El Gobierno de Paraguay se prepara para pedir al Congreso una excepción al límite de déficit fiscal vigente en 2027. La solicitud, anunciada por el ministro de Economía, Óscar Lovera, pretende abrir espacio presupuestario para cancelar obligaciones atrasadas con proveedores del Estado, principalmente del sistema de salud y de obras de infraestructura. La decisión coloca al país ante una tensión conocida en América Latina: cumplir estrictamente una regla fiscal puede preservar la credibilidad macroeconómica, pero también prolongar una cadena de impagos que termina afectando servicios esenciales, empresas y empleo.
La Ley de Responsabilidad Fiscal, aprobada en 2013, fija como referencia un déficit máximo equivalente al 1,5 % del producto interior bruto (PIB). Sin embargo, el nuevo escenario proyectado por el Ejecutivo contempla un déficit del 3,2 % del PIB al cierre de 2026 y del 3,9 % en 2027. El Gobierno sostiene que, si consigue ordenar y pagar parte de los compromisos pendientes, el resultado del próximo año podría acercarse al 1,9 %, aunque todavía por encima del límite legal. La petición al Legislativo no constituye, por tanto, un ajuste menor: supone reconocer que las cuentas públicas se han alejado de la trayectoria establecida hace más de una década.
Una deuda acumulada detrás de la discusión presupuestaria
El problema inmediato tiene una dimensión concreta. El 31 de diciembre pasado, el Estado paraguayo reconoció atrasos por unos 1.270 millones de dólares con prestadores de servicios. De esa suma, alrededor de 1.050 millones corresponden a medicamentos y servicios vinculados con la salud, mientras que unos 220 millones están relacionados con contratistas de carreteras y otras obras de infraestructura. La composición de la deuda es relevante porque no se trata únicamente de obligaciones financieras entre organismos públicos: son facturas impagas de empresas que han entregado bienes, ejecutado contratos o mantenido servicios indispensables.
En el sector sanitario, el retraso puede producir efectos que van más allá del balance de las compañías proveedoras. Un hospital que no paga a tiempo puede enfrentar dificultades para reponer medicamentos, contratar servicios tercerizados o mantener equipos. Los proveedores, a su vez, suelen trasladar el costo financiero de la demora al precio de futuras licitaciones o reducir su participación en concursos públicos. El Estado puede terminar pagando más por el mismo producto, no necesariamente por un aumento de costos médicos, sino por el riesgo de cobro que incorpora cada contrato.
La situación también golpea de forma desigual a las empresas. Las grandes compañías pueden acceder a crédito bancario o absorber temporalmente los atrasos, mientras que las pequeñas y medianas contratistas tienen menos margen para financiar nóminas, proveedores y cargas tributarias. En la práctica, una deuda pública que aparece como una cifra agregada puede convertirse en despidos, suspensión de obras, atrasos salariales y quiebras en la cadena de subcontratación. La decisión de pagar, por ello, tiene un componente económico y otro social.
La aritmética del déficit y el costo de regularizar
El Ejecutivo enfrenta una paradoja contable y política. Si mantiene los pagos atrasados para evitar que el déficit aumente en el corto plazo, conserva una apariencia de disciplina, pero acumula obligaciones que pueden hacerse más costosas. Si reconoce y cancela las deudas, el gasto se refleja en las cuentas públicas y puede elevar el déficit registrado. Lovera mencionó el endeudamiento como una de las vías posibles, aunque no presentó detalles sobre el tipo de instrumento, los plazos o el costo financiero.
La diferencia entre una obligación atrasada y una deuda formalizada es central. El proveedor que no cobra ya está financiando al Estado, aunque sin haber elegido hacerlo y, en muchos casos, sin recibir una remuneración equivalente al riesgo asumido. Sustituir esos atrasos por bonos o préstamos puede ordenar la relación contractual y dar liquidez a las empresas, pero traslada el costo a los presupuestos futuros. El alivio inmediato podría convertirse en mayores pagos de intereses y amortizaciones durante varios años.
El dato de la deuda pública ayuda a dimensionar el margen disponible. En abril, el pasivo estatal ascendía a 21.781,2 millones de dólares, equivalentes al 36,2 % del PIB. Ese nivel no representa por sí mismo una situación de insolvencia, especialmente para un país que prevé crecer un 4,5 % en 2026. Pero el crecimiento no elimina automáticamente el riesgo: si el déficit permanece elevado, la deuda puede seguir aumentando incluso cuando la economía se expande. La cuestión decisiva será si el crecimiento genera ingresos permanentes suficientes para estabilizar la relación entre deuda y producto.
Menos ingresos y una economía más expuesta al tipo de cambio
El Gobierno atribuye parte de la presión fiscal a la desaceleración de la recaudación tributaria derivada de la apreciación del guaraní frente al dólar. Esa explicación revela una vulnerabilidad estructural de las finanzas paraguayas: una parte significativa de los ingresos, las exportaciones y los flujos vinculados a grandes proyectos se mueve en un entorno dolarizado, mientras que numerosos gastos públicos se ejecutan en moneda local. Cuando cambia el tipo de cambio, varía también el valor en guaraníes de los recursos recaudados o recibidos desde el exterior.
A ello se suma la reducción de los ingresos procedentes de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, administradas conjuntamente con Brasil y Argentina. Estos recursos han contribuido históricamente a las cuentas públicas, pero no son una fuente completamente estable: dependen de la demanda eléctrica, de las condiciones hidrológicas, de los acuerdos binacionales y de la evolución de los precios y transferencias. Confiar en ellos para cubrir gastos permanentes puede dejar al presupuesto expuesto cuando el flujo disminuye.
La combinación de menor recaudación y menores ingresos hidroeléctricos limita la capacidad del Ministerio de Economía para compensar los atrasos mediante recursos corrientes. Por eso el debate no se reduce a escoger entre austeridad y endeudamiento. También obliga a discutir la calidad del gasto, la previsibilidad de los ingresos y la manera en que se programan las compras públicas. Una administración que firma contratos sin asegurar la disponibilidad presupuestaria termina convirtiendo una decisión de gestión en una crisis fiscal posterior.
El Congreso como árbitro de la regla fiscal
La solicitud llegará a un Congreso controlado por el oficialismo, lo que vuelve probable su aprobación política, aunque no elimina el costo institucional. La regla del 1,5 % fue diseñada para limitar la expansión del gasto y evitar que cada administración utilice el presupuesto para resolver presiones coyunturales. Si el límite se modifica para atender una deuda acumulada, el Ejecutivo deberá explicar con precisión cuánto se pagará, en qué plazo y bajo qué mecanismos se impedirá que vuelvan a generarse atrasos.
El precedente importa tanto como el monto. Una autorización excepcional puede interpretarse como una operación de saneamiento si está acompañada por un calendario de pagos, auditorías y controles sobre nuevas contrataciones. Pero puede debilitar la ley si se convierte en la vía habitual para acomodar gastos que no caben en el presupuesto. Los inversores, las calificadoras y los organismos multilaterales no observan únicamente el porcentaje de déficit; también evalúan si las instituciones cumplen sus propias reglas y si los cambios tienen una justificación limitada y verificable.
La reunión del presidente Santiago Peña con ocho exministros de Hacienda y el actual titular de Economía muestra que el problema ha adquirido una dimensión transversal. La convocatoria de antiguos responsables de las finanzas públicas sugiere que el Gobierno busca respaldo técnico y político para una decisión que no puede presentarse como una simple corrección administrativa. También refleja que la discusión sobre la regla fiscal ha dejado de ser exclusiva del gabinete y empieza a involucrar a quienes conocen el costo de modificar objetivos presupuestarios en medio de una gestión.
“Economía de guerra” y el límite social de la austeridad
En marzo, el exministro Carlos Fernández Valdovinos pidió aplicar una “economía de guerra” en materia fiscal y llamó a las instituciones a ajustarse el cinturón. Esa orientación puede ser necesaria para contener gastos no prioritarios, pero enfrenta un límite cuando la mayor parte de los atrasos se concentra en salud y obras públicas. Una reducción indiscriminada podría mejorar un indicador en el corto plazo y, al mismo tiempo, deteriorar la capacidad del Estado para prestar servicios.
La pregunta central será qué partidas se recortarán y cuáles se protegerán. Postergar inversiones de bajo impacto puede liberar recursos sin consecuencias inmediatas, mientras que restringir la compra de medicamentos o el mantenimiento de hospitales produce daños más rápidos y visibles. Del mismo modo, detener una carretera a mitad de ejecución no equivale a ahorrar: puede encarecer el contrato, generar litigios y dejar infraestructura inutilizada. El ajuste fiscal requiere priorización, no solo una reducción lineal del gasto.
El déficit de 2025 cerró en 1.047 millones de dólares, equivalente al 2,0 % del PIB, por encima del límite legal. El dato muestra que la desviación no comenzó con el presupuesto de 2027. El Ejecutivo, por tanto, deberá convencer al mercado y a la ciudadanía de que la ampliación solicitada sirve para cerrar un ciclo de obligaciones acumuladas y no para normalizar un desequilibrio permanente. La credibilidad dependerá de que el pago de las deudas esté acompañado por cambios en la contratación, la programación financiera y la supervisión de los ministerios.
Una oportunidad de ordenar las cuentas, si hay controles
La regularización de los 1.270 millones de dólares puede generar un efecto positivo sobre la economía privada. Al recibir pagos, las empresas podrían cancelar salarios, impuestos y créditos, reactivar compras y retomar obras suspendidas. En el sector salud, el restablecimiento de la cadena de proveedores podría reducir el riesgo de desabastecimiento. Ese estímulo, sin embargo, será transitorio si no se corrige la causa que permitió acumular compromisos por encima de la capacidad de pago.
El Gobierno necesitaría publicar un inventario verificable de las obligaciones, distinguir las deudas reconocidas de las que aún están en revisión y establecer prioridades objetivas. También debería informar cuánto costará financiar la operación y cómo afectará los presupuestos de los próximos años. Sin esa información, el endeudamiento puede resolver la emergencia de caja, pero dejar oculto el verdadero costo fiscal.
Paraguay llega a esta discusión con una economía que todavía conserva perspectivas de crecimiento y una deuda pública moderada en comparación con otros países de la región. Esa posición ofrece margen para ordenar los pagos, pero no garantiza que el problema desaparezca. La prueba para el Ejecutivo será transformar una excepción al límite fiscal en un programa acotado de saneamiento, con responsabilidades claras y plazos públicos. De lo contrario, el Congreso no solo estará aprobando un déficit mayor para 2027: estará redefiniendo, sin suficiente debate, el significado práctico de la responsabilidad fiscal en el país.
