El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) registró una pérdida neta de USD 2.500 millones en el tercer trimestre fiscal de 2026, aunque redujo el rojo frente a los USD 3.100 millones del mismo período del año anterior. La mejora no alcanza para revertir la presión financiera: los ingresos operativos crecieron hasta USD 19.900 millones, pero los gastos llegaron a USD 22.500 millones.
Más ingresos, pero sin liquidez
El aumento de la facturación, impulsado por subas tarifarias y por el mejor desempeño de los envíos terrestres y el correo publicitario, fue parcialmente absorbido por mayores costos jubilatorios, sanitarios, laborales y de combustible. El segmento de paquetes sumó USD 588 millones, mientras que el correo publicitario aportó USD 440 millones adicionales. Sin embargo, ambos avances convivieron con una caída del volumen de paquetes y del correo de primera clase, una señal de que el crecimiento depende cada vez más de los precios que de la demanda.
El director general del USPS, David Steiner, advirtió que la entidad atraviesa una “severa crisis de liquidez”. Mantener la entrega seis días por semana a 170 millones de direcciones cuesta USD 3.400 millones anuales y el 70% de esas rutas genera pérdidas. Además, alrededor del 58% de las 18.000 oficinas postales opera en números rojos, lo que limita el margen para sostener la red nacional sin nuevos ajustes.
Como medida inmediata, el organismo suspendió aportes patronales al sistema federal de pensiones y redujo gastos no esenciales, lo que permitió diferir cerca de USD 1.400 millones durante el trimestre. También elevó de 78 a 82 centavos el precio de la estampilla de primera clase y busca autorización para aplicar otro aumento en enero. Esas decisiones alivian la caja, pero trasladan obligaciones hacia el futuro y no resuelven el desequilibrio estructural.
El USPS acumula pérdidas superiores a USD 120.000 millones desde 2007. Steiner reclama elevar el límite legal de endeudamiento, congelado en USD 15.000 millones desde 1992, revisar el financiamiento previsional y flexibilizar la gestión de activos. Sin respaldo del Congreso y de los reguladores, la crisis podría traducirse en recortes de servicios, cierres de oficinas y tarifas más altas.
