El anuncio del gobierno de Baja California Sur sobre el incremento de su presupuesto estatal a 28,364 millones de pesos en 2026, frente a los 18,000 millones registrados en 2021, marca un punto de inflexión en la gestión pública de la entidad. Este salto de más del 57 por ciento se atribuye a una combinación de mayor captación de recursos federales y al fortalecimiento de la recaudación local, que sumó 22,588 millones de pesos en el periodo. Impuestos sobre nómina y hospedaje aportaron 13,182 millones, las auditorías fiscales generaron 4,663 millones y el control vehicular 1,930 millones. La distribución del gasto prioriza educación con 51,000 millones, salud con 11,000, infraestructura social con 9,000, desarrollo productivo con 8,000, seguridad pública con 5,000 y desarrollo social con 4,000 millones. Sin embargo, detrás de estas cifras se abren escenarios de oportunidad y de vulnerabilidad que merecen un examen detenido.
La expansión presupuestal puede traducirse en mejoras tangibles para la población si se mantiene la disciplina en la ejecución. El 58 por ciento orientado a áreas prioritarias sugiere un intento de atender rezagos históricos en servicios básicos. En un estado donde el turismo y la actividad hotelera concentran buena parte de la economía, el refuerzo en educación y salud podría elevar la calidad del capital humano y reducir presiones sobre los sistemas de atención médica, especialmente en destinos como Los Cabos y La Paz, que enfrentan picos estacionales de demanda. La inversión en infraestructura social y desarrollo productivo, por su parte, ofrece la posibilidad de diversificar fuentes de ingreso más allá del turismo de sol y playa, un sector sensible a crisis externas, huracanes y fluctuaciones del tipo de cambio.
El reconocimiento público del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío al trabajo de la Secretaría de Finanzas y Administración, encabezada por Bertha Montaño Cota, proyecta una narrativa de eficiencia administrativa. La recaudación vía auditorías fiscales y control vehicular indica que se han activado mecanismos de fiscalización antes subutilizados. Esto podría generar un círculo virtuoso: mayor cumplimiento tributario, más recursos disponibles y, en teoría, mejores servicios. Para las empresas formales, un entorno de mayor transparencia fiscal puede reducir la competencia desleal de quienes operan en la informalidad. Para los municipios, la eventual derrama de obras de infraestructura social podría aliviar cargas que hoy recaen casi exclusivamente en los ayuntamientos.
No obstante, el mismo crecimiento acelerado del gasto introduce riesgos estructurales que no deben subestimarse. Un incremento tan pronunciado en cinco años eleva la dependencia de transferencias federales y de rubros recaudatorios volátiles. Los impuestos al hospedaje y a la nómina están ligados al ciclo turístico y al empleo formal; una contracción del flujo de visitantes o una desaceleración económica nacional reducirían de inmediato la base de ingresos. Si el presupuesto se ha comprometido con base en proyecciones optimistas, cualquier desviación a la baja obligaría a recortes o a un mayor endeudamiento, con el consecuente costo financiero y político.
Presiones sobre la capacidad de ejecución y control
Ampliar el gasto no garantiza resultados proporcionales. La capacidad institucional para planear, licitar, supervisar y evaluar proyectos de educación, salud e infraestructura no se multiplica al mismo ritmo que los recursos. En entidades con plantillas técnicas limitadas, el riesgo de subejercicios, sobrecostos o obras inconclusas es real. La historia reciente de varios estados mexicanos muestra que picos presupuestales sin reforzar la contraloría interna y la participación ciudadana suelen terminar en auditorías desfavorables años después. En Baja California Sur, la dispersión geográfica y la dificultad de acceso a comunidades aisladas complican aún más la supervisión efectiva de cada peso invertido.
Otro frente de preocupación es la sostenibilidad de la carga tributaria local. Aunque la recaudación ha crecido, un endurecimiento excesivo de auditorías o un aumento de tasas puede desalentar la formalización de pequeños negocios y freelancers vinculados al turismo. Si los operadores perciben que el costo de cumplir supera los beneficios de permanecer en la formalidad, parte de la base gravable podría migrar a la informalidad o a estructuras más opacas. El control vehicular, por ejemplo, es un ingreso recurrente, pero también genera fricción con la ciudadanía cuando se percibe como un simple instrumento recaudatorio sin mejora visible en seguridad vial o en el estado de las calles.
Desequilibrios sectoriales y expectativas sociales
La asignación de 51,000 millones a educación concentra una porción muy elevada del gasto. Si bien el rezago educativo justifica atención prioritaria, concentrar recursos en un solo rubro deja márgenes estrechos para responder a emergencias climáticas o sanitarias, frecuentes en la península. Un huracán de categoría alta o un brote epidémico podría forzar reasignaciones de último momento y dejar proyectos educativos a medio camino. De igual forma, los 5,000 millones destinados a seguridad pública parecen modestos frente al incremento de fenómenos delictivos que han comenzado a asomarse en corredores turísticos. La percepción de inseguridad, aunque aún controlada, es un factor que pesa en las decisiones de inversión hotelera y de viajeros de alto poder adquisitivo.
Las expectativas generadas por el anuncio también constituyen un riesgo político. Cuando un gobierno comunica cifras récord, la ciudadanía y los sectores productivos anticipan mejoras rápidas y visibles. Si los tiempos de maduración de las obras superan el ciclo electoral o si los indicadores de calidad educativa y de salud no mejoran de forma medible, el capital político acumulado se erosiona. La Conferencia para el Pueblo, donde se presentó el balance, es un espacio de comunicación directa, pero también eleva el estándar de rendición de cuentas. Cualquier discrepancia entre lo prometido y lo entregado será amplificada por opositores y por redes sociales.
Dependencia federal y márgenes de autonomía
El discurso oficial destaca la gestión de recursos federales como motor del crecimiento presupuestal. Esa dependencia, sin embargo, reduce el margen de maniobra ante cambios de prioridades en el gobierno central. Un recorte en participaciones o en fondos etiquetados de infraestructura obligaría al estado a cubrir huecos con deuda o con ajustes en programas locales. Baja California Sur no cuenta con una base industrial diversificada que le permita absorber shocks de manera autónoma. La matriz económica centrada en servicios turísticos y pesca de pequeña escala limita la generación de ingresos propios de alto valor agregado. Por tanto, el fortalecimiento de la recaudación local, aunque positivo, sigue siendo insuficiente para blindar las finanzas estatales a mediano plazo.
En el terreno de la equidad territorial, el riesgo de concentración de la inversión en los polos turísticos es latente. Los Cabos y La Paz tienden a absorber la mayor parte de las obras de infraestructura y de los servicios de salud de mayor complejidad, mientras que municipios del norte y comunidades rurales pueden quedar al margen. Si los 9,000 millones de infraestructura social y los 4,000 de desarrollo social no se distribuyen con criterios de compensación territorial, se profundizarán brechas ya existentes en acceso a agua potable, conectividad digital y atención médica especializada. Esa asimetría alimenta migración interna hacia las ciudades y presiona aún más los servicios urbanos.
Escenarios de mediano plazo y señales de alerta
Mirando hacia 2027 y 2028, el verdadero examen del presupuesto ampliado será la evolución de indicadores de resultado y no solo de gasto ejercido. Tasas de egreso escolar, tiempo de espera en hospitales, cobertura de agua potable y número de empleos formales generados por los 8,000 millones de desarrollo productivo serán las métricas que validen o desmientan la estrategia. Si esos indicadores no se mueven de forma significativa, el incremento presupuestal se interpretará como un ejercicio de inercia fiscal más que de transformación. La transparencia en la publicación de datos desagregados por municipio y por programa se vuelve entonces un requisito indispensable para sostener la legitimidad del modelo.
Un factor adicional de incertidumbre es el entorno macroeconómico nacional. Inflación persistente, alzas en tasas de interés o una menor expansión del gasto federal de capital podrían encarecer la deuda local y reducir el valor real de los recursos programados. En ese contexto, la disciplina en la contratación de créditos y la priorización de proyectos con retorno social medible se convierten en salvaguardas críticas. La Secretaría de Finanzas y Administración tendrá que demostrar que la eficiencia mostrada en la captación se replica en la calidad del gasto, evitando la tentación de acelerar obras solo para reportar avance físico sin asegurar operación y mantenimiento posteriores.
La experiencia de otros estados que vivieron expansiones presupuestales rápidas enseña que el momento de mayor riesgo no es el del anuncio, sino el de la consolidación. Cuando los recursos fluyen con abundancia relativa, se aflojan controles y se multiplican demandas sectoriales. Mantener la cohesión del gabinete, evitar la captura de partidas por grupos de interés y preservar espacios de auditoría ciudadana serán condiciones necesarias para que el salto de 18,000 a 28,364 millones de pesos se traduzca en bienestar duradero y no en un ciclo de auge y ajuste. Baja California Sur tiene la oportunidad de demostrar que un estado pequeño puede gestionar un presupuesto mayor con rigor y visión de largo plazo; el costo de no hacerlo sería la pérdida de confianza en la capacidad del gobierno local para administrar la prosperidad que él mismo ha anunciado.
