El gobernador Alfonso Durazo Montaño confirmó que Sonora esperará los resultados de la consulta nacional impulsada por el Gobierno federal antes de definir si regula o limita el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas. La postura evita, por ahora, una decisión aislada del estado y coloca el debate dentro de una discusión nacional sobre aprendizaje, convivencia escolar, salud mental y derechos de niñas, niños y adolescentes.
El mandatario sonorense expresó coincidencia con las medidas adoptadas en otras entidades, pero consideró prudente esperar las conclusiones del ejercicio ciudadano, aunque ello implique demorar un par de meses. La decisión refleja una tensión frecuente en las políticas educativas: existe presión para responder rápidamente a un problema visible, pero también el riesgo de aprobar restricciones generales sin suficiente evidencia, sin mecanismos de aplicación claros y sin considerar las diferencias entre comunidades escolares.
La presidenta de la República anunció consultas para elaborar una iniciativa nacional que regule el uso de dispositivos en los planteles, bajo el argumento de que pueden afectar el aprendizaje. Durazo sostuvo que la evolución tecnológica exige investigación sobre sus efectos, particularmente entre menores. Esa cautela puede favorecer una norma más consistente, siempre que la consulta no se convierta en una etapa meramente formal y que sus resultados sean traducidos en criterios verificables para escuelas, docentes y familias.
Una pausa que puede mejorar la decisión
Esperar la consulta nacional ofrece una ventaja institucional: reduce la posibilidad de que cada estado adopte reglas incompatibles. Si Sonora estableciera una prohibición mientras otras entidades optan por restricciones parciales o excepciones pedagógicas, las familias con estudiantes que cambian de escuela o se trasladan entre municipios enfrentarían criterios distintos. Una base común podría facilitar la capacitación, la comunicación con los padres y la evaluación de resultados.
La coordinación también permitiría distinguir entre usos que no tienen el mismo impacto. Un teléfono utilizado para revisar redes sociales durante una clase puede distraer, interrumpir la interacción y dificultar la concentración; el mismo dispositivo, en cambio, puede servir para consultar una fuente, realizar una actividad de accesibilidad, comunicarse ante una emergencia o apoyar a un estudiante con alguna discapacidad. Tratar todos esos casos como equivalentes produciría una política sencilla de anunciar, pero difícil de justificar y aplicar.
El tiempo adicional podría destinarse a reunir información de las escuelas sonorenses: edades de los estudiantes, disponibilidad de internet, frecuencia de incidentes, condiciones de seguridad, opiniones docentes y efectos observados en el desempeño. No es lo mismo regular un teléfono inteligente personal en una secundaria urbana que una tableta entregada por el sistema educativo en una comunidad rural. La evidencia local ayudaría a evitar que una política nacional ignore desigualdades que ya condicionan el acceso y el uso de la tecnología.
El beneficio esperado: más atención, no menos aprendizaje digital
La preocupación por la distracción tiene fundamentos razonables. Las notificaciones, los videojuegos, las redes sociales y la comunicación constante pueden fragmentar la atención, especialmente cuando el estudiante carece de hábitos de autorregulación. En grupos numerosos, un docente puede tener dificultades para identificar si el dispositivo se usa con fines académicos o para actividades ajenas a la clase. Una regulación bien diseñada podría reducir interrupciones y devolver tiempo a la interacción directa, la lectura y el trabajo colaborativo.
También puede contribuir a mejorar la convivencia. El uso de cámaras y plataformas de mensajería dentro de los planteles puede facilitar prácticas de acoso, exposición de imágenes sin consentimiento, burlas y conflictos que continúan fuera del horario escolar. Limitar ciertos usos, establecer protocolos de resguardo y definir consecuencias proporcionales puede proteger a estudiantes y trabajadores de la educación, sin convertir el teléfono en el único responsable de problemas que requieren formación en ciudadanía digital y atención psicológica.
Sin embargo, el objetivo no debería ser expulsar la tecnología del proceso educativo. La alfabetización digital forma parte de las competencias que los alumnos necesitarán en la educación superior y el mercado laboral. Aprender a verificar información, proteger datos personales, administrar el tiempo de pantalla y comunicarse de manera responsable exige acompañamiento, no únicamente prohibiciones. Una escuela que solo confisca dispositivos puede reducir una conducta visible, pero dejar intacta la falta de criterios para usar la tecnología fuera del aula.
Cuando una restricción general crea nuevos problemas
El principal riesgo es que una medida uniforme termine afectando de manera desigual. Algunas familias pueden comprar computadoras, contratar internet y ofrecer espacios de estudio; otras dependen de un teléfono como su único dispositivo de conexión. Si la escuela restringe el celular sin proporcionar alternativas, ciertos estudiantes podrían perder acceso a materiales, plataformas, traducciones, herramientas de apoyo o comunicación indispensable con sus cuidadores.
La seguridad constituye otra zona delicada. Padres y tutores podrían oponerse a entregar los teléfonos durante toda la jornada por temor a emergencias, traslados inseguros o dificultades para localizar a sus hijos. La respuesta no puede consistir en dejar la regla a la discreción de cada docente. Sería necesario definir canales institucionales de comunicación, procedimientos para emergencias, lugares seguros para resguardar equipos y responsabilidades claras en caso de pérdida, daño o robo.
La aplicación de la norma también puede generar conflictos de autoridad. Si no se precisan las conductas sancionables, una revisión del dispositivo podría convertirse en una invasión de la privacidad. Fotografías, conversaciones, información médica y datos familiares quedarían expuestos si el personal escolar exige desbloquear un teléfono sin fundamento. La regulación debe diferenciar entre retirar temporalmente un aparato durante una actividad y acceder a su contenido, pues ambas acciones tienen implicaciones legales y éticas distintas.
Existe además un riesgo de criminalizar a los estudiantes. Medidas punitivas, como suspensiones recurrentes o retenciones prolongadas, pueden intensificar la confrontación y afectar más a quienes presentan dificultades de atención, problemas familiares o necesidades específicas. Una política eficaz tendría que priorizar advertencias, acuerdos de uso, participación de las familias y apoyos educativos antes que castigos que los alejen de las aulas.
La consulta nacional tendrá que resolver las excepciones
La legitimidad de la consulta dependerá de quién participe y de cómo se incorporen sus resultados. Escuchar a autoridades y organizaciones civiles será insuficiente si no se incluyen estudiantes, docentes, directivos, madres y padres, especialistas en desarrollo infantil y comunidades con distintas condiciones de conectividad. También será importante publicar la metodología, el alcance de las opiniones recibidas y los criterios utilizados para convertirlas en una iniciativa legislativa o administrativa.
Más complejo aún será definir excepciones. Estudiantes con discapacidades pueden requerir aplicaciones de comunicación, lectores de pantalla o dispositivos especializados. Algunos jóvenes enfrentan tratamientos médicos y necesitan monitorear signos o recibir alertas. En comunidades con infraestructura limitada, el teléfono puede ser la herramienta disponible para realizar tareas. Las escuelas deben poder autorizar usos justificados sin crear trámites tan pesados que vuelvan impracticable el apoyo.
La consulta también debería abordar la responsabilidad de las plataformas y de los fabricantes. La distracción no depende solo del aparato, sino de aplicaciones diseñadas para retener la atención, de la publicidad dirigida a menores y de la falta de controles familiares. Una política centrada exclusivamente en el comportamiento del alumno trasladaría todo el peso a las escuelas, aunque buena parte del entorno digital opere fuera de su control.
Qué debería observar Sonora mientras espera
Durante los meses de espera, el estado podría implementar acciones de bajo riesgo que no anticipen una prohibición definitiva. Entre ellas se encuentran acuerdos escolares sobre horarios sin celular, espacios de resguardo voluntario, campañas de ciudadanía digital, capacitación para docentes y protocolos contra la difusión no consentida de imágenes. Estas medidas permitirían atender problemas inmediatos y generar datos sobre qué funciona antes de adoptar una regla de mayor alcance.
También sería conveniente establecer indicadores para evaluar cualquier futura política: niveles de atención, incidentes de acoso digital, cumplimiento docente, pérdida o daño de dispositivos, percepción de seguridad y resultados académicos. Sin mediciones comparables, una reducción de teléfonos visibles podría confundirse con una mejora del aprendizaje. La evaluación tendría que considerar, además, el impacto en estudiantes con discapacidad y en escuelas rurales o con menor disponibilidad de recursos.
La postura de Durazo deja abierta una oportunidad, pero no elimina la incertidumbre. La consulta puede producir una regulación equilibrada o una respuesta política basada en la preocupación social del momento. Sonora tendrá que decidir si adopta el modelo nacional de manera automática, si desarrolla reglas complementarias o si mantiene un esquema propio. La calidad de esa decisión dependerá menos de la rapidez con que se anuncie que de la capacidad para combinar límites claros, protección de derechos, alternativas pedagógicas y acompañamiento a las familias.
El debate sobre celulares en las aulas no debería reducirse a permitirlos o prohibirlos. La cuestión central es quién controla el uso, con qué propósito, bajo qué salvaguardas y con qué consecuencias. Si la política logra disminuir distracciones sin excluir herramientas útiles ni vulnerar la privacidad, podría fortalecer el entorno escolar. Si se aplica como una prohibición rígida y sin recursos, corre el riesgo de desplazar el problema, aumentar los conflictos y profundizar las brechas que pretende corregir.
