El Cabildo de Mérida aprobó por unanimidad el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, instrumento que regulará el crecimiento de la capital y sus comisarías hasta 2050. El documento divide el territorio en 14 zonas con vocaciones específicas y establece dónde podrá desarrollarse vivienda, actividad económica e infraestructura, así como las áreas que deberán protegerse.
La aprobación ocurre después de un proceso de consulta con habitantes de colonias y comisarías, especialistas, cámaras, colegios y dependencias de los gobiernos municipal y estatal. El programa incorpora criterios de protección ambiental, reconocimiento del valor histórico de los pueblos originarios y aprovechamiento de la infraestructura existente. Su siguiente paso será la publicación en la Gaceta Municipal para que entre en vigor.
Una regla común para una ciudad desigual
La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada sostuvo que el programa busca ordenar el crecimiento y avanzar hacia una mayor justicia social. La clave estará en convertir sus disposiciones generales en planes parciales capaces de responder a las diferencias entre el sur, el oriente, el poniente, las comisarías y las zonas de expansión urbana. Ya se trabaja en cuatro de esos instrumentos con el Infonavit.
El PDU también será integrado al visor urbano, una herramienta que permitirá consultar el uso previsto para cada predio antes de comprar, construir o abrir un negocio. Esa transparencia puede reducir la incertidumbre para ciudadanos e inversionistas, aunque su eficacia dependerá de que la información se mantenga actualizada y de que las decisiones municipales respeten las reglas aprobadas.
Durante la sesión, el regidor Diego Carrera Pérez advirtió que el programa supera las 800 páginas y que no era posible revisarlo exhaustivamente en 24 horas. Aunque votó a favor, pidió que las observaciones ciudadanas y del propio Cabildo se incorporen conforme a la ley, sin esperar una nueva actualización integral.
Recursos estatales por 55 millones
El Cabildo autorizó además dos convenios con el Gobierno de Yucatán. Uno permitirá coordinar recursos y proyectos para mejorar la capacidad operativa municipal, adquirir maquinaria especializada, impulsar un centro de innovación y fortalecer la gestión de residuos sólidos. El segundo contempla transferir hasta 55 millones de pesos, sujeto a disponibilidad presupuestaria, para proyectos municipales y la regularización de adeudos fiscales federales.
