San Victorino, uno de los principales núcleos del comercio popular y mayorista de Bogotá, entra al último tramo de 2026 con una alerta que trasciende a sus vitrinas: las ventas han caído entre 40% y 50%, según la concejal Cristina Calderón Restrepo. El descenso pone bajo tensión una cadena que reúne a unos 25.000 empresarios y de la que dependen 23.800 empleos directos e indirectos. La preocupación se concentra en los próximos cuatro meses, cuando el sector suele recuperar liquidez, saldar obligaciones y asegurar la continuidad de talleres y negocios para el año siguiente.
La gravedad no está solo en el porcentaje de caída, sino en el momento en que ocurre. Amor y Amistad, las compras mayoristas de octubre, Black Friday, Cyberlunes y diciembre conforman el calendario comercial que históricamente compensa los meses de menor movimiento. Si esa ventana no produce el repunte esperado, muchos establecimientos no tendrán margen para equilibrar caja, reponer inventarios ni conservar sus nóminas. Por eso, la temporada de fin de año aparece menos como una oportunidad adicional y más como una prueba de supervivencia para la economía formal del sector.
Una caída que se propaga más allá de los locales
San Victorino no funciona únicamente como un punto de venta al detal. Sus 54 centros comerciales, distribuidos en 17 manzanas y visitados por cerca de 90.000 personas al día, articulan pedidos para comerciantes de distintas regiones del país. Cuando disminuye la compra mayorista, el efecto se desplaza rápidamente hacia confeccionistas, talleres familiares, proveedores de insumos, empresas satélite y transportadores. La reducción de ventas, por tanto, no debe leerse como un problema limitado a los arrendatarios de un local: afecta el volumen de producción y la circulación de ingresos de una red laboral extensa.
Los testimonios recogidos por el despacho de Calderón ilustran esa contracción. Iván Lozano, comerciante de ropa, aseguró que pasó de operar tres locales a mantener solo uno, después de varios años de ventas insuficientes. En el sector químico, Angélica Daza reportó que su empresa redujo la planta de 15 a 11 trabajadores. Son casos particulares, pero muestran el mecanismo del ajuste: antes de cerrar completamente, los negocios recortan puntos de venta, reducen inventario y disminuyen empleo. Esa secuencia puede contener pérdidas en el corto plazo, aunque debilita la capacidad productiva del sector cuando la demanda eventualmente se recupera.
El comercio digital cambió la ruta de las compras
La denuncia señala a las plataformas asiáticas como uno de los factores que han alterado el mercado. Las transacciones de comercio electrónico crecieron 19,9% y superaron los 684 millones de operaciones, de acuerdo con la información divulgada por la concejal. Ese crecimiento no implica por sí mismo una pérdida para el comercio nacional, pero sí ha cambiado la ruta entre proveedor, intermediario y consumidor. Productos que antes llegaban a través de distribuidores locales pueden adquirirse ahora directamente desde plataformas internacionales, reduciendo pedidos a mayoristas instalados en Bogotá.
La ventaja de estas plataformas no depende únicamente de la compra digital. Para comerciantes de San Victorino, el problema radica en que compiten con mercancías importadas bajo estructuras de costos que perciben como distintas a las que enfrenta un negocio formal colombiano. Leidy Betancourt, gerente de Aso San Victorino, vinculó la presión competitiva con el ingreso diario de unas 600 toneladas de paquetes de diferentes productos al país. Aunque ese dato no permite atribuir todo el volumen al segmento de confección o a una sola plataforma, sí refleja una escala logística que ha ampliado la oferta disponible para el consumidor.
La asimetría se agrava con costos e informalidad
El argumento central de los comerciantes no es que deba frenarse el comercio electrónico, sino que la competencia requiere condiciones comparables. Los establecimientos formales pagan arriendo, IVA, aranceles, nómina legal y otras obligaciones. Según los datos presentados por Calderón, estas cargas pueden representar cerca del 35% de los costos de un negocio. Esa estructura se vuelve especialmente pesada cuando la demanda cae, porque varios de esos gastos permanecen fijos incluso si el local vende menos.
A esta presión se suma la venta informal en el espacio público. La denuncia incluye señalamientos sobre ocupación de zonas peatonales y posibles cobros irregulares por segmentos de andén, con montos que en algunos casos llegarían a $2 millones mensuales. Tales afirmaciones requieren verificación y determinación de responsabilidades por parte de las autoridades, pero describen un problema relevante: la informalidad no solo compite por precio, también modifica la movilidad, la seguridad y la visibilidad comercial en áreas de alta afluencia. Cuando el espacio público se convierte en un activo controlado informalmente, los costos de operar formalmente aumentan sin que el comerciante reciba una contraprestación equivalente.
Los operativos son necesarios, pero no resuelven la demanda
Durante 2026 se realizaron 29 operativos en el área señalada, con la incautación de 14 toneladas de estructuras y mercancía y la recuperación de 2.500 metros cuadrados de espacio público. Estas intervenciones son relevantes para restablecer la circulación y limitar apropiaciones privadas de zonas comunes. Sin embargo, su efecto económico será parcial si no se acompaña de medidas que atiendan el problema de fondo: la pérdida de pedidos mayoristas y la transformación de los hábitos de compra.
La recuperación de San Victorino dependerá de que las autoridades distingan entre dos frentes que deben abordarse al mismo tiempo. El primero es el control efectivo de la informalidad y de eventuales redes de cobro ilegal. El segundo es la adaptación competitiva de los negocios formales frente a un mercado digital de escala global. Facilitar canales de venta en línea para pequeños comerciantes, fortalecer la trazabilidad de importaciones y reducir barreras operativas para quienes cumplen obligaciones puede resultar más decisivo que limitarse a operativos puntuales.
Diciembre definirá si la caída actual es una desaceleración que el sector logra absorber o el inicio de una reducción más profunda de su capacidad comercial y productiva. Para San Victorino, cuadrar caja al cierre del año no es una expresión contable menor: determina la continuidad de locales, talleres y empleos conectados a una de las redes económicas más densas de Bogotá.
