El T-MEC enfrenta una presión creciente no por sus cláusulas jurídicas, sino por la pérdida sostenida de credibilidad institucional de México ante sus socios. Durante los dos sexenios recientes, señales reiteradas de debilitamiento del Estado de derecho, vínculos entre el partido oficial y grupos criminales, corrupción ascendente y una política exterior guiada por afinidades ideológicas han erosionado la certidumbre que los inversionistas y gobiernos observan en los hechos, no en los discursos.
Esta dinámica convierte cada revisión anual en un ejercicio de contención de daños en lugar de una oportunidad de consolidación. El costo recae directamente sobre trabajadores de maquiladoras, productores agrícolas y pequeñas empresas exportadoras que requieren reglas predecibles para planificar operaciones. La posición de México como principal socio comercial de Estados Unidos en mercancías no es un derecho adquirido, sino un activo que se defiende con comportamiento consistente.
Qué exige el momento
Se requiere abandonar el enfoque de comunicación reactiva y abordar la relación bilateral como un problema estructural de credibilidad. Eso implica preparar una defensa técnica rigurosa frente a acusaciones de prácticas desleales y negociar con seriedad, el 20 de julio, temas como aranceles de la sección 232, mecanismos laborales y dependencia de insumos asiáticos sin sacrificar competitividad.
El tratado probablemente persistirá hasta 2036, pero la pregunta relevante es en qué condiciones llegará México: como socio que recuperó la confianza erosionada o como actor que administra revisiones anuales sin resolver el fondo del problema. La respuesta dependerá de patrones de conducta verificables, no de narrativas.
