal ni depender del criterio personal del agente. Debe traducirse en reglas claras: advertencias cuando la falta sea subsanable, plazos razonables, ventanillas de regularización, información comprensible y una vía rápida de inconformidad. De lo contrario, la discrecionalidad puede generar dos efectos opuestos: tolerancia selectiva para algunos conductores y aplicación rígida contra quienes tienen menos recursos para defenderse.
El segundo punto de análisis es que la seguridad pública pierde eficacia cuando su legitimidad se deteriora. Una comunidad que percibe los filtros como una fuente de hostigamiento puede reducir su cooperación con las autoridades, evitar denunciar delitos o asumir que cualquier contacto con la policía implica un riesgo económico. Esa desconfianza dificulta precisamente las investigaciones que requieren información vecinal y transforma un operativo diseñado para contener delitos en un factor que debilita la relación entre gobierno y ciudadanía.
También existe un riesgo operativo. Cuando participan alrededor de 100 elementos de diversas instituciones, la coordinación debe incluir registros uniformes, identificación de agentes, cámaras o bitácoras y una cadena de mando explícita. Si una persona considera injustificado el remolque de su vehículo, debe poder saber qué corporación tomó la decisión y ante qué autoridad puede reclamar. La multiplicidad de participantes no puede convertirse en una multiplicidad de responsabilidades difusas.
Una alcaldesa entre la defensa política y la rendición de cuentas
La posición de Cano Núñez parece responder a dos presiones simultáneas. Por un lado, la alcaldesa necesita respaldar una estrategia de seguridad en un municipio donde la recuperación de vehículos y la persecución de armas son asuntos políticamente sensibles. Por otro, enfrenta el costo social de los operativos, que comenzó a hacerse visible mediante testimonios y señalamientos difundidos en redes sociales. Su mensaje intenta conservar el apoyo a la acción policial y, al mismo tiempo, marcar distancia respecto de los excesos.
El problema es que una declaración de principios no sustituye a la supervisión administrativa. Si personal municipal participa en los filtros, la alcaldesa no puede limitarse a pedir que se distinga entre delincuencia y pobreza; debe demostrar que esa distinción está incorporada en las órdenes operativas y en los controles internos. La rendición de cuentas empieza dentro de la propia administración. De lo contrario, la crítica de contradicción permanecerá vigente, porque la autoridad cuestionada y la autoridad que ejecuta pertenecen al mismo gobierno.
La oposición política y las organizaciones comunitarias tienen un argumento válido al exigir explicaciones sobre los remolques. Pero la crítica también debe distinguir entre un operativo necesario y una actuación irregular. Presentar todos los aseguramientos como abuso puede deslegitimar una herramienta útil contra el robo de vehículos; presentar todas las quejas como resistencia a la autoridad puede ocultar afectaciones reales. La discusión pública requiere expedientes, cifras y resoluciones, no solamente versiones enfrentadas en redes sociales.
Los cambios estatales abren otra prueba de gestión
La controversia municipal ocurre al mismo tiempo que el gobierno de Baja California comenzó a formalizar los relevos anunciados tras las renuncias de la semana anterior. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda nombró a Dagoberto Valdés Juárez como secretario de Salud en sustitución de Adrián Medina Amarillas. También informó la llegada de Mónica Luigina Rodríguez Varagnolo como titular del CRIT BC, mientras María Isabel Adame asumió como encargada de despacho de la Secretaría de Inclusión Social y Juan Manuel Martínez Verdeja quedó al frente, también como encargado de despacho, de la Secretaría del Trabajo.
Los nombramientos no son hechos aislados. Salud, inclusión social y trabajo concentran áreas que inciden directamente en las condiciones que rodean el conflicto de los operativos: acceso a servicios, vulnerabilidad económica, movilidad y capacidad de las familias para cumplir obligaciones administrativas. El relevo en la Secretaría del Trabajo adquiere una dimensión adicional porque el rezago laboral de San Quintín se encuentra bajo la atención federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La designación deberá medirse por resultados concretos en un territorio donde la precariedad laboral y la distancia institucional complican cualquier política pública.
El tercer planteamiento es que la rotación de funcionarios puede convertirse en una oportunidad de coordinación, pero también en un riesgo de dispersión. Si cada nuevo responsable llega con prioridades distintas, las áreas sociales pueden operar separadas de seguridad y justicia, dejando que el ciudadano enfrente el problema completo en ventanillas distintas. Si, en cambio, los relevos se aprovechan para crear rutas de atención coordinadas, podrían reducirse las condiciones que hacen más vulnerables a las familias ante un remolque o una infracción documental.
En salud, Valdés Juárez recibirá una estructura cuya evaluación no puede quedarse en la promesa de fortalecer servicios e infraestructura. Será necesario observar tiempos de atención, abasto, cobertura territorial y capacidad para responder en comunidades alejadas. En inclusión social, Adame enfrentará la tarea de convertir el discurso de protección en apoyos identificables para hogares que carecen de recursos para regularizar documentos o absorber sanciones. En materia laboral, Martínez Verdeja tendrá que responder a la vigilancia federal y a una realidad marcada por empleos temporales, migración interna y demandas de mejores condiciones.
Qué puede ocurrir después de los filtros
La evolución del caso dependerá de si el gobierno convierte las críticas en mecanismos verificables. El escenario más favorable contempla una depuración de protocolos: separar con claridad los casos penales de las faltas administrativas, crear criterios de no remolque para situaciones de vulnerabilidad acreditada y ofrecer jornadas de regularización con costos y plazos realistas. Esa salida permitiría mantener la persecución de delitos sin ampliar innecesariamente el daño a quienes enfrentan problemas documentales.
Un escenario menos favorable es que continúen los operativos sin datos públicos y que las autoridades respondan únicamente con mensajes políticos. En ese caso, las redes sociales seguirán funcionando como el principal espacio de denuncia, pero sin capacidad para resolver expedientes individuales. La acumulación de quejas podría desembocar en recursos legales, recomendaciones de organismos de derechos humanos o confrontaciones entre corporaciones y comunidades. La falta de transparencia también dificultaría medir si el despliegue de un centenar de elementos produce resultados proporcionales a su costo.
Hay además un riesgo de seguridad que suele quedar oculto en el debate: si las revisiones se perciben como predecibles, extensas y concentradas en ciertos perfiles de conductores, pueden desplazar las conductas delictivas hacia rutas secundarias sin reducirlas. Un operativo eficaz debe combinar inteligencia, investigación sobre mercados de vehículos robados y coordinación judicial, no descansar únicamente en filtros visibles. La cantidad de agentes desplegados es un dato relevante, pero no demuestra por sí sola eficacia.
Los nuevos funcionarios estatales serán observados bajo esa misma lógica. La ciudadanía no evaluará solamente la legitimidad de sus nombramientos, sino su capacidad para resolver problemas que se manifiestan en la vida diaria: transporte, empleo, salud, documentación y trato institucional. En San Quintín, la seguridad no puede separarse de la inclusión social, y la inclusión no puede reducirse a declaraciones cuando una familia pierde su vehículo por un procedimiento que no comprende.
La alcaldesa tiene ante sí una decisión política concreta. Puede asumir la contradicción como un problema de comunicación y defender el operativo sin modificaciones, o reconocer que la participación de su propia Dirección de Seguridad exige controles adicionales, resultados publicados y atención diferenciada para la población vulnerable. La segunda ruta no elimina la responsabilidad de quienes incumplen la ley, pero sí evita que la lucha contra el delito termine castigando de forma indiscriminada a quienes menos margen tienen para enfrentar al Estado.
