La Auditoría Superior de la Federación (ASF) incorporó una auditoría integral al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte de la ampliación de su Programa Anual de Fiscalización de la Cuenta Pública 2025. La revisión fue formalizada mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se produce en un momento de creciente presión sobre las finanzas y la cartera crediticia del organismo.
La fiscalización del Infonavit forma parte de un paquete de 10 nuevas auditorías con las que la ASF modificó el programa aprobado en febrero de 2026. El objetivo anunciado es ampliar la cobertura de revisión sobre distintas áreas de la administración pública federal, entre ellas desarrollo agrario, economía, gobernación, infraestructura, comunicaciones, Marina y salud.
Una revisión con alcance financiero e institucional
A diferencia de una auditoría enfocada exclusivamente en una partida, contrato o programa, el nuevo esquema de auditorías integrales pretende revisar en un mismo ejercicio tres dimensiones de las instituciones: el uso de los recursos públicos, el cumplimiento de las disposiciones legales y el desempeño de la gestión. En el caso del Infonavit, esto podría abarcar la administración de su cartera, los procesos de recuperación y reestructura de créditos, así como la aplicación de los recursos vinculados con sus programas de vivienda.
La incorporación del instituto no implica, por sí misma, que la ASF haya acreditado irregularidades. La auditoría deberá determinar si existen observaciones, áreas de riesgo o incumplimientos que requieran aclaración. También permitirá establecer si las decisiones financieras y operativas adoptadas en los últimos años se ajustaron a las normas aplicables y a los objetivos institucionales.
Además del Infonavit, el programa ampliado incluye al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, al Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, a la Comisión Nacional Antimonopolio, a Talleres Gráficos de México, al Registro Agrario Nacional y a la Procuraduría Agraria. El paquete también contempla revisiones a diversos institutos nacionales de salud.
La cartera vencida se triplicó desde 2018
El contexto que rodea la auditoría está marcado por el deterioro de varios indicadores crediticios del Infonavit. Entre 2018 y marzo de 2026, el monto de la cartera vencida pasó de 106 mil 617 millones de pesos a más de 410 mil 180 millones de pesos, de acuerdo con las cifras difundidas sobre la situación del organismo. El incremento representa casi cuatro veces el monto registrado al inicio del periodo, aunque en términos periodísticos se ha descrito como una triplicación por la evolución acumulada de la cartera.
Durante el mismo lapso, el número de créditos en mora aumentó de 295 mil 544 a 907 mil 850. El índice de morosidad, por su parte, avanzó de 7.81 a 21.21 por ciento. Esto significa que más de una quinta parte de los financiamientos considerados en el indicador presentaba algún nivel de incumplimiento a marzo de 2026.
También creció la proporción de créditos clasificados como morosos o en riesgo dentro del total de financiamientos. Esa participación pasó de 5.62 por ciento en 2018 a 15.72 por ciento en marzo de este año. La diferencia entre cartera vencida, créditos en mora y financiamientos en riesgo será relevante para la revisión, ya que cada categoría puede responder a criterios contables y operativos distintos.
Reestructuras y nuevos criterios de acceso
El director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, ha informado que el instituto reestructuró cinco millones de créditos mediante descuentos, congelamiento de intereses y condonaciones. Estas medidas buscan reducir la presión sobre los acreditados y facilitar la regularización de cuentas, pero también plantean preguntas sobre su efecto financiero, el costo de las condonaciones y la capacidad del organismo para contener el crecimiento de la cartera vencida.
El instituto también eliminó diversos requisitos para acceder a 1.2 millones de créditos del programa Vivienda para el Bienestar. Entre los cambios se encuentra la supresión de la consulta del historial de los solicitantes en el Buró de Crédito. La decisión puede ampliar el acceso de trabajadores que enfrentan restricciones en el sistema financiero tradicional, aunque al mismo tiempo vuelve especialmente importante evaluar los mecanismos utilizados para medir la capacidad de pago y prevenir nuevos incumplimientos.
La revisión de la ASF podría ofrecer elementos para valorar si las reestructuras han producido resultados sostenibles o si únicamente han trasladado el problema hacia periodos posteriores. Para ello será necesario observar no sólo el número de créditos beneficiados, sino también la recuperación efectiva de pagos, la evolución de los saldos, el impacto de los descuentos y la calidad de los nuevos financiamientos.
La auditoría deberá aclarar riesgos y resultados
El Infonavit administra recursos relacionados con las aportaciones de los trabajadores y los patrones, además de operar como una de las principales instituciones de financiamiento habitacional del país. Por esa razón, una revisión integral puede tener efectos más amplios que la identificación de eventuales fallas administrativas: sus resultados podrían influir en la confianza de los derechohabientes, en la definición de políticas de cobranza y en el diseño de futuros programas de vivienda.
La ASF deberá establecer posteriormente los procedimientos, alcances específicos y resultados de la fiscalización. En caso de detectar observaciones, el Infonavit tendrá que aportar información o emprender acciones correctivas conforme a los plazos previstos. Sólo después de ese proceso será posible determinar si el aumento de la morosidad obedece principalmente a factores económicos, a decisiones de gestión, a cambios en los criterios de clasificación o a una combinación de estas circunstancias.
Por ahora, la incorporación del Infonavit al programa de la Cuenta Pública 2025 representa un paso de supervisión institucional en un sector con impacto directo en millones de trabajadores. El desafío será que la auditoría traduzca los datos de cartera y morosidad en conclusiones verificables sobre el manejo de los recursos, la eficacia de las reestructuras y la viabilidad financiera de las nuevas políticas de crédito.
