El bloqueo de Eje Central Lázaro Cárdenas por integrantes de la comunidad mazahua y de la Organización Margarita García expuso una disputa que rebasa la asignación inmediata de unos cuantos lugares de venta. La diferencia entre los 30 espacios solicitados por cada gremio y los siete y cinco sitios ofrecidos por el Gobierno capitalino revela dos formas de entender el centro de la Ciudad de México: para las autoridades, una zona patrimonial y turística que debe conservar movilidad, seguridad y capacidad de disfrute colectivo; para los comerciantes, un territorio económico indispensable en una ciudad donde una parte importante de la población obtiene ingresos sin contrato, local fijo ni red de protección laboral.
La protesta ocurrió después de un operativo de reordenamiento encabezado por la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Ordenamiento de la Vía Pública, que redujo la presencia de puestos no autorizados en la Alameda Central y en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes. El momento no es menor. La zona recibe cada semana a miles de peatones, visitantes nacionales y turistas, y funciona como corredor entre el Metro, avenidas centrales, recintos culturales, hoteles, comercios establecidos y oficinas públicas. En ese espacio, cualquier puesto adicional no sólo representa una oportunidad de ingreso: también modifica flujos peatonales, zonas de acceso, condiciones de limpieza y percepción de seguridad.
Un parque histórico convertido en frontera económica
La Alameda Central no es una plaza comercial ordinaria. Su condición de jardín público histórico, su cercanía con Bellas Artes y su papel como postal urbana la colocan bajo una vigilancia política más intensa que la de otros puntos de venta popular. Las intervenciones de rehabilitación realizadas a lo largo de los años han perseguido una idea recurrente: recuperar el espacio para el paseo, el tránsito y la actividad cultural. Sin embargo, cada intento de liberar banquetas o explanadas ha chocado con una realidad persistente: el Centro Histórico concentra clientes, transporte y visibilidad, tres recursos que un vendedor ambulante difícilmente encuentra con la misma fuerza en una ubicación periférica.
Por eso la discusión no puede reducirse a la pregunta de cuántos puestos caben físicamente en un parque. La Alameda es atractiva porque concentra demanda. Un comerciante trasladado a un sitio de menor afluencia puede conservar, en el papel, una autorización para vender, pero perder una parte decisiva de sus ventas diarias. La experiencia de reubicaciones en corredores del Centro ha mostrado que la distancia de las rutas peatonales y la falta de clientela convierten algunos espacios asignados en soluciones frágiles. Para quien vive de ventas de bajo margen, pasar de un punto con flujo constante a otro con escaso tránsito puede significar que el permiso no alcance para sostener el gasto de transporte, mercancía y alimentación.
La presencia de vendedores de estampas de la Copa Mundial de la FIFA ilustra además cómo los ciclos comerciales agudizan la ocupación del espacio público. Productos ligados a eventos deportivos, temporadas escolares, festividades o vacaciones atraen vendedores temporales porque prometen una demanda rápida. El problema es que esa expansión suele coincidir con áreas de alta concentración peatonal y se suma a los puestos permanentes o semipermanentes. Sin reglas que distingan entre comercio temporal, ventas tradicionales y estructuras instaladas durante periodos prolongados, la autoridad enfrenta el incentivo de aplicar retiros generales, mientras los comerciantes perciben que se les trata como un bloque homogéneo.
La desigualdad detrás de la negociación
La comunidad mazahua tiene un peso particular en esta controversia. Para muchas familias indígenas que han migrado o se han asentado en la capital, el comercio en vía pública ha sido una vía de subsistencia frente a barreras de acceso al empleo formal: escolaridad interrumpida, discriminación, responsabilidades de cuidado, falta de documentos laborales o dificultad para competir en un mercado que exige horarios rígidos. Presentar el conflicto únicamente como una infracción administrativa invisibiliza esa dimensión. Pero asumir que esa vulnerabilidad autoriza una ocupación ilimitada tampoco resuelve el problema de fondo, pues el espacio compartido es limitado y su deterioro afecta de manera desproporcionada a quienes dependen de él para desplazarse.
El reclamo de “vivir al día” no es una fórmula retórica. Describe una economía en la que el ingreso depende de una jornada concreta y donde perder un punto de venta puede tener consecuencias inmediatas. Esa precariedad explica por qué un operativo de ordenamiento puede derivar en bloqueo vial: cuando los canales de negociación son percibidos como insuficientes o lentos, interrumpir una avenida se vuelve una herramienta para elevar el costo político de la inconformidad. A su vez, ese método traslada el impacto a usuarios del transporte, automovilistas, trabajadores y comercios cercanos, alimentando una reacción social que puede endurecer la postura institucional.
La Secretaría de Gobierno sostiene que mantendrá mesas de diálogo, pero ha dejado claro que la Alameda no puede albergar la cantidad solicitada. Esa afirmación es razonable desde la capacidad física del lugar; el desafío es convertirla en un criterio verificable. Si los gremios desconocen cómo se calculan los espacios disponibles, qué condiciones deben cumplir los solicitantes y por qué algunos grupos alcanzan acuerdos mientras otros no, la negociación queda expuesta a sospechas de discrecionalidad. La autoridad afirmó que otros comerciantes y dirigentes pudieron vender tras aceptar acuerdos. Precisamente por ello, transparentar los términos de esos acuerdos ayudaría a separar una política de ordenamiento de una simple administración coyuntural de presiones.
El riesgo de ordenar sin alternativas viables
Un retiro puede despejar momentáneamente una explanada, pero no elimina la necesidad económica que llevó a los vendedores a instalarse allí. Si no existen opciones de ubicación, apoyos transitorios o rutas claras de regularización, una parte del comercio puede desplazarse a calles laterales, accesos del Metro o zonas con menor supervisión. El resultado sería una dispersión del problema, no su solución. También puede aumentar la dependencia de intermediarios que controlan sitios, mercancías o cuotas, un riesgo conocido en mercados informales donde la escasez de espacios legales vuelve más valioso cualquier punto de venta.
La lección de otros procesos de recuperación urbana es que la infraestructura por sí sola no basta. Renovar plazas, instalar mobiliario o retirar puestos produce resultados duraderos únicamente si hay mantenimiento, vigilancia con reglas uniformes y alternativas económicas creíbles. En el caso de la Alameda, una estrategia eficaz tendría que distinguir entre quien vende de manera ocasional, quien pertenece a una organización con representación y quien ocupa de forma permanente una zona restringida. No todos generan el mismo impacto ni enfrentan las mismas condiciones laborales; tratarlos idénticamente facilita el operativo, pero debilita la legitimidad de la política pública.
También importa evitar que el reordenamiento produzca una competencia injusta entre comercio formal e informal. Los establecimientos establecidos pagan renta, servicios, impuestos y, en algunos casos, nómina; es comprensible que exijan banquetas transitables y reglas aplicables para todos. Sin embargo, la respuesta no puede consistir en expulsar sin más a vendedores que no tienen acceso inmediato a un local formal. El comercio popular forma parte del ecosistema económico del Centro y atrae a consumidores con presupuestos diversos. La tarea de gobierno consiste en impedir que esa actividad obstruya o degrade el espacio, sin convertir la formalización en una exigencia imposible para quienes parten de la precariedad.
Una prueba para la gobernanza del Centro
La disputa anticipa una tensión que probablemente crecerá conforme se acerquen eventos de alta afluencia, temporadas turísticas y actividades culturales masivas. El Mundial incrementará la demanda de mercancía alusiva y la presencia de visitantes en puntos emblemáticos; al mismo tiempo, elevará la presión para que la ciudad proyecte orden, accesibilidad y seguridad. Si la administración responde sólo con operativos, los conflictos pueden repetirse con cada temporada comercial. Si cede sin límites ante cada movilización, el mensaje para otros grupos será que bloquear una avenida es la vía más efectiva para ampliar territorios de venta.
La salida requiere acuerdos con límites claros: censos actualizados, padrones públicos con protección de datos personales, criterios de rotación cuando sea posible, reglas para comercio temporal y evaluación real de los sitios alternativos. Un espacio ofrecido debe medirse por su flujo peatonal, conectividad, seguridad y viabilidad comercial, no sólo por su existencia en un plano. En paralelo, las organizaciones tendrían que asumir corresponsabilidades sobre horarios, manejo de residuos, dimensiones de estructuras y respeto a zonas de evacuación, accesos culturales y áreas verdes. La negociación gana legitimidad cuando reconoce derechos, pero también obligaciones concretas.
Lo que está en juego no es únicamente la imagen de la Alameda Central ni el número final de permisos. Es la capacidad de la Ciudad de México para administrar un centro urbano donde patrimonio, turismo, movilidad, economía popular e identidad indígena conviven en pocos metros cuadrados. Una política que combine límites territoriales firmes con soluciones laborales verificables puede reducir la recurrencia de bloqueos y retiros. Una que ignore cualquiera de esos dos elementos mantendrá abierta una disputa que, cada vez que cambie la temporada o aumente la presión económica, volverá a ocupar las calles del centro.
