Territorium Life, empresa responsable del fallido examen de ingreso a la licenciatura de la UNAM, también supervisó evaluaciones en línea del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Entre 2024 y 2025 recibió al menos tres contratos del Poder Judicial por 50.5 millones de pesos para vigilar exámenes a distancia vinculados con la carrera judicial.
Promesas tecnológicas bajo escrutinio
El contrato firmado en 2025 con la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) ascendió a 13.1 millones de pesos y contempló la supervisión de entre 28 mil y 70 mil evaluaciones. La plataforma EDTEST.AI TERRITORIUM utilizaba cámara, micrófono, bloqueo de otros programas y análisis mediante inteligencia artificial, herramientas que el CJF presentó como mecanismos para detectar e inhibir actos deshonestos.
Territorium Life aseguró contar con infraestructura de “primer nivel”, además de controles para proteger la información biométrica y garantizar la confidencialidad. También se comprometió a asignar un agente de soporte por cada 70 participantes, una proporción más favorable que la aplicada en el examen de la UNAM, donde colocó un supervisor por cada 150 aspirantes.
La diferencia adquiere relevancia porque el desempeño de la empresa ha sido cuestionado tras las fallas del proceso de admisión de la UNAM. La controversia no demuestra por sí misma irregularidades en los concursos judiciales, pero sí pone bajo mayor escrutinio la capacidad real de sus sistemas, la supervisión humana y los criterios con los que las instituciones validaron sus promesas de seguridad.
El caso se suma a una expansión contractual de la compañía en el sector público: según reportes recientes, ha obtenido alrededor de 218 millones de pesos mediante acuerdos con dependencias federales, el Instituto Nacional Electoral, universidades estatales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además, la plataforma Saberes MX, operada por la empresa para la Secretaría de Educación Pública, fue señalada por permitir acreditar cursos sin haberlos tomado.
