El concejal de Cali Juan Martín Bravo denunció la adjudicación de un contrato de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por $1.199.969.164 para financiar el Plan de Bienestar 2026 de sus funcionarios y familiares. El acuerdo, adjudicado el 25 de julio a Compensar y vigente hasta el 31 de diciembre, contempla actividades recreativas, deportivas, culturales y psicosociales.
Según los documentos divulgados por el cabildante y la auditoría ciudadana Busca Secop, el presupuesto incluye $331 millones para un encuentro institucional, $290 millones para vacaciones recreativas y $216 millones para boletas de cine con alimentación. También se asignaron recursos para torneos deportivos, caminatas ecológicas, talleres de cocina y manualidades, atletismo y actividades para los hijos de los servidores.
El foco de la controversia
La crítica no cuestiona únicamente el uso de recursos para el bienestar laboral, sino el contraste con las obligaciones misionales de una entidad creada para atender las consecuencias del conflicto armado. Bravo señaló que miles de víctimas aún esperan verdad, justicia y reparación, mientras la JEP destinó una suma millonaria a servicios de entretenimiento para su personal. La comparación plantea un debate sobre las prioridades presupuestales, aunque el contrato corresponda a gastos administrativos legalmente diferenciados.
El proceso se adelantó bajo un régimen especial y terminó con una sola oferta válida: la de Compensar, luego de invitar a varias cajas de compensación. La auditoría también llamó la atención sobre la intervención de funcionarios de Talento Humano en la certificación, el inicio y la supervisión del contrato, aspectos que podrían ser revisados para establecer si hubo competencia suficiente y controles adecuados.
El dinero todavía no ha sido ejecutado. El registro presupuestal prevé un único desembolso el 31 de diciembre de 2026, una condición que concentra el pago al cierre del contrato. Además, las pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil costaron $3,7 millones. La auditoría recordó que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas también contrató a Compensar para actividades de bienestar, un antecedente que amplía el debate sobre la contratación de servicios recreativos en entidades del sistema de justicia transicional.
