Una propuesta de reforma a la Ley 59 avanza en la Asamblea Nacional de Panamá para corregir un vacío que afecta los ingresos de trabajadores con enfermedades crónicas. La iniciativa, impulsada por la diputada Paulette Thomas, busca garantizar que la permanencia en el empleo no implique una reducción drástica de salarios cuando los pagos dependen de comisiones, bonos o metas de gestión.
El problema central radica en que muchos empleados logran conservar su puesto tras diagnósticos prolongados, pero pierden acceso a incentivos variables al no cumplir objetivos por ausencias médicas justificadas. Esta situación ha motivado un conversatorio con pacientes, especialistas y representantes sectoriales para definir ajustes concretos.
Limitaciones detectadas en la norma vigente
La Ley 59, aprobada en 2005, protege contra el despido por condición de salud, pero no regula los efectos de tratamientos largos sobre la remuneración variable. Thomas señaló que los trabajadores sometidos a cirugías o citas periódicas mantienen su contrato, sin embargo ven afectados sus ingresos al no alcanzar indicadores de desempeño.
Las reformas propuestas incluyen procedimientos claros para acreditar la condición médica, plazos definidos para la evaluación del empleador y obligaciones mutuas durante el proceso. Estos mecanismos buscan reducir interpretaciones ambiguas y conflictos laborales.
Alcance actual de la Ley 59
La legislación prohíbe discriminación y exige autorización judicial previa para cualquier despido. Define enfermedades crónicas como aquellas con tratamiento paliativo superior a tres meses, entre ellas diabetes mellitus, cáncer, hipertensión arterial y VIH/Sida. También abarca patologías involutivas como esclerosis múltiple y degenerativas como artritis reumatoide.
El marco actual se centra en la estabilidad del puesto, pero no contempla la estructura moderna de compensación que incluye pagos por resultados. Esta brecha se ha vuelto más evidente con el paso de dos décadas desde su aprobación.
Contexto de salud pública
Los datos del Ministerio de Salud revelan que el 42% de la población panameña padece hipertensión arterial y cerca del 15% de mayores de 15 años vive con diabetes. La Caja de Seguro Social estima que más de la mitad de los habitantes presenta al menos una enfermedad crónica, lo que incrementa la presión sobre el mercado laboral.
Pacientes oncológicos como Michel Despaigne y Louris Higueral expusieron en el conversatorio las dificultades económicas derivadas de ausencias médicas, aun cuando conservaron su empleo. Coincidieron en la necesidad de mecanismos que eviten pérdidas salariales durante recuperaciones.
Las propuestas recogidas servirán de base para un proyecto de ley que actualizará la norma frente a las nuevas formas de remuneración. El objetivo es equilibrar la protección del trabajador con mayor seguridad jurídica para empleadores, adaptando la legislación a realidades vigentes sin alterar su propósito original de evitar despidos discriminatorios.
