El Gobierno de Claudia Sheinbaum propone reformar la Ley de Inversión Extranjera para que las adquisiciones de más de 49% de empresas mexicanas por capital extranjero enfrenten una revisión adicional cuando involucren sectores sensibles. Sedena, Semar y la SSPC obtendrían voz y voto en la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, que actualmente reúne a dependencias económicas y administrativas.
Alcance aún incierto
La medida abarcaría actividades como energía, minería, comunicaciones, infraestructura, datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, semiconductores y biotecnología. No aplicaría automáticamente a toda inversión: además de superar el 49% del capital social, la operación tendría que rebasar un umbral de activos fijos que todavía no ha sido definido. Ese vacío impide calcular cuántas transacciones requerirían autorización previa.
La iniciativa introduce formalmente el criterio de seguridad nacional en la evaluación de compras extranjeras. Sedena, Marina y Seguridad no podrían vetar por sí solas una operación, pues las decisiones seguirían correspondiendo al órgano colegiado. La FGR, el CNI, el SAT y la UIF participarían con voz, pero sin voto.
La certeza será decisiva
Especialistas advierten que una definición amplia de “amenaza a la seguridad nacional” puede elevar costos, retrasar cierres y desincentivar capital en industrias que dependen de financiamiento internacional. El debate legislativo deberá precisar criterios, plazos, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas. Sin esas salvaguardas, una revisión concebida para proteger infraestructura crítica podría convertirse en un factor de incertidumbre para inversiones productivas. La reforma sigue siendo una propuesta y aún no está vigente.
