Madrid, 10 jul (EFE).- La titular del juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda tomó declaración este viernes a los máximos responsables de Gruconsa, la empresa que ejecutó las reformas en el estadio La Cartuja durante la presidencia de Luis Rubiales en la Real Federación Española de Fútbol. La jueza Delia Rodríguez escuchó los testimonios de Francisco Oliva, CEO de la compañía, su hijo Jonathan Oliva y María Dolores Moral, quien figuraba como administradora en el momento de la adjudicación. Los tres comparecieron en calidad de investigados dentro del caso que analiza posibles irregularidades en la contratación de obras vinculadas a la Supercopa.
Contenido de los testimonios prestados
Según fuentes jurídicas consultadas, los declarantes respondieron exclusivamente a las preguntas formuladas por la magistrada y por el Ministerio Fiscal. En sus respuestas explicaron que el contacto inicial para participar en las obras del estadio sevillano llegó a través del empresario Ángel González Segura, hermano del que fuera responsable de asuntos jurídicos de la RFEF. Este vínculo les permitió conocer en 2018 a Francisco Javier Martín, conocido como Nené, amigo personal de Rubiales y también investigado en la causa. Nené participó en la coordinación de los trabajos de remodelación tras la decisión de la UEFA de situar la final de la Eurocopa 2020 en La Cartuja, una vez aplazada la competición por la pandemia.
Contexto contractual y marco temporal
La adjudicación de las obras se produjo cuando la RFEF necesitaba adaptar el recinto andaluz para acoger un evento de alto perfil internacional. Los investigados detallaron que su intervención se limitó a la ejecución material de los trabajos encomendados, sin participar en la fase de licitación ni en las decisiones de adjudicación directa. El relato sitúa el primer contacto en 2018, momento en que ya se conocía la posibilidad de que Sevilla acogiera la final europea, y se extiende hasta la finalización de las reformas previas al partido de 2021. Esta cronología resulta relevante para la instrucción porque permite situar las decisiones en el periodo en que Rubiales presidía la federación.
El caso Supercopa investiga un presunto delito de administración desleal y corrupción entre particulares. La jueza prorrogó la instrucción otros seis meses el pasado 2 de junio, lo que indica que aún quedan diligencias pendientes. Entre ellas figuran declaraciones de otros investigados que todavía no han comparecido. La RFEF, por su parte, ya ha entregado a la magistrada todas las actas del ejercicio 2024 que le fueron requeridas, un paso que completa parte de la documentación solicitada sobre la gestión federativa.
Estado actual de la investigación
La causa se centra en determinar si existieron irregularidades en la selección de proveedores y en el control de los fondos destinados a las obras de La Cartuja. Las declaraciones de los responsables de Gruconsa aportan información sobre el origen del contrato y las personas intervinientes, pero no resuelven por sí solas las cuestiones de fondo que la juez debe aclarar. La instrucción sigue abierta y el análisis de los documentos remitidos por la federación permitirá contrastar las versiones ofrecidas con los registros internos de la entidad.
La comparecencia de los tres investigados de Gruconsa constituye un paso más dentro de un procedimiento que mantiene varias líneas de investigación activas. La jueza continúa recabando pruebas para establecer si las decisiones adoptadas durante la presidencia de Rubiales se ajustaron a los procedimientos internos de la RFEF y a la normativa aplicable en materia de contratación pública y privada. Mientras tanto, la federación mantiene su colaboración con el juzgado mediante la entrega de la documentación solicitada.
