Estados Unidos podría eliminar en los próximos días el arancel de 12,5% aplicado a productos colombianos, según la información transmitida por el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, Javier Díaz. La expectativa está ligada a la publicación para comentarios de un decreto colombiano destinado a controlar el ingreso de bienes, materias primas e insumos elaborados con trabajo forzoso en otros países. Si Washington considera suficiente ese avance regulatorio, el gravamen podría reducirse a cero.
La eventual decisión tendría un efecto inmediato sobre 1.751 empresas colombianas, particularmente en actividades intensivas en mano de obra y con alta dependencia del mercado estadounidense. No se trata solamente de una reducción de costos en frontera: la eliminación del arancel restauraría competitividad frente a proveedores de otros países y daría mayor previsibilidad a contratos de exportación que hoy incorporan el sobrecosto como un riesgo comercial.
Una exigencia regulatoria, no una acusación directa
El punto central de la negociación no es que Estados Unidos haya identificado prácticas directas de trabajo forzoso en Colombia. De acuerdo con Díaz, la solicitud estadounidense consistía en que el país adoptara un instrumento jurídico capaz de impedir o gestionar el riesgo de ingreso de productos elaborados bajo esas condiciones en terceros mercados. La diferencia es relevante: el debate se concentra en la trazabilidad y en la capacidad institucional de controlar cadenas internacionales de suministro, no en una sanción sobre la producción colombiana.
El decreto en discusión plantea un sistema de gestión del riesgo y no una prohibición automática sobre todos los bienes de determinados orígenes. Ese enfoque puede ser determinante para que la medida sea viable. Una restricción absoluta elevaría costos administrativos y podría interrumpir importaciones legítimas; un esquema basado en análisis de riesgo permite concentrar la vigilancia en proveedores, sectores y operaciones con señales verificables de incumplimiento.
La demora dejó expuesta a la relación comercial
Analdex ha cuestionado que el instrumento no hubiera sido expedido antes. Díaz atribuyó el retraso a diferencias y trámites entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Más allá de la controversia política, el episodio muestra una vulnerabilidad institucional: una regulación interna pendiente terminó condicionando el acceso preferencial de exportadores colombianos al principal destino de sus ventas externas.
La negociación también adquirió un carácter más urgente después del terremoto del 10 de agosto de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella solicitó a Donald Trump suspender los aranceles como una medida de apoyo a las empresas afectadas por la crisis. Diez días después, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, se reunió con el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, para abordar la recuperación y la reconstrucción.
El comercio entra en la agenda de reconstrucción
En esa reunión, Greer expresó solidaridad con Colombia y reiteró el interés de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, en fortalecer los vínculos económicos entre ambos países. También mencionó la posibilidad de avanzar con rapidez hacia un Acuerdo sobre Comercio Recíproco. Gómez Amín respondió que Colombia está dispuesta a acelerar la agenda bilateral, bajo la premisa de que una coyuntura extraordinaria exige decisiones que produzcan oportunidades concretas para la recuperación económica.
La eliminación del arancel sería, por tanto, una señal política y económica. Para Colombia, aliviaría el costo de exportar en un momento de presión sobre empresas y regiones afectadas por el sismo. Para Estados Unidos, representaría una forma de respaldar la reconstrucción sin alterar el objetivo regulatorio de impedir que las cadenas comerciales sirvan de canal para bienes producidos con trabajo forzoso.
Un alivio importante, pero parcial
El posible desmontaje del 12,5% no resolvería todos los frentes arancelarios que enfrenta Colombia. Siguen pendientes las medidas estadounidenses sobre hierro, acero y aluminio, que, según Analdex, afectan a cerca de 2.490 empresas. Esa cifra revela que el anuncio esperado tendría un alcance significativo, aunque no permitiría afirmar que la relación comercial quedó normalizada ni que desaparecieron las restricciones para los exportadores industriales.
Estados Unidos concentra aproximadamente 30% de las exportaciones colombianas. Esa dependencia explica la insistencia de Díaz en que el país no puede tratar ese mercado como un destino más. La lógica empresarial es clara: cuando un arancel se aplica sobre una parte relevante de la oferta exportadora, su impacto no se limita a la empresa que vende directamente; alcanza proveedores, transportadores, trabajadores y territorios vinculados a esas cadenas productivas.
Diversificar sin debilitar el mercado principal
La discusión ha reabierto un dilema frecuente de la política comercial colombiana: profundizar la relación con Estados Unidos o buscar nuevos compradores. Para Analdex, ambas tareas son complementarias. Diversificar reduce la exposición a decisiones regulatorias o políticas de un solo socio, pero no sustituye de inmediato el tamaño, la cercanía logística y la demanda del mercado estadounidense. La estrategia más consistente combina defensa de los canales consolidados con apertura de destinos adicionales.
En ese marco, el gremio propuso restablecer plenamente la relación comercial con Israel y reanudar las ventas de carbón. Díaz sostuvo que el Gobierno busca autorizar nuevamente esos despachos y que representantes de la embajada israelí han manifestado interés por el carbón colombiano. Sin embargo, la operación comercial requeriría más que una autorización puntual: Analdex plantea reactivar de forma completa el Tratado de Libre Comercio entre ambos países.
La posición gremial se apoya en que, pese al anuncio del anterior Gobierno sobre la denuncia del acuerdo, la ley que lo ratificó continúa vigente en el ordenamiento colombiano. Según Díaz, un decreto no puede derogar una ley de la República. El paso siguiente sería un intercambio de notas diplomáticas entre las cancillerías para dejar nuevamente activo el tratado. La negociación con Washington y la eventual reactivación con Israel muestran que la recuperación exportadora dependerá tanto de decisiones arancelarias como de la capacidad del Estado para convertir compromisos políticos en reglas operativas y estables.
