El colectivo Justicia para Nuestros Deudos pidió a la Fiscalía General del Estado que reanude la localización de José Luis A.C., propietario del crematorio Plenitud, luego de que perdiera los efectos de la suspensión judicial que lo protegía de la ejecución de una orden de aprehensión. La exigencia se produjo tras el incumplimiento del plazo fijado por el Juzgado Sexto de Distrito para que el empresario compareciera ante el juez de Control, condición que mantenía viva esa protección legal.
De acuerdo con la vocera del colectivo, Dora Elena Delgado Barraza, el siguiente paso corresponde a la Fiscalía: sostener las acciones de búsqueda, tramitar la Notificación Roja de Interpol y explorar una recompensa que ayude a obtener reportes sobre su paradero. La representante señaló que han recibido fotografías de personas que afirman haber visto a José Luis A.C. en restaurantes de El Paso, Texas, y sostuvo que esos presuntos avistamientos deben ser informados a las autoridades para que puedan verificarse.
La postura del colectivo se explica por la secuencia judicial que siguió el caso. El Juzgado Sexto de Distrito concedió en un primer momento una suspensión contra la orden de aprehensión y después estableció condiciones para mantenerla vigente. Entre ellas figuraba la obligación de comparecer ante el juez de la causa y cumplir medidas de aseguramiento. El propio fallo advirtió que el incumplimiento podía dejar sin efectos la suspensión, escenario que finalmente ocurrió al vencer el plazo sin la comparecencia requerida.
La presión sobre la Fiscalía
Para las familias afectadas, la pérdida de esa protección no solo reactiva la posibilidad de ejecutar la orden de captura, sino que obliga a la Fiscalía a mostrar mayor firmeza en el proceso penal. Delgado Barraza cuestionó además la actuación de la dependencia y pidió que use sus recursos legales para defender con más determinación los intereses de los deudos, que han denunciado retrasos y dilaciones en el expediente.
Otro punto de inconformidad es la garantía de 10 mil pesos fijada por el juez federal como condición para que surtiera efectos la suspensión. El colectivo considera que esa cantidad resulta desproporcionada frente al daño causado a las familias, que han enfrentado incertidumbre, gastos y un prolongado desgaste institucional desde que el caso salió a la luz.
Un caso que sigue abierto
Las exigencias no surgieron con la reciente pérdida de la suspensión, sino que forman parte de una demanda constante desde que el caso del crematorio Plenitud se hizo público en junio de 2025, cuando autoridades localizaron cientos de cuerpos hacinados en el inmueble sin haber sido cremados, pese a que las familias habían contratado ese servicio. Desde entonces, el expediente ha quedado marcado por la dimensión penal del hallazgo y por el reclamo de los deudos de que no se reduzca el asunto a un trámite más del sistema judicial.
El colectivo realizó el sábado una manifestación frente a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte como parte de sus reclamos. La protesta, según dijo Delgado Barraza, también buscó insistir en que cualquier avistamiento del empresario sea reportado a las autoridades y que no se detenga la presión institucional para localizarlo. En un caso que combina posibles responsabilidades penales, fallas de supervisión y un profundo agravio para decenas de familias, la nueva etapa dependerá de que las autoridades conviertan la pérdida de la suspensión en acciones concretas y verificables.
