La Universidad Nacional Autónoma de México abrirá una investigación sobre Territorium Life, la empresa contratada para operar el examen de admisión 2026, después de que aspirantes reportaran cancelaciones, interrupciones y dificultades para concluir la evaluación en línea. Carlos Arámburo de la Hoz, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM, confirmó que la revisión buscará establecer qué ocurrió, cuáles fueron las causas y qué responsabilidad correspondió a cada participante.
La decisión llega en un momento especialmente delicado: el examen de ingreso no es una prueba ordinaria, sino el mecanismo que determina el acceso de miles de jóvenes a una de las instituciones públicas más demandadas de México. Cualquier falla técnica puede convertirse en una afectación académica, económica y emocional. Para un aspirante, perder la conexión o recibir la cancelación de su evaluación no representa únicamente un inconveniente informático; puede significar esperar otro año, prolongar gastos de preparación o modificar un proyecto personal.
El cambio de modalidad que elevó la presión
La controversia se originó en la sustitución del examen presencial por una aplicación en línea. Esa transformación probablemente respondió a la necesidad de ampliar la capacidad operativa, reducir traslados y aprovechar herramientas digitales, pero también trasladó parte del riesgo institucional a los hogares de los aspirantes. La universidad dejó de controlar un espacio físico único y pasó a depender de la calidad de las conexiones, los dispositivos, los navegadores, la electricidad y las condiciones domésticas de cada participante.
En un examen presencial, una incidencia puede ser atendida por personal ubicado en el mismo centro de aplicación y documentada bajo protocolos relativamente uniformes. En una evaluación remota, la cadena de fallas se multiplica: un servidor saturado, una actualización incompatible, un sistema de reconocimiento que interpreta erróneamente una conducta o una interrupción de internet pueden producir el mismo resultado visible, pero exigir soluciones completamente distintas. Por eso, determinar responsabilidades requerirá revisar tanto la plataforma como las decisiones académicas y administrativas que hicieron posible el cambio.
El caso también pone sobre la mesa una desigualdad que suele quedar oculta detrás de la expresión “examen digital”. No todos los aspirantes cuentan con la misma velocidad de internet, equipos actualizados, espacios silenciosos o apoyo técnico en casa. Si el sistema exige condiciones tecnológicas homogéneas sin ofrecer alternativas suficientes, el formato puede terminar midiendo, además de los conocimientos, la capacidad material de cada familia para sostener una conexión estable y un entorno adecuado.
Qué deberá esclarecer la Comisión Técnica
Arámburo de la Hoz explicó que la investigación será multifactorial. Esa precisión es relevante porque evita reducir el problema a una sola falla de software antes de contar con evidencia. La Comisión Técnica deberá reconstruir la operación completa: contratación, pruebas previas, capacidad de los servidores, protocolos de contingencia, atención a reportes, criterios de cancelación y mecanismos para recuperar o validar las evaluaciones afectadas.
Uno de los puntos centrales será identificar por qué algunos exámenes fueron cancelados y si esas decisiones se tomaron con criterios consistentes. También deberá establecerse cuántos aspirantes no pudieron concluir la prueba, durante cuánto tiempo permanecieron sin respuesta y si existieron diferencias entre quienes enfrentaron una interrupción técnica, una alerta automática o una presunta infracción a las reglas. Sin una bitácora detallada y auditable, será difícil distinguir entre un incumplimiento atribuible al usuario y una conducta provocada por un sistema defectuoso.
La participación de la inteligencia artificial añade una capa de complejidad. Estas herramientas pueden emplearse para detectar movimientos, sonidos, cambios de pantalla o patrones considerados incompatibles con las reglas del examen. Sin embargo, una alerta algorítmica no equivale por sí misma a una prueba de fraude. Un ruido doméstico, la presencia de otra persona o una variación en la imagen pueden tener explicaciones inocuas. El procedimiento adecuado debería incluir revisión humana, derecho de aclaración y conservación de los registros que permitan impugnar una decisión.
La universidad tendrá que explicar también qué datos fueron capturados, durante cuánto tiempo se conservarán, quién tuvo acceso a ellos y bajo qué medidas de seguridad. En una evaluación remota pueden recopilarse imágenes del rostro, audio, información del dispositivo, dirección de conexión y registros de comportamiento. La legitimidad de ese tratamiento depende de que exista una finalidad clara, proporcionalidad y protección efectiva contra filtraciones o usos distintos a los originalmente informados.
La empresa busca exponer su versión
Territorium Life solicitó una audiencia con la Comisión Técnica para presentar sus argumentos y explicar el funcionamiento de la plataforma utilizada por miles de aspirantes. La UNAM confirmó haber recibido la petición, aunque todavía no existe una fecha definida para la reunión. La solicitud es significativa porque la investigación no debería convertirse en un juicio anticipado contra el proveedor: la universidad debe escuchar su versión, revisar contratos y evidencias técnicas, y separar los errores comprobados de las acusaciones todavía no verificadas.
Al mismo tiempo, que la empresa participe en la explicación no elimina la responsabilidad de la UNAM como convocante y autoridad académica. La institución eligió el modelo de aplicación, aprobó las condiciones de operación y comunicó las reglas a los aspirantes. En cualquier esquema de subcontratación, delegar la ejecución tecnológica no significa transferir la obligación de garantizar un proceso confiable, transparente y susceptible de revisión.
El contrato y sus anexos operativos serán piezas esenciales. Será necesario conocer qué niveles de disponibilidad se exigieron, qué pruebas de estrés se realizaron, qué respuesta estaba prevista ante interrupciones y qué compensaciones o sanciones contempla el acuerdo. También importará saber si existieron auditorías independientes antes de la aplicación y si la universidad recibió advertencias sobre vulnerabilidades. Esos documentos pueden mostrar si el problema fue una contingencia imprevisible o una deficiencia que pudo detectarse antes.
El impacto inmediato sobre los aspirantes
La prioridad institucional será resolver las afectaciones sin perjudicar a quienes cumplieron las reglas. Eso puede implicar revisar casos individualmente, reponer exámenes, invalidar cancelaciones sustentadas únicamente en alertas automáticas o aplicar criterios equivalentes para todos. La solución deberá evitar dos extremos: aceptar sin análisis cualquier reclamación, lo que podría comprometer la integridad de la convocatoria, o cerrar la puerta a los afectados mediante respuestas genéricas que hagan imposible demostrar una falla.
La transparencia será determinante. Informar cuántos incidentes se registraron, qué categorías de problemas fueron identificadas y qué medidas se tomarán permitiría reducir la incertidumbre. Un comunicado que solo atribuya los inconvenientes a “factores técnicos” dejaría intactas las dudas sobre la confiabilidad de los resultados. En cambio, un mecanismo de quejas con plazos, folios, criterios públicos y resolución motivada ofrecería a los aspirantes una vía concreta para defender sus derechos.
La confianza también tiene una dimensión social. La UNAM representa para muchas familias una de las principales rutas de movilidad educativa y profesional. Cuando un proceso de selección se percibe como impredecible, la discusión deja de centrarse en la tecnología y alcanza la legitimidad de la institución. Incluso una falla técnicamente explicable puede causar un daño reputacional considerable si la respuesta parece tardía, opaca o desigual.
Una advertencia para la digitalización educativa
El episodio puede influir en la manera en que universidades y organismos públicos adoptan plataformas digitales. La experiencia de otros sectores muestra que digitalizar un trámite no garantiza hacerlo más eficiente. En sistemas de salud, banca o identificación, una interrupción afecta a usuarios concretos y exige redundancias, canales alternos y auditorías. Un examen de admisión requiere un nivel de resiliencia comparable, porque se ejecuta en una ventana temporal limitada y sus decisiones tienen consecuencias duraderas.
Las futuras convocatorias podrían incorporar simulacros obligatorios, diagnósticos de conectividad, centros alternos de aplicación y una modalidad presencial de respaldo. También sería razonable publicar con anticipación las especificaciones mínimas de equipo, los criterios de supervisión y los procedimientos ante incidentes. La prueba técnica no debe limitarse a comprobar que la plataforma funciona en condiciones ideales; debe someterla a miles de conexiones simultáneas, distintos sistemas operativos, cámaras deficientes y escenarios de interrupción.
La supervisión de proveedores deberá profesionalizarse. Una universidad puede contratar una empresa especializada, pero necesita conservar capacidades propias para auditar código, interpretar registros y verificar los reportes entregados por el operador. Si toda la información técnica queda en manos del proveedor, la institución queda en una posición débil para investigar una disputa. La independencia de una auditoría externa, además, ayudaría a evitar que la revisión sea percibida como una defensa corporativa o institucional.
El precedente que quedará para la UNAM
El informe anunciado por la Comisión Técnica será más importante por su método que por la asignación de culpas. Si documenta la secuencia de hechos, distingue responsabilidades, reconoce las limitaciones del sistema y propone correcciones verificables, puede convertirse en un precedente para modernizar los procesos de admisión. Si se limita a señalar fallas generales sin publicar evidencia ni explicar las decisiones adoptadas, la controversia continuará aun después de resolver los casos individuales.
La investigación debe considerar que la tecnología no es neutral cuando se utiliza para decidir quién accede a una oportunidad educativa. Cada algoritmo, protocolo de vigilancia y requisito técnico incorpora supuestos sobre lo que significa comportarse correctamente y sobre los recursos que puede tener un aspirante. La confiabilidad del próximo examen dependerá, por tanto, de una combinación de ingeniería, reglas claras, supervisión humana y garantías de igualdad.
La audiencia solicitada por Territorium y la revisión interna de la UNAM ofrecen una oportunidad para reconstruir la confianza con hechos. El resultado no solo definirá la responsabilidad por las fallas de 2026; también establecerá cuánto control debe conservar una institución pública sobre las herramientas privadas que utiliza y qué estándares de transparencia deberán cumplir los exámenes de admisión en la era digital.
