El verano dejó en Coahuila una señal difícil de ignorar: el turismo ya no es un ingreso accesorio, sino un componente económico con capacidad para mover hotelería, restauración, transporte local y comercio en varios municipios al mismo tiempo. La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila reportó una derrama de mil 550 millones de pesos, 1.458 millones de visitantes y una ocupación promedio de 68.8 por ciento. Frente a los registros de 2024 y 2025, el salto es claro: la entidad ganó volumen, mejoró ocupación y consolidó una percepción de estabilidad que sigue operando como ventaja competitiva.
El dato no debe leerse sólo como una buena temporada. También revela una estructura turística más segmentada: destinos como Parras de la Fuente y Cuatro Ciénegas empujan la demanda con ocupaciones de 90 y 85 por ciento, mientras plazas urbanas como Saltillo y Torreón sostienen el flujo con 75 y 70 por ciento. En la otra cara aparecen municipios con desempeño más débil, como Múzquiz con 52 por ciento. Esa dispersión importa porque muestra que el crecimiento no está distribuido de forma homogénea; el éxito del verano convive con una geografía turística de dos velocidades.
La foto más relevante está en la relación entre seguridad y consumo. Héctor Horacio Dávila Rodríguez estima que hasta 45 por ciento de los visitantes llegan motivados por la percepción de seguridad. Esa proporción es demasiado alta para verla como una variable secundaria. En un país donde muchos destinos compiten con el mismo problema de confianza pública, Coahuila ha convertido su reputación de orden relativo en una palanca comercial. El turismo aquí no sólo vende paisaje o patrimonio: vende previsibilidad. Y en temporadas de alta movilidad, esa previsibilidad vale más que una campaña publicitaria.
La comparación con años anteriores refuerza la tendencia. En 2024 la derrama fue de mil 431 millones de pesos, con ocupación de 58 por ciento; en 2025 subió a mil 460 millones y 62.4 por ciento, con 1.325 millones de visitantes. El avance de 2026 no sólo suma dinero: confirma una curva ascendente que, aunque moderada, sugiere maduración del mercado. No se trata de un auge explosivo, sino de una recuperación sostenida apoyada en destinos ya posicionados y en una mayor capacidad del sector para absorber demanda sin perder del todo la calidad del servicio.
Hay, sin embargo, un punto que suele quedar oculto detrás de los titulares de derrama: no toda entrada de dinero se traduce en beneficio estructural para los territorios. Una temporada de alto gasto puede coexistir con empleos eventuales, presión sobre servicios públicos, saturación vial y una distribución desigual del ingreso dentro del destino. Cuando la ocupación supera 80 por ciento en pueblos con infraestructura limitada, el reto deja de ser atraer visitantes y pasa a ser administrar el crecimiento. Si esa renta no se reinvierte en movilidad, agua, residuos, capacitación y promoción, el éxito de corto plazo puede erosionar el atractivo que lo produjo.
La discusión sobre los Pueblos Mágicos revela justamente esa tensión. Dávila Rodríguez reclama falta de apoyo federal y propone redirigir 1 por ciento del Impuesto Sobre Hospedaje a esos destinos, reservando el 2 por ciento restante para las Oficinas de Convenciones y Visitantes. La idea tiene lógica operativa: quien recauda a partir del turismo debería reinvertir una parte visible en el ecosistema que lo sostiene. Pero también abre una disputa clásica entre promoción centralizada y desarrollo territorial. Los hoteleros buscan que el dinero regrese al destino; la autoridad estatal puede ver allí una herramienta de competitividad; los municipios, en cambio, podrían exigir reglas claras para evitar que la recaudación termine absorbida por gasto corriente o por una promoción desconectada de necesidades reales.
Hay dos lecturas posibles sobre esta propuesta. La primera es pragmática: si el mercado turístico de Coahuila ya genera más de mil 500 millones en una sola temporada, destinar una fracción del impuesto a mantenimiento, imagen urbana y promoción especializada no parece un gasto, sino una inversión con retorno medible. La segunda es política: modificar la asignación del ISH exige coordinación fina y criterios transparentes, porque tocar un ingreso etiquetable sin un esquema de supervisión puede provocar fricciones entre hoteleros, ayuntamientos y gobierno estatal. Sin controles, el dinero puede fragmentarse sin elevar la competitividad real.
El escenario futuro dependerá de si Coahuila consigue convertir esta bonanza estacional en un sistema más estable. Los destinos con mayor tracción pueden seguir creciendo, pero el verdadero reto está en elevar el piso de los municipios rezagados y reducir la dependencia de unas cuantas ventanas vacacionales. Si el estado logra articular seguridad, infraestructura y financiamiento promocional con una lógica regional, el turismo podría dejar de ser un pico de verano para convertirse en un flujo más constante. Si no ocurre, la industria seguirá celebrando buenas temporadas sin resolver su principal vulnerabilidad: crecer más rápido que la capacidad de sostener ese crecimiento.
