Los peruanos que viven fuera del país ya cuentan con una vía más rápida para encargar trámites legales y comerciales en el Perú sin tener que regresar. A través del servicio de poderes consulares, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) permite que un ciudadano otorgue facultades a un tercero para actuar en su nombre ante distintas gestiones, una herramienta que en la práctica reduce traslados, costos y tiempos de espera para una comunidad migrante dispersa en varios continentes.
De acuerdo con información difundida por Andina Noticias, hasta la fecha se han tramitado 45.797 documentos en 108 consulados peruanos ubicados en distintas partes del mundo. La demanda confirma que el mecanismo no es marginal: responde a necesidades frecuentes de la diáspora peruana, desde operaciones patrimoniales hasta procedimientos bancarios y administrativos que, sin esta figura, exigirían presencia física en territorio nacional.
Estados Unidos concentra la mayor demanda
El mayor volumen de atenciones se registra en Estados Unidos, con 19.322 documentos gestionados, seguido por España, con 10.861; Italia, con 5.623; Argentina, con 1.812; Japón, con 1.501; y Canadá, con 1.010. También aparecen Chile, Alemania, Francia y Suiza entre los países con más solicitudes. La distribución sugiere que el servicio está especialmente vinculado a destinos donde reside una población peruana numerosa y con vínculos económicos activos con el país.
Entre las operaciones más habituales figuran la compraventa de viviendas o vehículos, la apertura o cierre de cuentas bancarias y diversos trámites ante entidades públicas y privadas. El alcance del servicio es relevante porque convierte en gestión delegable actos que suelen requerir urgencia, especialmente cuando se trata de decisiones patrimoniales o financieras que no pueden esperar el retorno del titular al Perú.
La digitalización recorta plazos y gastos
Uno de los cambios más significativos se produjo con la implementación de la plataforma digital SID-Sunarp, que permite presentar de forma electrónica los poderes otorgados en consulados. Según Andina Noticias, el sistema puede reducir hasta en 60 días el tiempo que demanda este procedimiento. El ahorro no se limita al plazo: al reemplazar documentos físicos por partes electrónicos con firma digital del cónsul, también desaparecen costos por legalizaciones en papel y por el envío de expedientes hacia el Perú.
La tasa registral para inscribir el poder es de S/ 26,40 por cada apoderado designado. En términos prácticos, el costo final depende del número de personas autorizadas, pero el esquema digital apunta a abaratar la operación frente al circuito tradicional, donde la remisión de documentos y las validaciones presenciales elevaban el gasto total. Para quienes gestionan bienes, cuentas o mandatos desde el exterior, esa diferencia puede ser decisiva.
Más actos registrales desde los consulados
El servicio no solo cubre el otorgamiento de poderes. Sunarp amplió además las operaciones que pueden efectuarse mediante los consulados peruanos, entre ellas la revocación, ampliación, sustitución y rectificación de poderes dentro del Registro de Mandatos y Poderes. La ampliación del catálogo digital permite resolver cambios sobre actos ya inscritos sin depender de trámites fragmentados ni de envíos físicos sucesivos.
La autoridad registral sostiene que esta modernización también refuerza la seguridad jurídica. La eliminación del soporte físico reduce la exposición a falsificaciones de documentos públicos emitidos en el extranjero y mejora la trazabilidad de cada inscripción. En un sistema donde los poderes habilitan actos con efectos patrimoniales directos, la confiabilidad documental no es un detalle técnico, sino una condición central para que el mecanismo funcione sin abrir espacios a controversias posteriores.
El avance del servicio muestra una tendencia más amplia: la administración registral peruana está trasladando parte de sus procedimientos a canales digitales para atender a ciudadanos que ya no viven dentro de las fronteras, pero mantienen obligaciones y activos en el país. En ese contexto, los poderes consulares se han convertido en una pieza práctica para conectar la vida jurídica de la diáspora con el sistema registral peruano, sin exigir un retorno físico que, en muchos casos, resulta innecesario y costoso.
