El esfuerzo por reactivar el Patronato DARE en Rosarito surge en un contexto donde la certificación de agentes municipales se ha convertido en un requisito indispensable para garantizar intervenciones efectivas con menores de edad. Durante los últimos cinco años la ausencia de una estructura formal ha limitado el acceso a recursos que antes permitían becas, vehículos exclusivos y capacitaciones continuas. Esta situación refleja tensiones más amplias entre la necesidad de programas preventivos estandarizados y las limitaciones administrativas locales que afectan la calidad del trabajo policial en comunidades fronterizas.
La trayectoria del programa preventivo en Baja California
El programa DARE llegó a México a finales de los años noventa como una iniciativa importada de Estados Unidos orientada a reducir el consumo de sustancias entre la población escolar. En Baja California su implementación inicial contó con el respaldo de patronatos locales que gestionaban fondos y mantenían vínculos directos con la organización nacional. Durante la primera década de operación estos organismos lograron equipar unidades móviles y enviar oficiales a cursos especializados en Ciudad de México. Sin embargo, a partir de 2019 los registros muestran una interrupción progresiva de las gestiones debido a cambios en las administraciones municipales y falta de renovación de los consejos directivos.
La experiencia de Mexicali, donde la fundadora del programa nacional mantiene activa una estructura similar, ilustra cómo la continuidad institucional puede traducirse en mayor alcance. Allí los patronatos han logrado mantener flujos de información constantes con DARE México y renovar certificaciones cada dos años. En contraste, Rosarito ha operado con personal que realiza las sesiones de manera empírica, sin aval formal que garantice uniformidad en los contenidos ni protocolos de evaluación psicológica exigidos por la organización matriz.
Consecuencias operativas de la falta de certificación
La ausencia de acreditación oficial genera un efecto cascada sobre la eficacia de las sesiones impartidas en escuelas. Los diez elementos actualmente involucrados en Rosarito incluyen solo cuatro con credencial vigente; los seis restantes carecen de evaluaciones psicológicas y supervisión de campo que DARE México considera indispensables. Esta brecha puede derivar en enfoques menos estructurados que omitan componentes clave como la identificación de señales de riesgo o la derivación adecuada a servicios de apoyo. En términos prácticos, la diferencia se observa en la capacidad de los agentes para responder a situaciones de estrés emocional que suelen presentarse durante las pláticas con adolescentes.
Además, la falta de documento oficial impide el acceso a fondos federales y estatales destinados exclusivamente a programas certificados. Históricamente, los patronatos activos lograron canalizar recursos para la adquisición de material didáctico actualizado y la organización de eventos comunitarios que reforzaban los mensajes preventivos. Sin esa infraestructura, el municipio depende de esfuerzos aislados que difícilmente alcanzan la escala necesaria para impactar indicadores de consumo en la población juvenil.
Repercusiones sociales y en la confianza institucional
La reactivación del patronato no solo afecta la operatividad policial, sino que incide directamente en la percepción ciudadana sobre la capacidad del gobierno municipal para proteger a las nuevas generaciones. Cuando las familias observan que los programas escolares carecen de respaldo institucional formal, disminuye la disposición a participar en actividades complementarias o a reportar situaciones de riesgo. Este fenómeno se ha documentado en otras localidades fronterizas donde la discontinuidad de programas preventivos coincidió con incrementos en reportes de consumo experimental entre estudiantes de secundaria.
Desde una perspectiva de largo plazo, la ausencia de certificaciones estandarizadas puede contribuir a una fragmentación de los esfuerzos de prevención en toda la región noroeste de México. Los oficiales que logran certificarse en municipios vecinos suelen ser requeridos para apoyar capacitaciones regionales, lo que genera una migración temporal de talento y deja vacíos en sus plazas de origen. Rosarito enfrenta precisamente este riesgo si no logra restablecer los canales de comunicación con DARE México en los próximos meses.
Escenarios futuros y caminos de fortalecimiento institucional
El primer acercamiento reciente entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los responsables del patronato abre la posibilidad de recuperar los beneficios que existían antes de 2019. Si se concreta la reactivación, el municipio podría acceder nuevamente a becas para estudios de posgrado en criminología preventiva y a convenios con universidades locales para realizar evaluaciones de impacto. Estos mecanismos han demostrado en otros contextos que elevan la profesionalización de los cuerpos policiales y reducen la rotación de personal capacitado.
No obstante, el proceso requiere superar obstáculos administrativos como la designación de un consejo directivo renovado y la elaboración de un plan de trabajo trienal que satisfaga los estándares de DARE México. La experiencia de patronatos que lograron reactivarse en entidades como Sonora indica que los primeros doce meses suelen destinarse principalmente a auditorías internas y alineación de protocolos, antes de que los beneficios operativos se hagan evidentes en las aulas.
En última instancia, la capacidad de Rosarito para sostener un programa preventivo robusto dependerá de la continuidad presupuestaria y del compromiso de las siguientes administraciones con la certificación obligatoria de todos los elementos involucrados. La historia reciente del DARE en la entidad muestra que las estructuras institucionales bien gestionadas generan efectos multiplicadores que trascienden la simple impartición de pláticas y se reflejan en menores índices de reincidencia entre jóvenes expuestos al programa durante la educación básica.
