La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República mantiene al menos dos investigaciones de gran alcance sobre el delito de huachicol fiscal, un esquema que combina importaciones irregulares y documentos falsificados para evadir el pago de impuestos sobre combustibles. Las indagatorias se suman a otras tres carpetas ya abiertas y a expedientes derivados de aseguramientos en carreteras, en un contexto donde las pérdidas para el erario superan los 300 millones de pesos en un solo caso.
El caso del buque Challenge Procyon
Una de las investigaciones principales surgió en marzo de 2025 tras la llegada al puerto de Tampico de un buque con cargamento de diésel que no coincidía con los permisos presentados ante aduanas. La Secretaría de Marina y la FGR iniciaron una pesquisa que derivó en detenciones múltiples, incluidas las de un contralmirante y varios operadores identificados con alias. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, el esquema generó pérdidas estimadas en 301 millones de pesos y produjo al menos diez arrestos. Varios implicados poseen doble nacionalidad y residen actualmente en Estados Unidos, por lo que México solicitó su extradición.
Este episodio ilustra la complejidad logística del contrabando fiscal: el uso de buques para introducir volúmenes significativos de hidrocarburos que luego se distribuyen mediante redes terrestres. La participación de funcionarios navales y empresarios binacionales sugiere que las redes aprovechan vacíos en la coordinación entre aduanas, marina y autoridades judiciales de ambos países.
La ruta ferroviaria desde Estados Unidos
La segunda investigación se centra en vagones de ferrocarril que cruzaron la frontera norte transportando tanques de combustible sin la documentación adecuada. Sheinbaum señaló que esta carpeta también ha derivado en una pesquisa de gran escala que la FGR continúa desarrollando. A diferencia del caso del buque, las autoridades mexicanas han mantenido mayor reserva sobre los detalles, probablemente para evitar alertar a los involucrados.
El esquema ferroviario complementa la vía marítima y muestra cómo el huachicol fiscal utiliza múltiples modalidades de transporte para reducir riesgos de detección. La proximidad de la frontera facilita el movimiento de volúmenes que, una vez dentro del país, se comercializan mediante empresas fachada.
Sanciones de Estados Unidos y respuesta mexicana
El anuncio de Sheinbaum coincide con sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro contra dos mexicanos y nueve empresas vinculadas presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades estadounidenses acusan a la red de utilizar documentos aduaneros falsificados para importar hidrocarburos y lavar ganancias mediante bienes raíces y activos de inversión. La Unidad de Inteligencia Financiera de México bloqueó las cuentas de los señalados tras detectar discrepancias entre ingresos declarados y movimientos financieros.
La coordinación entre OFAC y la UIF refleja un patrón creciente de colaboración bilateral en materia de lavado de activos derivados del contrabando de combustibles. Sin embargo, persiste la tensión sobre la atribución de responsabilidades: mientras Washington vincula directamente a organizaciones criminales, las autoridades mexicanas enfatizan el papel de empresarios y funcionarios que operan con apariencia de legalidad.
Implicaciones para el control del huachicol fiscal
El combate al huachicol fiscal enfrenta desafíos estructurales distintos al robo de combustible en ductos. Requiere vigilancia aduanera reforzada, cruce de información entre México y Estados Unidos, y capacidad para rastrear cadenas de lavado que involucran sectores inmobiliario y financiero. Las investigaciones anunciadas por Sheinbaum sugieren que el gobierno prioriza ahora el componente fiscal del delito, que genera pérdidas directas al erario sin necesidad de perforar infraestructura.
No obstante, la eficacia de estas pesquisas dependerá de la velocidad con la que se obtengan extradiciones y se desmantelen las redes logísticas. El hecho de que varios implicados residan en territorio estadounidense plantea interrogantes sobre la disposición de ambos gobiernos a compartir pruebas y acelerar procesos judiciales en un contexto de relaciones bilaterales ya tensas por otros temas de seguridad.
La continuidad de al menos cinco carpetas de investigación activas indica que el problema no se limita a casos aislados. Las autoridades mexicanas han reforzado operativos en aduanas y carreteras, pero la persistencia de esquemas que combinan buques, ferrocarriles y camiones cisterna evidencia la necesidad de una estrategia más integral que combine inteligencia financiera, cooperación internacional y reformas regulatorias en el sector de importación de hidrocarburos.
