Mientras el destino legal del salón de baile presidencial sigue en disputa, la Casa Blanca ha optado por acelerar la obra. El gobierno de Donald Trump informó ante la Corte Suprema que el proyecto avanza con 250 trabajadores que laboran 20 horas al día, siete días a la semana, en un intento por terminar la mayor cantidad posible de trabajo antes de que entren en vigor nuevas restricciones judiciales.
Según el documento presentado por la administración, esta semana está previsto instalar 453 toneladas de varillas de refuerzo y verter 2.293 metros cúbicos de concreto. La obra, que ya estaría completada en dos tercios, se ha convertido en el centro de una disputa sobre hasta dónde puede llegar un presidente en la Casa Blanca sin aprobación del Congreso.
Una carrera contra el calendario judicial
El caso se encuentra ahora ante la Corte Suprema, mientras una orden de un tribunal de apelaciones que frenaría la construcción en la superficie debe entrar en vigor este viernes. En esa ventana, el gobierno intenta consolidar el avance material de la obra y reforzar su argumento central: detenerla ya no sería una medida realista porque el proyecto estaría demasiado avanzado para deshacerse sin costos mayores.
La estrategia ha sido criticada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica de Estados Unidos, que encabeza la impugnación. Sus abogados sostienen que la administración está intentando “escapar a la revisión judicial” al crear un hecho consumado. También recuerdan que una ley federal prohíbe erigir edificios o estructuras en terrenos federales del Distrito de Columbia sin autorización expresa del Congreso.
Seguridad nacional como nuevo argumento
Trump defendió durante años la necesidad de un gran salón de baile en la Casa Blanca como una cuestión de prestigio y capacidad institucional. Ahora ha agregado una justificación distinta: la seguridad nacional. En documentos y declaraciones recientes, su gobierno ha vinculado la obra con el Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia, el búnker subterráneo conocido como PEOC, construido durante la Segunda Guerra Mundial debajo del ala este demolida el año pasado.
Joshua Fisher, director de gestión y administración de la Casa Blanca, afirmó ante el tribunal que la superestructura de concreto y acero ya se extiende cinco pisos hacia abajo y alcanza 21,3 metros de altura. También aseguró que el 80 por ciento de las varillas de refuerzo ya fue colocado, que 335 de los 400 millones de dólares necesarios provienen de donantes privados y que la construcción está completada en un 65 por ciento. Según Fisher, el edificio contará con elementos reforzados, refugios antibombas, instalaciones médicas, ventilación de grado militar y otras medidas de protección.
El choque con el Congreso
La controversia expone una disputa más amplia sobre la autoridad presidencial. Trump demolió el ala este en octubre pasado sin pedir aprobación del Congreso ni presentar los planes de demolición o construcción. Aunque el proyecto pasó por dos paneles de revisión cuyos líderes fueron designados por él, la administración ha modificado luego varios aspectos de los diseños autorizados, lo que alimentó los recursos de los conservacionistas.
Tribunales federales inferiores ya habían concluido que el presidente excedió su autoridad al avanzar sin la venia legislativa, pero esas resoluciones quedaron suspendidas mientras se resuelven las apelaciones. Para los demandantes, dejar que la obra siga avanzando debilita la capacidad de los jueces para imponer una reparación efectiva. Para la Casa Blanca, en cambio, frenar ahora un proyecto de esta escala sería una intrusión tardía sobre una iniciativa ya consolidada.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, suele mostrarse receptiva a la expansión del poder presidencial, aunque también ha limitado algunas iniciativas emblemáticas de Trump. Se espera que los jueces actúen antes de que el fallo de apelación entre en vigor. El desenlace no solo definirá el futuro del salón de baile, sino también el alcance de la prerrogativa presidencial para transformar físicamente la sede del poder ejecutivo sin la intervención del Congreso.
