El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ordenó suspender hasta el 20 de agosto la firma de nuevos contratos y los movimientos de personal en esa cartera, en una decisión que busca revisar los compromisos administrativos heredados de la transición entre el gobierno de Gustavo Petro y la nueva administración de Abelardo de la Espriella. La medida quedó consignada en una circular interna expedida el 7 de agosto, fecha de inicio del nuevo Gobierno, y fija un periodo de 13 días en el que cada dependencia deberá pedir autorización expresa del despacho ministerial para avanzar en actuaciones contractuales o de personal.
Según la información divulgada por Semana, la instrucción cubre tanto la celebración de nuevos contratos como prórrogas, adiciones y modificaciones de acuerdos ya vigentes. En la práctica, el Ministerio del Interior quedaría con una capa adicional de control sobre decisiones que comprometen recursos públicos o alteran la composición de su planta y de sus equipos de apoyo. El alcance es amplio: incluye contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, además de cualquier negocio jurídico con impacto presupuestal, sin importar su modalidad.
Un filtro previo para nombramientos y encargos
La circular también introduce un control previo para nombramientos, encargos, comisiones y cualquier otra forma de vinculación dentro de la cartera. La orden fue dirigida a viceministros, secretaria general, directores, subdirectores, jefes de oficina, asesores, coordinadores y demás funcionarios con facultades para contratar o vincular personal. Durante el lapso establecido, ninguna dependencia podría formalizar estas decisiones sin revisión y autorización del despacho de Lara.
La medida no equivale a una parálisis absoluta. El documento prevé excepciones para trámites estrictamente necesarios para garantizar la prestación del servicio público, cumplir obligaciones legales o atender órdenes judiciales. También podrían seguir adelante actuaciones cuya suspensión comprometa el funcionamiento esencial de la entidad o aquellas asociadas con una urgencia manifiesta. Aun así, incluso en esos escenarios, las dependencias tendrían que informar y someter las actuaciones a consideración del ministro.
El trasfondo político y administrativo explica la urgencia de la revisión. En las últimas semanas del gobierno anterior se conocieron alertas sobre el ritmo de contratación estatal. Datos de la Contraloría indican que entre el 22 de junio y el 21 de julio se suscribieron 14.414 contratos, una cifra 22,5 % superior a la registrada en un periodo comparable cuatro años atrás. Ese aumento ha llevado a examinar con más detalle varios actos administrativos firmados en la recta final de la transición.
La transición bajo observación
Entre los casos citados figuran un proceso de contratación de la Unidad Nacional de Protección por más de $78.000 millones, más de 1.000 contrataciones directas en la Agencia Nacional de Tierras y nombramientos diplomáticos realizados por la Cancillería semanas antes de la llegada de la nueva administración. A ello se sumó la decisión del Departamento Administrativo de la Presidencia de declarar hábiles varios sábados, domingos y el festivo del 20 de julio para adelantar procesos contractuales, una medida que amplió el escrutinio sobre el cierre del gobierno anterior.
La llegada de Lara al Ministerio del Interior quedó formalizada mediante el Decreto 1136 del 7 de agosto de 2026, con el que también se oficializó el gabinete inicial de Abelardo de la Espriella. El decreto estableció los nombramientos de los 18 ministros que arrancaron funciones con la nueva administración. Junto a Lara fueron designados, entre otros, Omar Nicolás Bula Escobar en Relaciones Exteriores, Miguel Gómez Martínez en Hacienda y Crédito Público, Iván Alfonso Cancino González en Justicia y del Derecho, y Jorge Eduardo Mora López en Defensa Nacional.
La decisión de congelar contratos y movimientos internos sugiere una estrategia de control político y administrativo en los primeros días del Gobierno. Más que una medida aislada, funciona como señal de arranque: la nueva administración quiere revisar el estado real de los compromisos heredados antes de permitir nuevas obligaciones. En un ministerio con peso en la relación entre el Ejecutivo, las regiones y los actores políticos, ese examen anticipa una etapa de mayor vigilancia sobre la contratación y sobre los nombramientos que suelen acompañar los cambios de gobierno.
