El Gobierno de Panamá adquirió el 41 % de las acciones privadas de Petroterminal de Panamá por 191,7 millones de dólares y pasó a controlar la totalidad del oleoducto transístmico. La infraestructura conecta Chiriquí Grande, en la costa atlántica, con Puerto Armuelles, en el Pacífico, a lo largo de 131 kilómetros.
Una infraestructura estratégica
El oleoducto transporta alrededor de 10 millones de barriles de hidrocarburos al mes y facilita el movimiento anual de más de 100 millones de barriles entre los mercados de Asia y la costa oeste del continente americano. Su valor para Panamá no reside únicamente en los ingresos directos: junto con el Canal, amplía la capacidad del país para operar como plataforma regional de transporte, almacenamiento y distribución energética.
La operación se ejecutó mediante un derecho contractual reservado a la República desde 1977. Ese mecanismo permitió concretar la transferencia de propiedad sin modificar de inmediato el modelo operativo: Petroterminal continuará funcionando bajo el contrato de administración vigente y el personal conservará sus puestos. El Gobierno sostiene que esta continuidad busca proteger la experiencia acumulada durante casi cinco décadas y evitar interrupciones en una actividad crítica para el comercio energético.
El Ministerio de Economía y Finanzas presenta la compra como una decisión orientada a impulsar el crecimiento y generar empleo, especialmente en Chiriquí y Bocas del Toro. El desafío será convertir el control estatal en mayor valor económico sin deteriorar la eficiencia, la seguridad ni la responsabilidad ambiental de la empresa. La nacionalización, por sí sola, no garantiza esos resultados; su impacto dependerá de la calidad de la gestión y de la capacidad para atraer nuevas operaciones alrededor de la ruta interoceánica.
