La reconstrucción de los inmuebles dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 ha entrado en una fase decisiva. Ocho años después del desastre, el gobierno capitalino sostiene que el proceso lleva un avance de 97% y que la etapa pendiente ya no es la más visible, sino la más compleja: edificios con litigios, problemas de suelo, conflictos entre copropietarios o fallas técnicas que retrasaron su conclusión. Esa precisión importa porque muestra que la reconstrucción dejó de ser solo una tarea de obra pública y se convirtió en un expediente político, jurídico y social que mide la capacidad del Estado para responder a una emergencia prolongada.
El caso de la Ciudad de México sigue siendo uno de los más sensibles en materia de gestión del riesgo. El sismo de 2017 no solo derribó estructuras; también expuso la fragilidad de un modelo urbano que había tolerado edificaciones vulnerables, supervisión insuficiente y mecanismos de atención a damnificados demasiado lentos. En ese contexto, la reconstrucción no podía resolverse con una simple reposición de viviendas. Había que rehacer expedientes, dictámenes estructurales, acuerdos entre propietarios y esquemas financieros que evitaran trasladar el costo de la tragedia a las familias afectadas. La afirmación de Clara Brugada sobre una reconstrucción asumida como “responsabilidad pública” apunta justamente a esa discusión de fondo: quién paga cuando falla la ciudad.
La cifra de 16 mil millones de pesos invertidos desde la administración de Claudia Sheinbaum hasta la fecha revela otra dimensión del proceso: la reconstrucción se volvió una política de Estado local que trascendió sexenios. Que Brugada atribuya 3 mil 700 millones a su propio gobierno sugiere continuidad institucional, pero también una disputa por el relato de quién corrigió errores anteriores. En materia pública, ese relato no es menor. Después de un desastre, el tiempo político suele erosionar la memoria de las víctimas y diluir responsabilidades. Por eso la insistencia en no convertir a los damnificados en deudores tiene un valor más amplio: delimita una frontera entre reparación y negocio, entre asistencia y endeudamiento, entre derecho a la vivienda y captura privada de la emergencia.
El caso de Morena 312, en la colonia Del Valle, ilustra por qué el tramo final de la reconstrucción puede ser el más arduo. No se trató de reparar daños superficiales, sino de rehacer por completo un edificio con 22 pilas de cimentación de gran profundidad, contención de terreno, estabilización de colindancias y sistemas nuevos de agua, drenaje, electricidad y gas. Esa complejidad técnica explica por qué todavía quedan expedientes pendientes: no todos los inmuebles dañados presentan el mismo grado de afectación ni los mismos obstáculos legales. En algunos, el problema fue estructural; en otros, territorial; en otros más, la falta de acuerdo entre familias o la disputa sobre derechos de propiedad. La reconstrucción, en ese sentido, revela que la vulnerabilidad urbana no termina en el temblor; continúa en la administración del después.
Las casi 21 mil 500 familias que ya recibieron vivienda nueva o rehabilitada muestran un avance sustantivo, pero el dato también obliga a mirar a quienes siguen esperando. Cuando un proyecto de reparación pública se extiende durante años, la demora deja de ser solo administrativa y se vuelve socialmente costosa. Una familia que permanece en renta, en albergue o en condiciones precarias no enfrenta únicamente una incomodidad material; acumula endeudamiento, desgaste emocional, pérdida de redes vecinales y, en muchos casos, ruptura de su patrimonio. De ahí que el “último tramo” del que habló Inti Muñoz sea el más delicado: cada retraso prolonga el daño original y complica la reconstrucción de la vida cotidiana, no solo de los edificios.
El efecto político también es relevante. Al colocar la reconstrucción como responsabilidad pública y no como oportunidad de negocio, el gobierno actual se distancia de una etapa previa que quedó marcada por sospechas de intermediación privada y soluciones costosas para los afectados. Esa comparación sigue teniendo impacto porque la memoria del sismo de 2017 no desapareció; se convirtió en un referente sobre cómo no debe gestionarse una emergencia urbana. Para la próxima administración que enfrente un desastre de gran escala, el precedente es claro: la legitimidad no vendrá de anunciar obras, sino de evitar que la ayuda se convierta en deuda y de reducir al mínimo la distancia entre la tragedia y la entrega efectiva de una vivienda segura.
También hay una implicación urbana de largo plazo. La reconstrucción en zonas como Benito Juárez, donde conviven edificios antiguos, alta densidad y fuerte presión inmobiliaria, obliga a revisar los criterios con los que la ciudad autoriza, supervisa y asegura sus construcciones. No basta con reconstruir lo perdido; hay que corregir las condiciones que permitieron que un inmueble quedara en riesgo. Si ese aprendizaje no se institucionaliza, la ciudad quedará atrapada en una lógica repetitiva: cada gran sismo reabre las mismas fallas, los mismos litigios y la misma desigualdad frente al desastre. El dato de 97% es importante, pero su valor real dependerá de si el proceso deja reglas más firmes, supervisión más estricta y una política habitacional menos expuesta a la improvisación.
