La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará por terminado de manera anticipada el contrato con Territorium Life, empresa responsable de aplicar el examen en línea de ingreso a licenciatura 2026, luego de que el proceso fuera cuestionado por presuntas irregularidades y posibles trampas. La institución anunció además tres auditorías para revisar tanto el funcionamiento de la plataforma como el procedimiento mediante el cual fue contratado el proveedor.
El abogado general de la Universidad, Hugo Alejandro Concha Cantú, informó en una reunión con medios que la terminación anticipada permitirá realizar los análisis derivados de los problemas presentados durante la prueba. La decisión, explicó, busca separar la revisión técnica y administrativa de cualquier conclusión anticipada sobre la responsabilidad de los aspirantes o de la empresa.
Un contrato de 69.1 millones de pesos
El secretario administrativo de la UNAM, Tomás Humberto Rubio Pérez, detalló que durante 2026 se erogaron 69 millones 189 mil 760 pesos por los servicios de Territorium. El monto correspondió a los gastos relacionados con los exámenes de ingreso a licenciatura y bachillerato, no únicamente con la prueba que generó los señalamientos recientes.
La contratación se realizó en febrero mediante adjudicación directa por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE). De acuerdo con la explicación ofrecida por la Universidad, para seleccionar a Territorium se consideraron su experiencia y distintas certificaciones. La modalidad de contratación será ahora uno de los aspectos sujetos a revisión, debido a que no se trató de un concurso abierto entre proveedores.
Concha Cantú sostuvo que la plataforma ya había sido utilizada en otros procesos de admisión. Según su versión, funcionó en noviembre de 2024 para exámenes dirigidos a aspirantes que se encontraban fuera del país, y durante 2025 en evaluaciones de bachillerato presenciales y a distancia. Ese antecedente fue presentado como parte de los criterios que respaldaron la contratación, aunque no elimina la necesidad de determinar qué ocurrió en la aplicación de 2026.
Tres auditorías para revisar plataforma y adjudicación
La UNAM anunció una auditoría tecnológica enfocada en la plataforma, con el propósito de examinar su operación y las incidencias registradas durante el examen. La revisión deberá ayudar a establecer si los problemas estuvieron relacionados con fallas técnicas, controles insuficientes, vulnerabilidades del sistema o circunstancias ajenas al funcionamiento del software.
Las otras dos auditorías se concentrarán en el proceso de adjudicación del contrato. Una estará a cargo de la Contraloría de la Universidad y la otra será realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a partir de una petición formulada por el rector Leonardo Lomelí. La participación de ambos órganos coloca bajo escrutinio no sólo el resultado de la prueba, sino también la justificación, documentación y controles aplicados para contratar a Territorium.
La revisión administrativa resulta relevante porque el examen de admisión es un procedimiento de alto impacto para miles de aspirantes y porque la contratación incluyó recursos públicos. Sin embargo, el anuncio de las auditorías no implica por sí mismo que se hayan acreditado irregularidades en la adjudicación. Sus resultados deberán determinar si existieron deficiencias, incumplimientos contractuales o elementos que ameriten responsabilidades.
Denuncias presentadas ante la Fiscalía capitalina
El abogado general también dio a conocer que la UNAM presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 3 de julio. No precisó públicamente el contenido de cada expediente ni las personas o conductas investigadas. Señaló que probablemente se presentará una sexta denuncia, aunque evitó proporcionar más información debido a la naturaleza de las indagatorias.
La existencia de las denuncias abre una vía penal paralela a las auditorías universitarias y federales. Mientras las revisiones administrativas y tecnológicas buscan reconstruir el proceso y establecer eventuales fallas, la Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados pueden constituir delitos y si existen elementos para atribuir responsabilidades concretas. Hasta ahora, la Universidad no ha informado que haya una resolución definitiva en ninguno de esos procedimientos.
La prueba de control no señalará culpables
Ante las dudas generadas por el examen en línea, Concha Cantú afirmó que el próximo examen de control no estará dirigido a “señalar tramposos”. La precisión apunta a evitar que una evaluación posterior sea interpretada como un mecanismo automático para descalificar a quienes participaron en la prueba cuestionada.
La definición de las medidas que adoptará la UNAM dependerá de los resultados de las investigaciones. En particular, será necesario establecer si las incidencias afectaron de manera generalizada la igualdad de condiciones, si pueden identificarse casos individuales y qué garantías deberán ofrecerse a los aspirantes. Una decisión que impacte la validez de los resultados tendría consecuencias académicas y administrativas para la institución y para quienes esperan obtener un lugar en la Universidad.
Por ahora, la terminación anticipada del contrato representa una medida preventiva y de control institucional, no una conclusión sobre la legalidad de la empresa ni sobre la responsabilidad de los participantes. La UNAM deberá informar los resultados de las auditorías y de las investigaciones para aclarar el alcance de las fallas, justificar las decisiones que tome sobre el proceso de admisión y determinar si corresponde exigir responsabilidades o modificar sus mecanismos de evaluación en línea.
