La Superintendencia Financiera emitió la Resolución 0925 de 2026 que autoriza a Scotiabank a instalar una oficina de representación en Bogotá. Esta decisión llega ocho meses después de que el grupo canadiense completara la integración de sus operaciones minoristas con Davivienda y conserva una participación del 20,32 % en el holding resultante. El permiso se limita estrictamente a actividades de promoción, publicidad y enlace corporativo, sin capacidad para captar depósitos del público colombiano.
El alcance aprobado cubre productos de The Bank of Nova Scotia, Scotia Capital Inc., Scotia Capital (USA) Inc. y The Bank of Nova Scotia Trust Company (Bahamas). Ningún otro servicio podrá ofrecerse sin un nuevo aval expreso del regulador. La oficina no podrá iniciar operaciones hasta que su representante legal cumpla los requisitos de posesión y la entidad se registre como establecimiento de comercio ante la Cámara de Comercio de Bogotá.
La resolución 0925 como ancla regulatoria
El texto de la resolución resulta notablemente restrictivo. Establece de forma literal que la oficina “podrá promocionar y publicitar única y exclusivamente los productos descritos en el considerando octavo”. Esta redacción elimina cualquier margen de interpretación y obliga a Scotiabank a ceñirse a un menú cerrado de servicios de banca corporativa, inversión, gestión patrimonial y mercados de capitales. En la práctica, el regulador ha creado un canal de comunicación unidireccional que no compite directamente con las redes de captación y colocación de Davivienda.
La medida refleja una estrategia más amplia de la Superintendencia para gestionar la presencia de bancos extranjeros después de procesos de consolidación. Al autorizar solo una oficina de representación, el supervisor mantiene el control sobre la expansión futura y evita que el retorno de Scotiabank se perciba como una reversión de la integración ya aprobada.
El momento elegido: ocho meses después de la integración
El calendario de la autorización no es casual. En noviembre de 2025 se aprobó la fusión de los negocios de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica con Davivienda. En abril de 2026 se cerró definitivamente la marca Scotiabank Colpatria y se migraron los canales digitales. La oficina de representación aparece ahora, cuando los sistemas ya están unificados y los clientes han sido transferidos. Esta secuencia sugiere que el regulador esperó a verificar la estabilidad operativa antes de permitir cualquier actividad promocional del grupo canadiense.
Para Scotiabank, el momento coincide con su estrategia global de concentrar operaciones en Norteamérica mientras mantiene presencia ligera en mercados seleccionados de América Latina. La participación accionaria del 20,32 % en Davivienda Group funciona como un ancla financiera que justifica mantener un punto de contacto institucional sin incurrir en los costos de una operación bancaria completa.
Implicaciones para el ecosistema financiero colombiano
La decisión afecta principalmente al segmento corporativo y de altos patrimonios. Empresas que requieran productos de banca de inversión o acceso a mercados de capitales internacionales ahora contarán con un canal directo hacia el grupo canadiense. Esta opción podría intensificar la competencia en asesoría de emisiones y financiamiento estructurado, donde Davivienda ya compite con otros jugadores locales e internacionales.
Los clientes minoristas, en cambio, no percibirán cambios inmediatos. Sus productos permanecen bajo la marca Davivienda y la nueva oficina no tiene facultad para ofrecerlos. Sin embargo, la presencia de Scotiabank como accionista relevante podría generar expectativas de futuras sinergias en productos de inversión que aún no están autorizados.
Tres lecturas sobre el movimiento
La primera lectura apunta a una estrategia de “huella ligera”. Scotiabank conserva influencia accionaria y capacidad de promoción sin asumir los costos regulatorios y operativos de una entidad de captación. Esta fórmula resulta atractiva en mercados donde el retorno de capital ajustado por riesgo es inferior al de Norteamérica.
La segunda lectura destaca el papel del regulador como árbitro de la competencia post-fusión. Al limitar estrictamente el alcance de la oficina, la Superintendencia reduce el riesgo de que el accionista minoritario utilice información privilegiada o canalice clientes hacia productos que compitan directamente con Davivienda. La resolución funciona como un cortafuegos institucional.
La tercera lectura se refiere al posible efecto demostración para otros grupos extranjeros. Si la oficina opera sin contratiempos, podría abrir la puerta a solicitudes similares de entidades que vendieron operaciones minoristas pero desean mantener vínculo promocional. El precedente queda establecido con claridad.
Perspectivas de los actores involucrados
Desde el punto de vista de Scotiabank, la oficina representa un mecanismo eficiente para seguir atendiendo clientes corporativos y patrimoniales sin duplicar infraestructura. La participación del 20,32 % en Davivienda Group sigue generando dividendos y la oficina permite reforzar la relación con esos mismos clientes a través de productos internacionales.
Davivienda, por su parte, observa el movimiento con atención. Aunque la resolución prohíbe la captación de depósitos, cualquier ampliación futura del catálogo de productos requerirá nuevo aval. La entidad resultante de la fusión mantiene ventaja competitiva en red física y canales digitales, pero deberá monitorear si Scotiabank logra capturar cuota en segmentos de mayor margen.
El regulador, finalmente, ha optado por una vía intermedia entre la apertura total y la prohibición. La exigencia de registro ante la Cámara de Comercio y la posesión del representante legal añade capas de supervisión que permiten reaccionar rápidamente ante cualquier desviación del mandato original.
Riesgos y escenarios futuros
El principal riesgo radica en la posible presión para ampliar el catálogo de productos autorizados. Si clientes corporativos demandan servicios adicionales no contemplados en la resolución, Scotiabank podría solicitar extensiones que, de aprobarse, alterarían el equilibrio actual. El regulador tendría entonces que evaluar si tales ampliaciones afectan la competencia o la estabilidad del sistema.
Otro riesgo es reputacional. Cualquier incidente operativo o queja de clientes atendidos a través de la oficina podría vincularse públicamente a Scotiabank, incluso cuando los productos se originen en filiales internacionales. La distancia entre la oficina de representación y las matrices exige protocolos claros de comunicación y cumplimiento.
En términos de tendencia, la fórmula de oficina de representación con participación accionaria minoritaria podría replicarse en otros mercados donde Scotiabank ha reducido su huella. Colombia se convierte así en un laboratorio para un modelo de presencia selectiva que equilibra rentabilidad, control regulatorio y relación con el socio local. El desarrollo de este experimento dependerá de la capacidad de todas las partes para respetar los límites establecidos en la Resolución 0925 de 2026.
