El gobierno municipal de Torreón, encabezado por Miguel Riquelme, anunció hace unos días la eliminación de 60 plazas laborales como parte de cambios en mandos medios y ajustes internos en diversas oficinas. La medida se presentó sin detalles sobre los criterios aplicados ni sobre el perfil de las personas afectadas, lo que ha generado cuestionamientos entre observadores locales sobre la coherencia entre el recorte y el comportamiento del gasto público en años recientes.
Evolución del gasto en servicios personales
Las cuentas públicas revisadas muestran que el gasto devengado en servicios personales en Torreón mantuvo una tendencia ascendente entre 2021 y 2025. En 2021 la cifra alcanzó mil 31.4 millones de pesos. Al año siguiente registró un incremento del 3.5 por ciento, seguido de un 9.5 por ciento en 2023, un 5.9 por ciento en 2024 y un 4.1 por ciento en 2025, cuando llegó a mil 288.1 millones de pesos. Este patrón coincide en gran medida con el ajuste salarial derivado de la inflación, aunque el ritmo de crecimiento no fue uniforme.
El rubro de Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente, que agrupa a trabajadores de planta y sindicalizados, pasó de 552.4 millones de pesos en 2021 a 717.8 millones en 2025. La diferencia representa un aumento acumulado significativo durante el periodo analizado, sin que los datos indiquen necesariamente un incremento equivalente en el número total de empleados.
Altas recientes y sueldos sindicalizados
De acuerdo con la nómina de junio de este año, solo 30 trabajadores sindicalizados ingresaron desde 2022. Sin embargo, varios empleados en esa categoría perciben remuneraciones superiores a las de la mayoría de los funcionarios de primer nivel. José Luis Martínez García, cobrador de Plazas y Mercados, reporta 85 mil 523.28 pesos netos mensuales; José Luis Garza Nava, supervisor de la misma área, recibe 75 mil 729.96 pesos; e Iván de Jesús Cruz Quintana, también cobrador, obtiene 69 mil 667.39 pesos. Dos de estos casos superan el sueldo de cualquier otro servidor público del Ayuntamiento.
Otros registros incluyen a José Isabel Acosta González y José Luis Martínez Wong, notificador y técnico del departamento de rezagos del predial, con percepciones superiores a 60 mil pesos mensuales cada uno. Paralelamente, la nómina de junio refleja la presencia de 450 trabajadores por honorarios incorporados en 2025 o 2026, con un costo neto mensual de 6.2 millones de pesos.
Incremento en otros gastos y pérdidas extraordinarias
Uno de los rubros que más ha llamado la atención es el de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias. En 2021 este concepto se reportó en cero pesos. Para 2022 ascendió a 2 millones 96 mil 364.38 pesos; en 2023 llegó a 45 millones 7 mil 474.27 pesos, lo que implicó un crecimiento superior al 2,000 por ciento respecto al año previo. En 2024 se duplicó hasta 93 millones 800 mil 142.26 pesos y en 2025 alcanzó 99 millones 117 mil 739.27 pesos. La ausencia de un desglose detallado impide determinar qué conceptos específicos integraron estas cifras.
Contexto de la transición administrativa
La administración de Miguel Riquelme ha coincidido con el cierre del periodo de Román Cepeda. Los recortes anunciados podrían interpretarse como un esfuerzo por contener el gasto o como una reestructuración derivada del cambio de gobierno. No obstante, los datos de nómina y de gastos extraordinarios plantean interrogantes sobre la evolución del tamaño de la estructura administrativa durante los últimos cuatro años completos y sobre la justificación de los montos registrados en rubros poco transparentes.
Los observadores locales señalan que, si el crecimiento de la nómina respondió a la incorporación de personal adicional, resulta necesario explicar por qué ahora se considera necesario reducir la plantilla. En el caso de los gastos extraordinarios, la autoridad tendría que precisar qué elementos conformaron el concepto y por qué su magnitud se multiplicó de manera acelerada en tan corto plazo.
Preguntas pendientes sobre transparencia
Los despidos recientes y los ajustes anunciados dejan sin respuesta varios puntos clave. No se ha informado si las plazas eliminadas correspondían a personal operativo, a posiciones de confianza o a esquemas de contratación temporal. Tampoco se ha aclarado si los trabajadores afectados contaban con evaluaciones de desempeño o si su salida obedece a criterios exclusivamente presupuestales. La falta de información detallada dificulta valorar si las medidas representan un ajuste estructural o simplemente una redistribución de plazas ante la llegada de nuevas autoridades.
La combinación de incrementos sostenidos en el gasto de nómina, percepciones elevadas en determinados puestos sindicalizados y un rubro de gastos extraordinarios que creció de forma exponencial genera expectativas de mayor claridad por parte de la ciudadanía. Las cuentas públicas disponibles permiten identificar las tendencias numéricas, pero no ofrecen los elementos suficientes para comprender las razones detrás de cada movimiento presupuestal.
