La emergencia de espacios para ingresar a la preparatoria en Baja California se acerca a una solución administrativa, pero todavía está lejos de ser un problema plenamente resuelto. De los más de 5 mil estudiantes que inicialmente quedaron fuera de una opción de educación media superior, la Secretaría de Educación estatal informó que 5 mil 081 ya habían sido ubicados hasta las 17:00 horas del martes, mientras alrededor de 600 continuaban pendientes. La cifra, sin embargo, no describe por sí sola la dimensión del conflicto: una parte de esos jóvenes no necesariamente carece de un lugar, sino que rechaza la escuela o el turno que le fueron asignados.
La distinción es relevante. Un estudiante sin espacio enfrenta una barrera de acceso; uno inconforme con su asignación enfrenta un problema de calidad, distancia, horario o expectativas familiares. Ambos casos terminan presionando al sistema, pero requieren respuestas diferentes. Resolverlos con una sola métrica, la cantidad de alumnos colocados, puede producir una apariencia de normalidad mientras persisten dificultades que afectan la permanencia escolar y la equidad territorial.
La cifra que bajó, pero no cerró la crisis
La Secretaría de Educación, encabezada por Irma Martínez Manríquez, sostiene que cuenta con capacidad suficiente para atender la demanda y que no contempla enviar estudiantes a escuelas privadas. En Mexicali, donde el número de jóvenes inicialmente sin espacio habría sido menor, la funcionaria estimó que entre 200 y 300 ya fueron ubicados. El mayor esfuerzo de ampliación se concentra en Tijuana y Playas de Rosarito, municipios con crecimiento urbano acelerado y una presión histórica sobre la infraestructura educativa.
El anuncio de que únicamente quedan unos 600 casos pendientes representa un avance operativo frente a los más de 5 mil reportados al inicio. También muestra la capacidad de reacción de la autoridad cuando existe información centralizada y margen para redistribuir grupos. Pero el dato debe leerse con cautela: no se conoce, al menos en la información disponible, cuántos estudiantes aceptaron la opción asignada, cuántos fueron colocados en planteles alejados de su domicilio, cuántos obtuvieron turno vespertino ni cuántos siguen en proceso de inconformidad.
La falta de ese desglose impide saber si la solución es sustantiva o simplemente estadística. Colocar a un adolescente en una escuela situada a una hora y media de su casa puede cumplir formalmente con el objetivo de asignarle un lugar, pero aumentar el riesgo de ausentismo, abandono o traslado inseguro. En hogares con empleos informales, responsabilidades de cuidado o gastos limitados para transporte, la distancia se convierte en una barrera de acceso tan concreta como la falta de cupo.
El algoritmo cambió el examen, no la escasez
La asignación de espacios forma parte de la estrategia nacional “Mi Derecho, Mi Lugar”, que sustituyó el examen de ingreso por un algoritmo. El cambio pretende evitar que una prueba única determine el futuro inmediato de los estudiantes y reducir las desigualdades asociadas con la preparación académica, el acceso a cursos privados y las diferencias entre escuelas secundarias. En principio, automatizar la asignación puede hacer más transparente el proceso y distribuir los lugares con criterios previamente definidos.
El problema es que un algoritmo no crea aulas, maestros ni transporte. Solo administra una oferta limitada. Cuando la demanda supera la capacidad de determinados planteles o zonas, la herramienta puede repartir mejor la escasez, pero no eliminarla. La controversia actual revela así una tensión central: la política pública presentó una modificación en el mecanismo de selección, mientras las familias están enfrentando un déficit material de opciones atractivas y cercanas.
Mi Derecho, Mi Lugar puede ser defendible como instrumento de asignación, pero su legitimidad depende de tres condiciones: reglas comprensibles, datos confiables y mecanismos eficaces de revisión. Si una familia no sabe por qué recibió una escuela determinada, cómo puede solicitar un cambio o qué criterios tienen prioridad, el sistema será percibido como una caja negra. La neutralidad técnica no equivale automáticamente a justicia, especialmente cuando las preferencias familiares no tienen el mismo peso que las variables de capacidad y ubicación.
El segundo punto es más incómodo: la sustitución del examen puede reducir una forma de exclusión, pero también puede diluir la responsabilidad sobre los resultados. Antes, la autoridad podía atribuir la selección al desempeño en una prueba; ahora debe explicar cómo se ponderaron las preferencias, el domicilio, los cupos y las capacidades de cada plantel. Si el algoritmo asigna de manera eficiente, pero empuja a ciertos grupos hacia turnos menos demandados o escuelas distantes, la desigualdad puede cambiar de forma sin desaparecer.
La secundaria vespertina como solución de emergencia
La apertura de turnos vespertinos en secundarias de Tijuana que actualmente operan solo por la mañana busca liberar espacios para estudiantes de preparatoria. La estrategia contempla diez planteles: ocho en Tijuana y dos en Playas de Rosarito. Es una respuesta rápida porque aprovecha inmuebles existentes, evita la construcción inmediata de nuevos campus y permite atender una presión que se concentra en un periodo específico del calendario escolar.
Pero transformar una secundaria en sede vespertina para preparatoria implica mucho más que abrir sus puertas por algunas horas adicionales. Se necesitan docentes con perfiles adecuados, laboratorios, conectividad, sanitarios, vigilancia, mantenimiento, servicios administrativos y transporte compatible con la salida nocturna. También habrá que definir cómo se compartirán aulas, talleres y equipos entre dos niveles educativos. Si la ampliación se realiza sin presupuesto operativo estable, la solución puede convertirse en una sobreutilización de infraestructura ya exigida.
Para los estudiantes, el turno vespertino no es una alternativa neutra. Puede beneficiar a quienes trabajan por la mañana o tienen responsabilidades familiares, pero perjudicar a quienes dependen del transporte público, regresan a zonas periféricas o viven en entornos donde la movilidad nocturna presenta riesgos. Las familias deberán valorar no solo la existencia de un lugar, sino la seguridad del trayecto, el tiempo de traslado y la compatibilidad con otras obligaciones.
La autoridad acierta al buscar capacidad dentro del sistema público y evitar que la falta de cupo obligue a las familias a pagar colegiaturas. Sin embargo, declarar que no será necesario recurrir a escuelas privadas no resuelve automáticamente la discusión sobre la calidad de la oferta. La educación pública debe garantizar acceso, pero también condiciones razonables de aprendizaje y permanencia. Si el crecimiento se sostiene únicamente con turnos adicionales, el sistema podría atender la matrícula a costa de grupos más numerosos, menor disponibilidad de espacios especializados y una jornada menos atractiva.
Familias, estudiantes y escuelas no miden el éxito igual
Desde la perspectiva de la Secretaría de Educación, el indicador inmediato es el número de alumnos ubicados. Para las familias, el éxito se mide de otra manera: conseguir una escuela que esté dentro de sus preferencias, que no imponga costos de transporte imposibles y que ofrezca condiciones académicas aceptables. Para los planteles, en cambio, la llegada de nuevos grupos significa reorganizar horarios, personal y recursos en un plazo muy corto.
Los estudiantes inconformes ocupan una zona gris dentro de las estadísticas. No están contabilizados como excluidos, pero tampoco necesariamente han aceptado su trayectoria escolar. La inconformidad puede ser razonable si se les asignó un plantel lejano, un turno incompatible con su vida cotidiana o una opción distinta a la que consideraban adecuada. También puede reflejar la concentración del prestigio educativo en unos cuantos planteles, un fenómeno que ninguna plataforma de asignación puede resolver por sí misma.
La discusión pública debe evitar dos simplificaciones. La primera consiste en presentar a las familias como resistentes a cualquier cambio tecnológico; la segunda, en asumir que toda inconformidad prueba que el algoritmo es defectuoso. Las familias tienen información local que el sistema puede no capturar: tiempos reales de traslado, inseguridad en determinadas rutas, necesidades de cuidado y experiencias previas con una escuela. A la vez, una preferencia por ciertos planteles puede estar influida por reputaciones desiguales que no siempre corresponden con la calidad actual de la enseñanza.
Una salida institucional sería publicar, sin vulnerar datos personales, indicadores agregados del proceso: demanda por plantel, capacidad disponible, distribución por municipio y turno, número de cambios solicitados y proporción de asignaciones aceptadas. Esa información permitiría distinguir entre un problema de algoritmo, una escasez de infraestructura o una percepción de desigualdad entre escuelas. Sin transparencia verificable, la autoridad seguirá respondiendo a una crisis de confianza con comunicados numéricos que no explican la experiencia de los afectados.
El costo invisible de una asignación tardía
El calendario escolar vuelve decisivo el tiempo. Cada semana que un estudiante permanece sin una opción clara dificulta la inscripción, la compra de materiales, la organización del transporte y la adaptación emocional al nuevo nivel. La transición de secundaria a preparatoria ya implica riesgos de abandono; añadir incertidumbre administrativa puede afectar especialmente a jóvenes que viven en hogares con menos recursos o que son los primeros de su familia en continuar estudiando.
La ubicación también puede agravar las brechas entre municipios. Tijuana y Playas de Rosarito concentran la ampliación anunciada, lo que sugiere una presión distinta a la de Mexicali. Las autoridades deberán evitar que las soluciones de corto plazo se asignen únicamente donde es más sencillo adaptar edificios, sin atender las zonas donde el crecimiento poblacional futuro será mayor. La planeación debe cruzar matrícula proyectada, vivienda, movilidad y disponibilidad de docentes, no solo el número de solicitudes de un ciclo.
Otro riesgo es la normalización de la improvisación. Si cada inicio de cursos se resuelve habilitando aulas y turnos adicionales, la excepción termina convirtiéndose en política permanente. El sistema puede acostumbrarse a administrar el déficit en lugar de reducirlo. La educación media superior requiere previsión de varios años: construcción de planteles, formación y contratación docente, mantenimiento, orientación vocacional y coordinación con el mercado laboral regional.
Qué puede revelar el siguiente ciclo escolar
La revisión anunciada por la Secretaría de Educación sobre la continuidad del modelo será una prueba de madurez institucional. Suspender el algoritmo no sería necesariamente una mejora, del mismo modo que mantenerlo no demostraría que funciona. La decisión debe basarse en evidencia comparable: cuántos estudiantes obtuvieron su primera opción, cuántos solicitaron cambio, cuántos abandonaron antes de concluir el primer semestre y cómo se distribuyeron los resultados por municipio, nivel socioeconómico y distancia al plantel.
El escenario más probable es una modificación del sistema, no un regreso simple al examen. La autoridad podría conservar la asignación automatizada y añadir una etapa de preferencias más flexible, criterios de proximidad mejor ponderados y un periodo de apelación con capacidad real para ofrecer alternativas. También podría publicar simulaciones previas para que las familias entiendan qué opciones son viables antes de confirmar su solicitud.
La segunda tendencia será la expansión gradual de turnos vespertinos y modelos de infraestructura compartida en las zonas de mayor crecimiento. Esa fórmula puede ser útil, siempre que incluya recursos específicos y una evaluación de seguridad y permanencia. El éxito no debería medirse por cuántas aulas se abren, sino por cuántos estudiantes asisten regularmente, terminan el primer año y avanzan hacia la educación superior o el empleo formal con mejores oportunidades.
Baja California tiene ahora una oportunidad para convertir una contingencia en una reforma más transparente. Los 600 estudiantes aún pendientes son la urgencia visible, pero el desafío de fondo es construir un sistema en el que la asignación no sea una lotería inexplicable ni una simple operación para llenar cupos. El derecho a un lugar en la preparatoria incluye una opción viable, cercana y con condiciones dignas. Resolver los expedientes restantes será necesario; demostrar que el mecanismo puede sostener trayectorias educativas exitosas será la verdadera medida de la política.
