El Tribunal Superior de Londres desestimó las demandas presentadas por el príncipe Harry, Elton John y otras cinco figuras públicas contra Associated Newspapers, empresa editora del Daily Mail, The Mail on Sunday y MailOnline. El fallo obliga a los siete demandantes a realizar un pago provisional conjunto de más de 9,5 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 11 millones de euros o 13 millones de dólares, en concepto de costas judiciales.
La primera cantidad deberá abonarse antes del 28 de agosto, mientras que los demandantes disponen hasta el 2 de octubre para solicitar autorización para apelar la decisión. El importe definitivo podría aumentar, ya que Associated Newspapers afirma haber gastado 34,5 millones de libras en su defensa. La cobertura contratada por los demandantes tiene un límite de 16,2 millones de libras, por lo que cualquier cantidad que exceda esa póliza podría quedar a cargo de los afectados.
El tribunal no encontró pruebas suficientes
El juicio se prolongó durante 11 semanas e incluyó 46 días de audiencias. En su resolución, el juez Matthew Nicklin rechazó la totalidad de las acusaciones al considerar que se apoyaban en afirmaciones “especulativas” y “conjeturas” que no estaban respaldadas por pruebas concretas.
Los demandantes sostenían que periodistas o colaboradores de los tabloides habían empleado métodos ilícitos para obtener información privada. Entre las prácticas denunciadas figuraban la interceptación de mensajes de voz, la escucha ilegal de llamadas telefónicas, el uso de investigadores privados y el acceso mediante engaños a registros médicos y financieros.
El magistrado señaló que no era posible dar por demostrada una conducta ilegal cuando existían explicaciones legales y realistas sobre la forma en que los periódicos pudieron obtener la información. Ese criterio fue determinante para el resultado del caso: la existencia de artículos basados en datos privados no bastaba, por sí sola, para probar que esos datos hubieran sido obtenidos mediante interceptaciones, engaños o vigilancia clandestina.
El testimonio que debilitó la estrategia legal
Uno de los elementos centrales de la demanda era el testimonio del investigador privado Gavin Burrows. Su declaración había sido presentada como un respaldo a la tesis de que Associated Newspapers recurrió durante años a prácticas ilegales para obtener información sobre personas famosas y figuras públicas.
Sin embargo, Burrows retiró posteriormente su colaboración y compareció ante el tribunal para negar la supuesta confesión que se le atribuía. Durante el juicio afirmó que ese material era “un montón de mentiras” redactadas por otras personas y sostuvo incluso que su firma había sido falsificada. La retirada de ese testimonio dejó a los demandantes con una base probatoria considerablemente más limitada en varios de los puntos controvertidos.
El juez aclaró que no consideraba deshonestos al príncipe Harry ni a los demás demandantes. No obstante, describió su actuación como “irrazonable en un grado elevado”. Su crítica se dirigió especialmente a la presentación y defensa pública de acusaciones graves sin contar con una base probatoria suficiente, así como a la decisión de mantener alegaciones que, según el desarrollo del proceso, ya no podían respaldarse adecuadamente.
Una demanda conjunta iniciada en 2022
Las acciones legales fueron iniciadas conjuntamente en marzo de 2022. Los siete demandantes acusaron a la editorial de haber vulnerado de forma sistemática su privacidad mediante prácticas desarrolladas entre 1993 y 2018. El litigio se refería a información publicada en cerca de 50 artículos de los periódicos y plataformas digitales del grupo.
Además del príncipe Harry, duque de Sussex, y del músico Elton John, participaron David Furnish, cineasta y esposo del cantante; la actriz Elizabeth “Liz” Hurley; la actriz Sadie Frost; la baronesa Doreen Lawrence, activista contra el racismo y madre de Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en 1993; y Simon Hughes, político y antiguo dirigente de los Liberal Demócratas.
El caso reunía perfiles muy distintos, pero todos planteaban una cuestión común: si la publicación de determinados datos privados podía atribuirse a métodos ilegales utilizados por periodistas o investigadores vinculados con Associated Newspapers. La decisión del tribunal establece que, en este proceso concreto, los demandantes no alcanzaron el nivel de prueba necesario para demostrarlo.
Costas, apelación y alcance del fallo
La resolución no implica que el tribunal haya declarado lícitas todas las prácticas de obtención de información empleadas históricamente por la prensa británica. Su alcance se limita a las acusaciones y pruebas examinadas en este litigio. El juez determinó que las explicaciones alternativas ofrecidas por la editorial no habían sido refutadas de manera suficiente y que los demandantes no podían convertir sospechas o coincidencias en conclusiones jurídicas firmes.
La disputa también tiene una dimensión económica relevante. Associated Newspapers busca recuperar una parte sustancial del costo de la defensa, mientras que los demandantes deberán afrontar inicialmente un desembolso superior a 9,5 millones de libras. La diferencia entre el gasto reclamado por la empresa y el límite de la póliza de seguros podría convertirse en un nuevo foco de controversia durante la evaluación definitiva de las costas.
Para el príncipe Harry, el fallo supone un revés en su prolongado enfrentamiento con sectores de la prensa sensacionalista británica, a los que ha acusado públicamente de invadir su vida privada. La decisión, sin embargo, todavía puede ser revisada mediante un recurso, siempre que los demandantes obtengan autorización para apelar dentro del plazo establecido por el tribunal.
