La presidenta Claudia Sheinbaum dio un primer paso para contener la creciente resistencia de gobiernos, poderes y organismos públicos a entregar información: emitió un decreto y anunció una iniciativa de reformas a la ley de transparencia. El objetivo es que las nuevas reglas tengan mayor fuerza jurídica, aunque su eficacia dependerá menos de la redacción normativa que de la voluntad política para aplicarlas sin excepciones discrecionales.
La prueba será el escrutinio militar
Las propuestas contemplan reservas limitadas para asuntos que comprometan la seguridad nacional o procesos judiciales en curso. El punto crítico será determinar qué puede clasificarse legítimamente bajo esos argumentos. En particular, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina suelen invocar la seguridad nacional para negar información, incluso sobre actividades comerciales, empresariales o civiles que les fueron asignadas en administraciones recientes.
La diferencia entre proteger operaciones militares y ocultar contratos, presupuestos o posibles conflictos de interés será el verdadero indicador de la reforma. El historial de limitado escrutinio civil sobre las Fuerzas Armadas, combinado con la expansión de sus negocios públicos, vuelve insuficiente cualquier cambio que no obligue a justificar de manera verificable cada reserva. La ciudadanía necesita saber si la norma servirá para investigar corrupción relevante o solo para exhibir irregularidades menores.
El contexto político aumenta esa exigencia: persisten señalamientos sobre obras, empresas favorecidas, desvío de recursos y vínculos entre funcionarios y el crimen organizado. Por eso, el decreto no puede convertirse en respaldo discursivo mientras continúan las negativas de información. La primera evidencia concreta de su alcance deberá aparecer en respuestas oportunas, completas y revisables, especialmente frente a instituciones con mayor poder para evadir controles.
En paralelo, aspirantes a la Universidad Nacional Autónoma de México presentaron los primeros amparos contra la decisión de aplicar un segundo examen presencial de ingreso. Aunque los jueces concedan suspensiones o determinen que los admitidos aún no tienen derechos consolidados, el conflicto permanece: la responsabilidad de la empresa privada que aplicó las pruebas también exige explicaciones y controles, no solo una nueva evaluación para los estudiantes.
