El aumento de la cartera vencida del crédito al consumo en México merece atención porque ocurre en un momento económico muy distinto al de la pandemia, pero con una señal comparable en magnitud. Al cierre del primer semestre, los créditos impagados en este segmento sumaron 66 mil 355 millones de pesos, el nivel más alto desde 2020. La cifra, por sí sola, no prueba que el sistema financiero enfrente una crisis inminente. Sí revela, sin embargo, que una proporción creciente de hogares está teniendo dificultades para cumplir con obligaciones asumidas cuando el empleo, el ingreso y la actividad económica parecían ofrecer una mayor capacidad de pago.
La relevancia del dato está en su velocidad. Una cartera vencida que crece cerca de 20 por ciento anual no es únicamente una estadística bancaria: puede anticipar ajustes en el gasto cotidiano de las familias, mayor cautela en la colocación de préstamos y una desaceleración adicional en sectores que dependen del consumo interno. En una economía donde la demanda de los hogares ha sostenido buena parte de la actividad, el deterioro de la calidad del crédito puede convertirse en un factor que retroalimente la debilidad económica.
Una alerta distinta a la de 2020
La comparación con los primeros meses de la emergencia sanitaria exige matices. Durante la pandemia, el repunte de atrasos estuvo asociado a un choque extraordinario: cierres de actividades, pérdida abrupta de empleos y programas de diferimiento que modificaron temporalmente la lectura de la morosidad. Además, las instituciones financieras utilizaron colchones de capital y medidas regulatorias diseñadas para absorber un evento excepcional. El escenario actual no tiene esa misma causa única ni esos apoyos masivos; el problema es más gradual y, por eso, podría permanecer más tiempo si los ingresos familiares no recuperan dinamismo.
La experiencia previa a la crisis global de 2008 también ofrece una referencia útil, aunque el mercado mexicano actual es más robusto. Entonces, la expansión agresiva de tarjetas de crédito y la insuficiente evaluación de los clientes llevaron a una cartera deteriorada y a cambios regulatorios relevantes, entre ellos la redefinición de los pagos mínimos. El objetivo fue evitar que el usuario cubriera intereses durante años sin reducir de manera significativa el principal de su deuda. Ese ajuste elevó la transparencia, pero no elimina el riesgo de que una familia con ingresos presionados recurra al crédito rotativo para financiar gastos corrientes.
Cuando la tarjeta sustituye al ingreso
El crédito al consumo cumple una función económica positiva cuando ayuda a distribuir gastos previsibles, enfrentar una emergencia acotada o construir historial financiero. Para millones de personas, una tarjeta bien utilizada es además la puerta de entrada a financiamientos para automóvil, vivienda o actividad empresarial. El problema aparece cuando la deuda deja de complementar el ingreso y comienza a sustituirlo. En ese punto, la tarjeta puede financiar el consumo presente, pero compromete una parte creciente del ingreso futuro mediante intereses, comisiones y pagos mínimos.
Las tarjetas concentran buena parte del deterioro porque combinan facilidad de uso, disponibilidad inmediata y tasas generalmente superiores a las de otros créditos. Si el empleo formal crece menos, los salarios reales pierden impulso o aumentan gastos inevitables como vivienda, transporte, educación y salud, los hogares tienden a recortar primero compras discrecionales. Cuando ese ajuste ya no alcanza, crece la probabilidad de utilizar líneas revolventes para cubrir necesidades básicas. Esa decisión puede resolver una tensión de corto plazo, pero eleva la vulnerabilidad de la familia frente a una enfermedad, una reducción de horas laborales o una pérdida temporal del empleo.
El riesgo no se distribuye de forma homogénea. Los hogares de menores ingresos, los trabajadores con ingresos variables y quienes tienen varios créditos activos suelen contar con menor margen para absorber un aumento de costos o una caída de ingresos. También hay un desafío para las personas que accedieron recientemente al sistema financiero: una primera experiencia de morosidad puede afectar su historial y encarecer o cerrar el acceso a financiamiento formal en el futuro. Esto puede empujar a algunos usuarios hacia mecanismos informales, menos transparentes y con condiciones más onerosas.
La banca tiene defensas, no inmunidad
La fortaleza del sistema bancario reduce la probabilidad de que el aumento actual de morosidad se transforme automáticamente en un problema sistémico. Los bancos operan con mayor capitalización, mejores herramientas de análisis de datos y reglas de originación más estrictas que hace casi dos décadas. La regulación posterior a la crisis financiera internacional mejoró los incentivos para reconocer riesgos, constituir reservas y evitar expansiones de crédito basadas únicamente en la búsqueda de participación de mercado.
Estas defensas son importantes, pero no reemplazan la solvencia de los acreditados. Los modelos de riesgo pueden identificar patrones de pago, estimar probabilidades de incumplimiento y segmentar clientes; no pueden restaurar el poder adquisitivo de una familia ni crear empleo de mayor calidad. Si la economía mexicana mantiene un crecimiento débil durante varios trimestres, la mora podría extenderse de los segmentos más vulnerables a clientes que hoy conservan un historial sano, pero enfrentan gastos acumulados o menor estabilidad laboral.
Para los bancos, el primer impacto será una mayor necesidad de reservas y un posible endurecimiento de los criterios de crédito. Esa respuesta protege los balances, aunque puede tener un efecto secundario: reducir la disponibilidad de financiamiento precisamente cuando familias y pequeños negocios necesitan liquidez. Un ajuste demasiado generalizado castigaría a clientes solventes y limitaría el consumo; una respuesta demasiado laxa prolongaría el deterioro. El reto consiste en distinguir entre deudores con un problema temporal y aquellos cuya carga financiera ya resulta estructuralmente insostenible.
Refinanciar puede aliviar o prolongar el problema
Un nuevo ciclo de refinanciamientos es una posibilidad si la desaceleración se prolonga. Reestructurar una deuda puede reducir la mensualidad, ordenar varios adeudos en un solo crédito y evitar que un atraso aislado destruya la relación entre cliente e institución. Bien diseñado, este mecanismo permite preservar la capacidad de pago y reduce las pérdidas para ambas partes. También puede evitar que el usuario caiga en opciones de financiamiento más caras o en esquemas informales sin protección efectiva.
Pero refinanciar no equivale necesariamente a resolver. Si sólo se alarga el plazo sin corregir una deuda que excede la capacidad real del hogar, el alivio inicial puede convertirse en un costo total mayor. La transparencia debe ser central: los usuarios necesitan conocer la tasa, el plazo, el costo total, las consecuencias de dejar de pagar y la diferencia entre una consolidación de deuda y un pago mínimo recurrente. La educación financiera resulta más útil cuando se vincula con productos comprensibles y con obligaciones que puedan pagarse sin sacrificar necesidades esenciales.
Un mercado de valores más abierto, todavía desigual
El entorno financiero también presenta una señal de avance en el mercado de valores. Ocho años después de su entrada, BIVA ha canalizado financiamiento relevante mediante emisiones de deuda, capital, instrumentos estructurados y fibras. La existencia de una segunda bolsa ha contribuido a introducir presión competitiva en una industria que durante décadas operó bajo el predominio de un solo participante. Menores costos, mayor uso de tecnología y alternativas de listado pueden ampliar las opciones de empresas e inversionistas.
No obstante, la competencia institucional no garantiza por sí misma un mercado profundo. La participación de BIVA cercana a una quinta parte del importe negociado es significativa, pero todavía refleja una estructura concentrada. El mayor desafío no es sólo repartir las operaciones entre dos plataformas, sino aumentar el número de empresas que se financian públicamente y elevar la liquidez de las emisoras existentes. Para las pequeñas y medianas empresas, una reforma legal que simplifique el acceso al mercado podría abrir oportunidades, pero también requerirá estándares adecuados de gobierno corporativo, información financiera y protección para inversionistas.
Un mercado bursátil más amplio podría reducir la dependencia empresarial del crédito bancario y ofrecer canales de financiamiento de largo plazo. Sin embargo, ese beneficio será limitado si las empresas perciben que los costos de cumplimiento, la baja liquidez o la volatilidad superan las ventajas de cotizar. La profundidad financiera exige confianza sostenida, reglas predecibles y una base más diversa de inversionistas, no únicamente la coexistencia de dos centros de negociación.
Consumo moderado y confianza de marca
Los cambios en el mercado de bebidas alcohólicas muestran otra dimensión de la transformación del consumo. La Generación Z alcanza niveles de participación semejantes a los de otros adultos, pero consume con criterios distintos: menos bebidas por ocasión, mayor atención a calorías, graduación alcohólica, ingredientes y bienestar. Para la industria cervecera, esta evolución abre espacio para productos sin alcohol, de baja graduación y de mayor valor agregado. También obliga a restaurantes, bares y estadios a adaptar su oferta a preferencias que ya no consideran indispensable el alcohol en toda ocasión social.
La oportunidad comercial convive con una incertidumbre clara. La moderación puede limitar el crecimiento por volumen de productores y distribuidores, aun si mejora el valor promedio por producto. Las empresas deberán evitar interpretar la tendencia sólo como una oportunidad de mercadotecnia: la credibilidad depende de información clara, calidad consistente y comunicación responsable. La preferencia por marcas conocidas puede favorecer a grandes grupos con capacidad de distribución, pero deja a marcas emergentes ante el reto de ganar confianza en un mercado con consumidores más selectivos.
La comunicación también administra riesgos
En un contexto de mayor cautela financiera, competencia de mercado y consumidores más exigentes, la comunicación se convierte en una herramienta de gestión de riesgos. Para instituciones financieras, explicar con claridad el costo y las alternativas de una deuda puede prevenir decisiones dañinas y conflictos reputacionales. Para empresas, una comunicación consistente sobre productos, precios y condiciones fortalece la confianza. Para el Estado, la precisión de los mensajes económicos y diplomáticos puede influir en expectativas de inversión, estabilidad y cooperación internacional.
La señal de la cartera vencida no exige alarmismo, pero tampoco admite indiferencia. La evolución de la morosidad, el empleo formal, los salarios reales y el uso de pagos mínimos deberá observarse en conjunto durante los próximos meses. La combinación de crédito responsable, refinanciamientos transparentes, supervisión prudencial y crecimiento económico más incluyente determinará si el foco amarillo se apaga gradualmente o si la presión sobre los hogares termina afectando con mayor fuerza al consumo, la banca y las oportunidades financieras futuras.
