La persistencia del desabasto de medicamentos en las instituciones públicas de salud ya no puede evaluarse únicamente como una falla administrativa ni como una controversia sobre un modelo de compras. Los casi 13 mil reportes recibidos por el colectivo Cero Desabasto desde 2019 describen una presión sostenida sobre pacientes, familias, personal médico y finanzas públicas. Aunque los registros ciudadanos no sustituyen una auditoría integral de inventarios, su continuidad durante varios años indica que el problema no ha sido episódico y que las respuestas institucionales no han logrado cerrar la brecha entre la prescripción médica y la entrega efectiva.
La compra consolidada fue planteada como una vía para concentrar demanda, reducir precios, limitar prácticas de corrupción y ampliar la capacidad de negociación del Estado. En teoría, un sistema de este tipo puede producir ahorros relevantes, especialmente cuando adquiere medicamentos de alto volumen y especificaciones homogéneas. También puede generar mayor trazabilidad contractual si las licitaciones, entregas y penalizaciones son públicas y se monitorean de forma consistente. El riesgo aparece cuando la centralización avanza con una planeación insuficiente, proveedores limitados o capacidades logísticas desiguales: el ahorro obtenido al firmar un contrato puede diluirse si el medicamento no llega a la clínica donde se requiere.
Una cadena vulnerable desde la previsión
Los datos citados por Cero Desabasto colocan al IMSS ordinario como la institución con más reportes entre 2022 y 2026, seguido por IMSS-Bienestar e ISSSTE. Esa concentración debe leerse con cautela, pues el número de reportes puede reflejar tanto la magnitud de la población atendida como el acceso de los usuarios a canales de denuncia. Sin embargo, apunta a un problema sistémico: las fallas no dependen sólo de una unidad médica o de una entidad federativa, sino de una cadena que abarca estimación de demanda, definición de catálogos, compra, fabricación, almacenamiento, distribución y dispensación.
En esa cadena, un error temprano puede amplificarse. Si las proyecciones de consumo no incorporan cambios epidemiológicos, tratamientos nuevos, migración de pacientes entre instituciones o interrupciones previas, la compra puede quedar por debajo de la necesidad real. Si la adjudicación se retrasa, los laboratorios ajustan sus calendarios de producción y las entregas se concentran en plazos difíciles de administrar. Si el sistema de distribución no cuenta con información actualizada por unidad, puede haber existencias en una bodega regional mientras un hospital reporta faltantes. Para un paciente, la diferencia entre un retraso contractual y una receta no surtida desaparece: ambas situaciones significan la ausencia de tratamiento.
El costo sanitario no se limita a una consulta
Las consecuencias son particularmente graves en enfermedades crónicas, oncológicas, autoinmunes, infecciosas o de salud mental, donde la adherencia terapéutica condiciona el control clínico. La suspensión o sustitución improvisada de un medicamento puede provocar recaídas, complicaciones, mayor necesidad de urgencias y hospitalizaciones que suelen ser más costosas que el tratamiento oportuno. En algunos casos, el paciente consigue la medicina en el mercado privado; en otros, reduce dosis, alarga intervalos o abandona el tratamiento. Estas decisiones responden a restricciones económicas y no a criterios clínicos, por lo que trasladan el riesgo médico a los hogares.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2025, al señalar que cerca de la mitad de la población atiende necesidades de salud en el sector privado aun contando con afiliación institucional, sugiere una erosión práctica de la cobertura. La afiliación formal conserva valor para intervenciones de alta complejidad, hospitalización y atención especializada, pero pierde capacidad protectora cuando la consulta básica, los estudios o los medicamentos deben pagarse fuera del sistema. Para las personas sin seguridad social, la situación es aún más sensible: seis de cada diez recurren a consultorios privados y a farmacias para padecimientos del primer nivel, un segmento donde la atención pública debería ser más accesible y resolutiva.
La presión financiera profundiza las desigualdades
El aumento de hogares con gastos catastróficos en salud, documentado por México Evalúa con datos de la ENIGH 2024, permite dimensionar el problema más allá de los anaqueles vacíos. Pasar de 436 mil 783 hogares en 2018 a 1.11 millones en 2024 implica que una proporción creciente de familias destinó más de 30% de su capacidad de pago a atender necesidades médicas. No todo ese gasto puede atribuirse al desabasto, pues intervienen enfermedades, inflación, servicios privados y cambios demográficos. Aun así, la falta de medicamentos y de consulta oportuna es un factor que puede forzar desembolsos evitables y acelerar el endeudamiento.
El impacto es regresivo porque los hogares de menores ingresos tienen menos margen para absorber una receta inesperada. Una familia con recursos puede comprar el fármaco, solicitar una segunda opinión o trasladarse a otra unidad; una familia con ingresos precarios suele enfrentar la disyuntiva entre tratamiento, alimentación, transporte o renta. Esa diferencia convierte un problema de abastecimiento en un mecanismo de ampliación de desigualdades. También favorece la expansión de consultorios adyacentes a farmacias, que cubren una necesidad inmediata y legítima, pero no necesariamente garantizan continuidad clínica, historial integrado, referencia hospitalaria o seguimiento de enfermedades complejas.
Catálogos acotados y decisiones médicas
La discusión sobre la actualización de catálogos en IMSS-Bienestar muestra otro frente de incertidumbre. Un catálogo racionalizado puede ser útil si se basa en evidencia, garantiza alternativas terapéuticas equivalentes y se comunica con anticipación al personal sanitario. La estandarización puede reducir duplicidades, facilitar compras y evitar prescripciones sin respaldo clínico. También permite concentrar recursos en medicamentos esenciales y mejorar la gestión de existencias si cada unidad conoce con claridad qué productos puede solicitar.
El peligro surge cuando la restricción informática o administrativa se adelanta a la disponibilidad real de opciones terapéuticas. Impedir la receta de un medicamento no incluido en el inventario local puede reducir registros de demanda insatisfecha sin resolver la necesidad médica. Los profesionales podrían verse obligados a elegir tratamientos menos adecuados, retrasar decisiones o enviar al paciente a otra institución. Por ello, la calidad de una actualización no debe medirse únicamente por la reducción de claves o por el orden presupuestal, sino por indicadores de surtimiento completo, resultados clínicos, tiempos de espera, referencias y quejas de usuarios.
La coordinación define el alcance de la respuesta
La transición hacia IMSS-Bienestar ha abierto la posibilidad de unificar servicios para población sin seguridad social y de disminuir diferencias entre entidades. Esa meta puede fortalecer la compra pública, el intercambio de información y el acceso territorial si se acompaña de reglas claras de responsabilidad. Sin embargo, la coexistencia de facultades federales y estatales introduce riesgos de fragmentación: una autoridad puede comprar, otra almacenar, una tercera distribuir y una cuarta atender el reclamo del paciente. Cuando no existe una trazabilidad operativa compartida, la rendición de cuentas se vuelve difusa y los faltantes se atribuyen mutuamente entre niveles de gobierno.
La solución requiere información verificable y accesible, no sólo anuncios de compra o cifras agregadas de piezas distribuidas. Un tablero público con inventarios por unidad, recetas surtidas de forma completa, claves faltantes, tiempos de reposición y causas de incumplimiento permitiría identificar dónde se rompe la cadena. Esos datos también ayudarían a distinguir entre un desabasto nacional, una falla de distribución local, una demanda no prevista o un medicamento con problemas de producción. La transparencia no elimina por sí misma la escasez, pero reduce el margen para que las cifras de compra sustituyan la evaluación del servicio recibido.
El reto de recuperar confianza sin ocultar fallas
La continuidad del desabasto puede deteriorar la confianza en el sistema público, incluso cuando existan avances en infraestructura, contratación de personal o ampliación de cobertura. La confianza sanitaria se construye en actos repetidos: que el paciente obtenga su medicamento, entienda cuándo volver, encuentre un expediente clínico disponible y reciba respuesta ante una falla. Cuando esas condiciones no se cumplen, crece el uso del sector privado y se debilita la función financiera de la salud pública. Con el tiempo, esa dinámica puede elevar la demanda de atención hospitalaria tardía y hacer más difícil recuperar a pacientes que abandonaron sus tratamientos.
El desafío inmediato consiste en evitar que la centralización se evalúe por su diseño y no por sus resultados. Una política de compras puede ser técnicamente defendible, pero necesita mecanismos de contingencia, proveedores con capacidad comprobada, inventarios de seguridad para fármacos críticos y participación de médicos, pacientes y autoridades locales en la detección de fallas. La prioridad no debería ser defender o desechar un modelo por razones políticas, sino demostrar, con evidencia clínica y logística, que cada cambio reduce interrupciones terapéuticas. Mientras esa comprobación no llegue a las unidades médicas, el desabasto seguirá siendo una fuente de riesgo sanitario, empobrecimiento y desigualdad.
