El gobierno de Yamandú Orsi elabora un proyecto de ley que introduce una causal especial de retiro a los 60 años para quienes enfrentan dificultades para continuar trabajando hasta los 65. La medida busca cumplir la promesa de revisar la reforma de Lacalle Pou, pero incluye restricciones explícitas para preservar la sostenibilidad financiera del sistema previsional.
La principal limitación impide que quienes se acojan a esta causal regresen al mercado laboral de forma formal hasta cumplir los 65 años. Esta restricción responde al principio de que la jubilación anticipada debe destinarse solo a quienes realmente no pueden seguir trabajando, evitando que el beneficio se convierta en un mecanismo de doble percepción de ingresos.
Además, un tercio de la población podría acceder a montos superiores a los que ofrecía el régimen anterior, lo que añade presión sobre las cuentas públicas. El Ejecutivo insiste en que el diálogo social concluyó en abril y que cualquier cambio debe mantenerse dentro de parámetros sostenibles a largo plazo.
Por separado, el gobierno mantiene conversaciones reservadas con las AFAP para modificar la gestión de los fondos de pensiones, aunque el plazo de 60 días fijado en mayo se encuentra próximo a vencer sin anuncios definitivos. El proyecto de ley sobre la jubilación anticipada se enviará al Parlamento en agosto.
