El proyecto offshore Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas, volvió a colocar los recursos energéticos en el centro de la disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. El presidente Javier Milei advirtió que su gobierno aplicará medidas para impedir que empresas extranjeras exploten recursos que Buenos Aires considera argentinos y anunció un decreto para acelerar las sanciones previstas por la Ley 26.659.
Un desarrollo con fecha y escala
Sea Lion es una iniciativa conjunta de la israelí Navitas Petroleum, operadora y dueña del 65%, y la británica Rockhopper Exploration, que conserva el 35%. El yacimiento fue descubierto en 2010, pero alcanzó una definición decisiva en diciembre de 2025, cuando ambas compañías aprobaron la inversión final. En la industria, ese paso indica que la viabilidad técnica y económica del proyecto ya fue confirmada.
El campo se encuentra a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, a 450 metros de profundidad, y cuenta con reservas probadas y probables estimadas en 314 millones de barriles. La primera fase prevé producir 50.000 barriles diarios y obtener el primer crudo en marzo de 2028, con una inversión de 1.800 millones de dólares hasta ese momento. La explotación completa demandaría otros 2.100 millones y tendría una duración proyectada de 30 años.
El plan contempla más de 60 pozos submarinos distribuidos en dos áreas y cuatro fases. La segunda área comenzaría a producir hacia fines de 2030, lo que convertiría a Sea Lion en un desarrollo sostenido y no en una operación exploratoria aislada.
El conflicto jurídico y diplomático
Argentina sostiene que la explotación unilateral contradice las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a no modificar la situación de las islas mientras continúe la negociación de soberanía. La Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con proyectos en el área. El avance de Sea Lion transforma así una disputa histórica en una presión concreta: la producción petrolera podría consolidar intereses económicos y reforzar la presencia británica en el Atlántico Sur.
