El nombramiento de Miguel Gómez Martínez como próximo ministro de Hacienda ha despertado interés en los círculos políticos y económicos de Colombia. Durante una entrevista con Semana, el designado ministro adelantó que uno de los pilares de su gestión será la simplificación del Estatuto Tributario, que actualmente administra quince impuestos a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La idea central consiste en reducir esos tributos a solo tres: renta, IVA interno e IVA externo.
Gómez Martínez describió el sistema vigente como excesivamente complejo y generador de excepciones que limitan el recaudo. Según sus cálculos, las exenciones y deducciones actuales representan cerca de 140 billones de pesos anuales. El funcionario también señaló que la evasión fiscal alcanza aproximadamente el 35 % en el IVA y el 40 % en renta, cifras que explican en buena medida el déficit fiscal del país.
La reacción del expresidente Álvaro Uribe Vélez llegó de inmediato. A través de su cuenta en X, Uribe escribió que la propuesta de tener pocos impuestos simplifica el sistema y reduciría la carga tributaria. Añadió que, sumada a una garantía de estabilidad, representaría un cambio provechoso para la inversión, el empleo y las soluciones sociales.
El plan económico del próximo ministro
Gómez Martínez explicó que el nuevo gobierno evaluará primero la posibilidad de reducir el gasto público antes de considerar cualquier reforma tributaria adicional. En sus palabras, no existe una solución única y por ello el orden de las acciones importa: primero disminuir el gasto y luego revisar el tema impositivo. Esta secuencia busca evitar que una eventual reforma se convierta en un mecanismo para financiar ineficiencias estructurales.
El designado ministro también mencionó que la Dian lleva dos años sin cumplir sus metas de recaudo a pesar de haber incorporado nuevo personal. Esta realidad pone de relieve la necesidad de revisar qué exenciones y deducciones realmente justifican su existencia desde el punto de vista social y del crecimiento económico. La reforma, reconoció, será compleja, pero confía en que la sociedad colombiana la reciba de forma favorable si se explica con claridad.
Perfil y experiencia de Gómez Martínez
Miguel Gómez Martínez es economista egresado del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), donde también obtuvo una maestría en Economía Internacional y Ciencia Política. Su trayectoria incluye presidencias en Asocolflores, Bancoldex y Fasecolda, además de haber sido asesor económico de Juan Manuel Santos cuando este era ministro de Comercio Exterior. En el ámbito académico fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario y profesor en el Cesa. Entre 2010 y 2014 representó a Bogotá en la Cámara por el Partido de La U y participó activamente en debates fiscales.
Su llegada al Ministerio de Hacienda ocurre en un momento en que el país enfrenta presiones fiscales persistentes. La combinación de su experiencia en gremios, sector financiero y administración pública es vista por varios analistas como un factor que podría facilitar el diálogo con distintos actores económicos.
Implicaciones y desafíos de la propuesta
La idea de concentrar el sistema tributario en tres impuestos busca reducir la complejidad administrativa y, potencialmente, ampliar la base gravable. Sin embargo, cualquier reducción significativa de exenciones enfrenta resistencias de sectores que actualmente se benefician de ellas. El éxito de la iniciativa dependerá tanto de la capacidad técnica para rediseñar el estatuto como de la voluntad política para mantener la estabilidad regulatoria que Uribe mencionó como condición adicional.
El respaldo del expresidente añade peso político a la propuesta en un contexto de transición gubernamental. Al mismo tiempo, la viabilidad de la simplificación estará determinada por la evolución del gasto público y por la efectividad de las medidas que se adopten contra la evasión. En este sentido, la trayectoria de Gómez Martínez en entidades como Bancoldex y Fasecolda podría resultar útil para articular políticas que combinen simplificación tributaria con incentivos al crecimiento productivo.
El debate que se abre en los próximos meses girará en torno a qué deducciones se consideran socialmente justificadas y cuáles representan privilegios que el Estado ya no puede sostener. La discusión no solo involucra cifras de recaudo, sino también la percepción de equidad que los contribuyentes tengan del sistema tributario.
