Tijuana, BC.- La Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana ha recibido cuatro amparos vinculados a la Supervía Elevada Sube-T, un proyecto federal cuya construcción genera tensiones en la zona de Otay. Las inconformidades de vecinos y comerciantes han llevado al gobierno municipal a sostener mesas de diálogo mientras se revisan los requisitos administrativos locales que la obra debe cumplir a pesar de su carácter federal.
La síndica procuradora, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, explicó que cada recurso ha sido atendido dentro de las facultades del órgano interno de control. El proyecto, aunque impulsado por instancias federales, atraviesa territorio municipal y por ello debe observar los procedimientos de permisos, impacto urbano y transparencia que establece la normativa local. Esta distinción entre ámbitos de gobierno ha sido central en las respuestas oficiales.
Reuniones con sectores afectados
El secretario de Gobierno Municipal, Ramón Vázquez Valadez, informó que las dependencias han mantenido encuentros directos con residentes y, sobre todo, con comerciantes de Otay. Los grupos han solicitado información a través de los mecanismos de transparencia y las mesas de trabajo continuarán mientras se cumplen los plazos para entregar la documentación requerida. Estas sesiones buscan canalizar inquietudes sobre posibles afectaciones a la movilidad, el comercio y las viviendas cercanas.
Los comerciantes han expresado preocupación por el impacto que la estructura elevada podría tener en el flujo peatonal y vehicular hacia sus establecimientos. Vecinos, por su parte, han señalado riesgos de vibraciones, ruido y alteraciones en el valor de sus propiedades. Las autoridades municipales han registrado estas demandas sin pronunciarse aún sobre soluciones específicas, limitándose a garantizar que la información fluya conforme a la ley.
Manifestación del 11 de julio
La mañana del sábado 11 de julio, habitantes de varias colonias de Otay realizaron una manifestación para rechazar la obra. Los participantes exigieron mayor claridad sobre los permisos federales y municipales, además de manifestar temores por congestión vehicular durante la construcción y operación de la vía. La protesta transcurrió de forma pacífica y coincidió con la entrega de los amparos ante la Sindicatura Procuradora.
El contexto de la Supervía Elevada Sube-T forma parte de un corredor vial más amplio destinado a mejorar la conectividad entre Tijuana y la frontera. Sin embargo, la falta de información detallada sobre el trazado exacto y las medidas de mitigación ha alimentado la desconfianza entre los afectados. Organizaciones vecinales han pedido estudios de impacto ambiental y de movilidad actualizados que consideren el crecimiento reciente de la zona.
Equilibrio entre obra federal y control local
La respuesta institucional ha buscado diferenciar responsabilidades. Mientras la Federación avanza con el financiamiento y diseño de la supervía, el Ayuntamiento insiste en que cualquier intervención en suelo municipal debe respetar ordenamientos locales de uso de suelo, licencias de construcción y participación ciudadana. Esta postura refleja la tensión habitual entre proyectos de gran escala y la necesidad de rendición de cuentas en el nivel más cercano a la población.
Especialistas en derecho administrativo consultados señalan que los amparos podrían extenderse si se comprueba que no se cumplieron requisitos de audiencia pública o si los permisos municipales fueron omitidos. Hasta ahora, la Sindicatura Procuradora ha limitado su actuación a verificar que los procedimientos administrativos internos se hayan seguido correctamente, sin entrar en el fondo técnico de la obra.
El gobierno municipal ha reiterado que continuará recibiendo documentación y opiniones de los grupos interesados. Las mesas de diálogo se mantendrán abiertas durante el periodo que reste para resolver los recursos de transparencia. Esta estrategia busca evitar escalamientos judiciales adicionales y mantener un canal de comunicación directo con los sectores que se consideran afectados por la infraestructura.
La evolución del caso dependerá tanto de las resoluciones judiciales sobre los amparos como de la capacidad de las autoridades locales y federales para generar confianza mediante información oportuna y verificable. Mientras tanto, el diálogo institucional y la protesta ciudadana coexisten como dos vías paralelas para expresar las mismas demandas de claridad sobre el futuro de la Supervía Elevada Sube-T en Otay.
