El gobierno de Venezuela solicitó formalmente la liberación de activos congelados en el extranjero para destinarlos a la reconstrucción del país tras los terremotos del 24 de junio. El canciller Iván Gil presentó la petición durante una reunión virtual con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, donde enfatizó que los recursos bloqueados por sanciones deben destinarse a la recuperación de las zonas afectadas.
Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 impactaron principalmente el estado costero de La Guaira, donde se registró el mayor número de derrumbes y desplazados. Las autoridades actualizaron el balance de víctimas el martes, elevando la cifra de fallecidos a 3.685, mientras que los heridos superan los 17.000. Miles de personas permanecen sin vivienda y requieren asistencia inmediata en alimentación, salud y refugio temporal.
Contexto de las sanciones y la respuesta internacional
Gil denunció que las cuentas estatales se encuentran bloqueadas como consecuencia de medidas que considera ilegales. El funcionario propuso iniciar un plan coordinado de liberación de fondos que permita su uso exclusivo en obras de reconstrucción y atención a los damnificados. Esta solicitud se produce en un momento en que la comunidad internacional evalúa el alcance de la emergencia declarada en la zona cero.
El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, se encuentra actualmente en Venezuela para coordinar la respuesta de emergencia. Durante su visita confirmó que se requieren 296 millones de dólares para cubrir las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas durante los próximos seis meses. Fletcher señaló que existe un plan con plazos concretos y mecanismos de seguimiento para garantizar que la ayuda llegue a los afectados.
Impacto en La Guaira y necesidades inmediatas
La Guaira concentra la mayor parte de los daños estructurales, con decenas de edificios colapsados y amplias zonas sin servicios básicos. El gobierno ha establecido albergues temporales y distribuido suministros de emergencia, aunque las autoridades reconocen que la magnitud del desastre supera la capacidad de respuesta local sin apoyo adicional de recursos externos.
Los organismos humanitarios destacan que la falta de liquidez limita tanto la compra de materiales de construcción como la contratación de personal especializado. La liberación de activos permitiría acelerar procesos de licitación y pago a proveedores, según señalaron fuentes oficiales durante la reunión con OCHA.
Perspectivas de la reconstrucción
El Ejecutivo venezolano insiste en que la disponibilidad de fondos propios resulta esencial para financiar proyectos de mediano plazo, más allá de la ayuda humanitaria de corto plazo. La propuesta incluye mecanismos de verificación que permitan a los países que retienen los activos comprobar el destino final de los recursos.
Analistas independientes observan que la discusión sobre el desbloqueo de activos se inscribe en un debate más amplio sobre el acceso de Venezuela a sus reservas en el exterior. Hasta ahora, las conversaciones con organismos multilaterales se han centrado en la distribución de asistencia de emergencia, sin que se haya definido un cronograma para la liberación total de los fondos reclamados.
La reunión virtual con OCHA sirvió también para actualizar datos sobre la población desplazada y las necesidades de infraestructura crítica. Fletcher reiteró el compromiso de la ONU de mantener presencia en el terreno y de coordinar la llegada de equipos médicos y de evaluación estructural en las próximas semanas.
Las autoridades venezolanas han reiterado que cualquier mecanismo de liberación debe respetar la soberanía del país y evitar condicionamientos políticos. Mientras tanto, continúan las labores de remoción de escombros y el censo de viviendas afectadas en La Guaira y estados vecinos.
