Venezuela alcanza el 5 de julio los 180 días del interinato de Delcy Rodríguez, momento en que la Asamblea Nacional debe resolver si declara la falta absoluta de Nicolás Maduro según los artículos 233 y 234 de la Constitución. La decisión implica convocar elecciones en 30 días o extender el gobierno interino, mientras el país enfrenta la reconstrucción tras los terremotos del 24 de junio.
Los sismos de 7,2 y 7,5 grados dejaron 2.645 muertos y más de 12.600 heridos, con 890 réplicas que siguen amenazando estructuras en La Guaira, Caracas y el norte del país. La emergencia humanitaria ha desplazado la atención política, pero la Constitución no prevé esta combinación de vacío de poder y catástrofe natural, lo que obliga a la Asamblea a equilibrar la estabilización inmediata con el mandato de definir la sucesión presidencial.
Estrategia estadounidense
Estados Unidos, bajo la administración Trump, respalda a Rodríguez y ha delineado tres fases: estabilización mediante control petrolero, recuperación económica con inversión extranjera y una transición política posterior. Esta hoja de ruta condiciona el flujo de crudo a decisiones internas, creando una presión externa que influye en el calendario constitucional sin fijar fecha electoral.
Riesgo de indefinición
La falta de claridad sobre si la ausencia de Maduro es temporal o absoluta mantiene abierta la disputa institucional. En un contexto de réplicas sísmicas y 31 países ofreciendo ayuda, cualquier retraso en la resolución de la Asamblea podría prolongar la incertidumbre y dificultar la canalización ordenada de recursos hacia la reconstrucción.
