El economista Javier Timerman, CEO del grupo financiero Adcap, sostuvo que el mercado argentino comenzó a incorporar con mayor intensidad la incertidumbre política asociada al ciclo electoral de 2027. En una entrevista con Infobae, evaluó que el Gobierno de Javier Milei logró avances relevantes en la estabilización macroeconómica, aunque advirtió que la recuperación de la actividad es desigual y que la mejora todavía no se refleja de manera generalizada en el empleo, los ingresos y la pobreza.
Según su diagnóstico, la administración recibió una economía con fuertes desequilibrios y consiguió corregir parcialmente dos problemas centrales: la inflación y el déficit fiscal. La actividad también recuperó parte del terreno perdido luego del ajuste inicial, pero el crecimiento se concentra principalmente en sectores como energía, minería y agro, mientras la industria manufacturera, la construcción y el comercio permanecen rezagados o estancados.
Timerman vinculó esa disparidad con el cambio en las expectativas políticas. La pobreza había descendido al 28,2% durante el segundo semestre de 2025, el nivel más bajo desde 2018, después del salto registrado al comienzo de la gestión. Sin embargo, señaló que la aceleración inflacionaria de los primeros meses del año habría interrumpido esa tendencia y que los datos de empleo e ingresos permiten estimar que el indicador alcanzó un piso en el primer trimestre y comenzó a repuntar en el margen.
Dolarización y cautela ante el mercado cambiario
El especialista consideró que la incertidumbre electoral explica parte de la demanda de dólares de familias e inversores. En julio, los particulares compraron USD 4.124 millones, de los cuales USD 2.916 millones correspondieron a billetes. Para Timerman, la dolarización de carteras se fortaleció durante 2025 por el mayor acceso a instrumentos financieros, la percepción de que el dólar estaba relativamente barato y el temor a un eventual resultado adverso para el oficialismo.
El economista sostuvo que completar la normalización del mercado cambiario sería deseable y podría favorecer la llegada de inversiones, pero subrayó que el momento elegido resulta determinante. A su entender, liberar en plena etapa electoral los stocks de dividendos y utilidades todavía restringidos podría sumar una demanda adicional de divisas a la cobertura habitual de los inversores, con presión sobre el tipo de cambio y las tasas de interés.
Timerman recordó que el régimen cambiario vigente es menos restrictivo que el aplicado durante la administración anterior. Las empresas ya pueden girar utilidades y dividendos correspondientes a ejercicios iniciados desde 2025, mientras que las restricciones restantes se concentran en buena medida en obligaciones heredadas. Por esa razón, estimó poco probable que el Gobierno avance de inmediato con una liberalización más amplia, dado que la inflación continúa siendo una de sus principales preocupaciones.
Intervención monetaria y reformas pendientes
Respecto de las operaciones del Banco Central, diferenció entre las intervenciones habituales de los bancos centrales para ordenar la liquidez y reducir la volatilidad de las tasas, y la intervención directa en el mercado cambiario. No obstante, afirmó que las medidas recientes del BCRA no parecen haber provocado una distorsión significativa. La ausencia de saltos bruscos cuando el mercado interpretó que la autoridad monetaria había reducido su participación, dijo, sugiere que las acciones previas contribuyeron a moderar los movimientos.
El riesgo, según explicó, aparecería si los operadores concluyeran que el Banco Central pretende sostener de forma permanente niveles determinados de tasas o segmentos específicos de la curva de rendimientos. En ese caso, la política podría alterar los precios relativos y generar una dependencia excesiva de la liquidez oficial. En el corto plazo, sin embargo, consideró que evitar movimientos desordenados puede proteger el crédito, contener la volatilidad de los activos en pesos y facilitar el programa financiero del Tesoro.
Sobre el proceso de desregulación, planteó que Argentina todavía enfrenta costos regulatorios elevados, trabas obsoletas y bajos niveles de competencia. Reconoció resultados concretos en la simplificación de trámites, las aduanas y el sector energético, además del efecto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que aportó previsibilidad a proyectos estratégicos. Al mismo tiempo, señaló que la agenda no presenta un resultado uniforme y que algunos cambios fueron parciales o modificaron su orientación.
Como ejemplo mencionó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. La versión original de la Ley Bases contemplaba avanzar sobre parte de su cartera, pero posteriormente se anunció que una porción menor sería destinada a estimular el crédito hipotecario. Timerman consideró que la decisión puede responder a necesidades coyunturales, aunque también revela las dificultades para construir un programa de reformas estable. A su juicio, las prioridades deberían ser una reforma tributaria, cambios laborales y medidas de defensa de la competencia que reduzcan costos y mejoren la productividad.
Actividad, apertura y deuda pública
El entrevistado descartó que el Gobierno tenga un margen amplio para impulsar estímulos fiscales dirigidos a los sectores más afectados. Indicó que las ramas intensivas en mano de obra continúan entre 10% y 20% por debajo de los niveles de 2023 y que la construcción permanece especialmente deprimida. El apoyo al mercado hipotecario tendría, por ahora, un alcance limitado. En ese contexto, el descenso del riesgo país aparece como el principal mecanismo indirecto de impulso oficial, aunque sus efectos sobre la actividad podrían demorarse.
En materia comercial, Timerman advirtió que una apertura acelerada puede perjudicar incluso a empresas potencialmente competitivas si coincide con un tipo de cambio real apreciado y costos internos todavía elevados. Sin embargo, sostuvo que una economía cerrada también deteriora la productividad al encarecer insumos y bienes de capital, reducir la competencia y desalentar la innovación. Las medidas antidumping, agregó, pueden justificarse ante prácticas desleales, pero deberían aplicarse caso por caso y con evidencia, evitando convertirse en una protección generalizada.
Finalmente, explicó que el riesgo país ya no refleja solamente la capacidad inmediata de pago, sino también una prima creciente por el escenario político posterior a 2027. Los bonos con vencimientos anteriores a las elecciones presentan un horizonte más previsible, mientras que los títulos que vencen después incorporan mayor incertidumbre sobre la continuidad del programa económico, la volatilidad financiera y la refinanciación de la deuda.
Sobre una eventual emisión internacional, consideró que una colocación a una tasa razonable tendría valor financiero y funcionaría como señal de recuperación del acceso voluntario a los mercados. Pero mientras las tasas estadounidenses sigan altas y existan alternativas más baratas, como organismos multilaterales, repos o financiamiento local, evaluó comprensible que el Gobierno priorice esas fuentes. Para el Presupuesto 2027, cuya presentación al Congreso está prevista para el 15 de septiembre, espera continuidad del equilibrio fiscal, una desinflación gradual y una estrategia clara para afrontar los vencimientos. Más que las cifras puntuales, sostuvo, el mercado observará si el gasto, los ingresos y el programa financiero resultan consistentes entre sí.
