La relación comercial entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo tramo de incertidumbre. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Jamieson Greer, representante comercial de la Casa Blanca, coincidieron en que el país aparece en la lista de dieciséis socios sometidos a una investigación por “exceso de capacidad industrial” bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El resultado de ese proceso, previsto para las próximas semanas, podría derivar en aranceles adicionales que se sumarían al entramado ya existente de medidas restrictivas. Lo que se discute no es un ajuste técnico aislado, sino la capacidad de México para preservar el acceso preferencial que le otorga el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en un entorno de política comercial cada vez más defensiva.
La mención de México junto a China, la Unión Europea, Japón, India, Corea del Sur y varios países del sudeste asiático revela un cambio de enfoque. Washington ya no limita su escrutinio a las economías con las que mantiene déficits crónicos de larga data; ahora examina también a socios con los que comparte una cadena de valor profundamente integrada. Ebrard subrayó que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas ingresan al mercado estadounidense sin aranceles gracias a las reglas de origen del T-MEC, pero reconoció que cada semana se convierte en una batalla negociadora. Greer, por su parte, no descartó que la investigación concluya con propuestas de gravámenes, dejando abierta la puerta a un nuevo capítulo de fricción.
Para comprender la magnitud del episodio actual es necesario remontarse a la lógica que ha guiado la política comercial estadounidense en la última década. La Sección 301, originalmente concebida para responder a prácticas desleales de socios extranjeros, se ha convertido en un instrumento flexible que permite imponer aranceles sin pasar por el Congreso ni por los mecanismos de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio. En marzo de 2026 la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió dos investigaciones paralelas: una sobre trabajo forzoso que involucra a sesenta socios y otra sobre exceso estructural de capacidad que concentra la atención en dieciséis economías. México figura en ambas, aunque con distinto grado de exposición.
La investigación sobre exceso de capacidad define el fenómeno como la existencia de planta industrial subutilizada que se sostiene mediante intervenciones gubernamentales y que, a juicio de Washington, genera superávits comerciales persistentes capaces de desplazar la manufactura estadounidense. En el caso mexicano, la acusación resulta paradójica. A diferencia de China o de algunas economías del sudeste asiático, México no opera con un modelo de subsidios masivos a la exportación ni con un sistema de empresas estatales dominantes. Su superávit comercial con Estados Unidos se explica en gran medida por la relocalización de cadenas productivas que el propio T-MEC incentiva y por la cercanía geográfica que reduce costos logísticos. Sin embargo, la narrativa oficial estadounidense ha optado por agrupar a todos los socios con saldos positivos bajo la misma categoría de “exceso estructural”.
El antecedente inmediato de esta ofensiva se encuentra en la sustitución de los aranceles impuestos bajo la Sección 122 por los gravámenes de la Sección 301 sobre trabajo forzoso. A partir de la semana pasada, Estados Unidos aplicó un arancel general del 10 por ciento a las importaciones de sesenta países, México incluido. La excepción para los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC permitió que la mayor parte del comercio bilateral se mantuviera libre de gravámenes, pero el mensaje político fue inequívoco: el acceso preferencial ya no es un derecho automático, sino un privilegio condicionado al cumplimiento de estándares laborales y de capacidad productiva definidos unilateralmente por Washington.
De la integración productiva a la sospecha de sobreoferta
La industria automotriz ilustra con claridad la tensión. México se consolidó como el principal proveedor de vehículos y autopartes para el mercado estadounidense gracias a décadas de inversión compartida y a la armonización de normas técnicas. Plantas de ensamble en Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Puebla operan como eslabones de una misma cadena que atraviesa la frontera varias veces antes de que el producto final llegue al consumidor. Si la investigación de exceso de capacidad identifica a este sector como uno de los afectados, los aranceles no solo elevarían el precio de los vehículos terminados, sino que alterarían la lógica de localización de nuevas inversiones. Empresas que hoy evalúan ampliar capacidad en el Bajío podrían reconsiderar y optar por territorio estadounidense, aun a costa de mayores costos laborales.
Algo similar ocurre con la maquinaria, el equipo industrial y los dispositivos médicos. Estos rubros han crecido de manera sostenida en el norte y el centro del país, impulsados por la demanda estadounidense y por la estrategia de nearshoring que muchas corporaciones adoptaron tras las disrupciones de la pandemia y las tensiones geopolíticas con Asia. Un gravamen adicional del 10 o 12.5 por ciento, o incluso superior, reduciría el margen de competitividad frente a productores locales de Estados Unidos y frente a otros proveedores que logren negociar excepciones. El análisis de Ansley Consultores ya advirtió que estas industrias merecen atención prioritaria, precisamente porque concentran los rubros en los que el déficit comercial estadounidense con México es más visible.
El impacto no se limitaría a las empresas exportadoras. Los estados del norte y del Bajío dependen en buena medida de la actividad manufacturera vinculada al mercado estadounidense. Una contracción de pedidos o un freno a la expansión de plantas se traduciría en menor generación de empleo formal, menor recaudación de impuestos locales y menor dinamismo en servicios conexos como transporte, logística y mantenimiento industrial. En comunidades donde la maquila y la industria de exportación constituyen el principal motor económico, el efecto se sentiría de inmediato en el consumo y en la capacidad de las familias para sostener el gasto corriente.
El T-MEC como amortiguador imperfecto
Ebrard ha insistido en que México llega a esta etapa con mejores condiciones que otros socios porque el T-MEC sigue protegiendo la mayor parte de su comercio. Esa afirmación es correcta en términos aritméticos, pero incompleta en términos estratégicos. El tratado ofrece un escudo arancelario, no un blindaje político. Las reglas de origen pueden ser interpretadas de manera más estricta; los comités bilaterales de trabajo y medio ambiente pueden activarse con mayor frecuencia; y las excepciones de seguridad nacional o de salud pública pueden ampliarse. Cada una de esas vías permite a Estados Unidos restringir el acceso sin abrogar formalmente el acuerdo.
La experiencia de los últimos años muestra que la administración estadounidense está dispuesta a utilizar todos los instrumentos a su alcance. La investigación sobre trabajo forzoso, por ejemplo, ya se tradujo en una propuesta de aranceles del 10 o 12.5 por ciento para sesenta socios, con excepciones limitadas. Aunque México logró que los bienes calificados bajo el T-MEC quedaran exentos, el precedente queda establecido: cualquier nueva investigación puede seguir el mismo camino. La de exceso de capacidad es, en ese sentido, la siguiente estación de un trayecto que parece orientado a reconfigurar las condiciones del comercio preferencial.
Greer declaró que la investigación concluirá pronto y que se formulará una propuesta. Esa ambigüedad deliberada mantiene a los exportadores mexicanos en un estado de espera costoso. Las decisiones de inversión a mediano plazo se posponen; los contratos de suministro se firman con cláusulas de escape; y las empresas más pequeñas, que carecen de equipos jurídicos especializados, enfrentan mayores dificultades para anticipar escenarios. La incertidumbre misma se convierte en un arancel invisible que grava la actividad económica mucho antes de que se publique cualquier lista de productos afectados.
Consecuencias regionales y el riesgo de desacoplamiento selectivo
Más allá de las cifras bilaterales, el episodio tiene lecturas regionales. Canadá observa con atención. Si México recibe un trato menos favorable, Ottawa podría verse obligado a recalcular su propia posición negociadora. Al mismo tiempo, los países de Centroamérica y el Caribe que no figuran en la lista de dieciséis socios podrían beneficiarse de un desvío de comercio, aunque su capacidad instalada es limitada. El resultado neto podría ser una fragmentación de las cadenas de valor norteamericanas, con segmentos de producción que se reubican hacia el interior de Estados Unidos y otros que se desplazan hacia economías con menor exposición política.
En el plano social, la posible contracción de la demanda de mano de obra manufacturera chocaría con la narrativa oficial mexicana de que el nearshoring representa una oportunidad histórica de desarrollo. Si las empresas extranjeras perciben que el acceso al mercado estadounidense se vuelve más costoso o más impredecible, la oleada de anuncios de inversión que se registró entre 2023 y 2025 podría desacelerarse. Los gobiernos estatales que apostaron recursos a parques industriales y a infraestructura de soporte enfrentarían un retorno menor de esas inversiones públicas. La brecha entre las regiones exportadoras y el resto del país, lejos de cerrarse, podría ampliarse si el norte y el Bajío pierden dinamismo mientras el sur permanece al margen de las cadenas globales.
A largo plazo, la acumulación de investigaciones bajo la Sección 301 envía una señal sobre la dirección de la política comercial estadounidense. El libre comercio condicionado por estándares laborales, ambientales y de capacidad productiva se está convirtiendo en la norma. Para México, el desafío consiste en demostrar que su modelo de crecimiento no se basa en dumping industrial ni en dumping social, sino en la complementariedad productiva con su principal socio. Eso exige no solo negociar con firmeza en Washington, sino también fortalecer la inspección laboral interna, transparentar los esquemas de apoyo a la industria y diversificar mercados de exportación para reducir la vulnerabilidad ante decisiones unilaterales.
La batalla que Ebrard describió como semanal no terminará con el informe de la USTR. Incluso si México logra evitar aranceles adicionales en esta ronda, el precedente de inclusión en la lista de exceso de capacidad permanecerá como un recordatorio de que el estatus de socio preferente es reversible. La economía mexicana ha construido su inserción internacional sobre la premisa de la integración profunda con Estados Unidos. Esa premisa sigue siendo válida, pero ya no es suficiente. La capacidad de anticipar, documentar y rebatir acusaciones de prácticas desleales se ha vuelto tan importante como la competitividad de costos o la calidad de la infraestructura. En ese terreno se jugará, en buena medida, el futuro del comercio bilateral durante la próxima década.
